Las trampas jurídicas para el poder ciudadano

Jorge Mario Rodríguez Martínez

En su Crítica de la razón jurídica, el jurista español Alejandro Nieto afirma que “la ‘maldad’ humana no suele actuar al descubierto sino que gusta de enmascararse con protecciones religiosas y jurídicas”. No sorprende, por tanto, la extraña fascinación que, sienten los sectores conservadores por la ley y la institucionalidad, siempre y cuando estas se limiten solo a las formas y las reglas, aun abandonado el espíritu y los valores. La razón consiste en que el derecho, como sistema normativo encaminado a regular al poder legítimo, puede convertirse en un mero mecanismo de control.

Esta reflexión nos dirige a los posibles usos del derecho como un instrumento de represión y criminalización de la protesta social, e incluso, del mismo poder constituyente originario. Estos usos se ubican en los vacíos de poder de un orden social en el que los derechos fundamentales han sido destruidos por el virus de la corrupción que permea todo el tejido social. Una sociedad así suele estar coronada por un Estado fallido y violento.

En este contexto puede analizarse la retención de manifestantes realizada por la Policía Nacional Civil hace unos días. Con razones de peso, la ciudadanía duda de las razones esgrimidas para la desproporcionada exhibición de fuerza de los miembros de esta institución. Esta acción refleja la vocación estatal por el miedo, opción preferida de los gobiernos asesinos, de los que Otto Pérez Molina no desconoce su funcionamiento. El miedo es poderoso hasta el punto que el mismo Montesquieu llegó a afirmar que su mayor temor era sentir miedo.

La única manera de contrarrestar el miedo es ejerciendo de manera vigorosa la libertad, no la de los neoliberales (pura no-interferencia), sino la participativa, la necesaria para alcanzar la autonomía social que requiere la tarea de construir un futuro digno en un contexto global sombrío. La protesta, la resistencia y la desobediencia civil son legados de la Declaración de los Derechos Humanos. Siguiendo a Eugenio Raúl Zaffaroni, sabemos que el ejercicio racional de un derecho reconocido no constituye un ilícito.

Estos cambios, desde luego, son vistos con recelo no solo por el Gobierno sino también por sectores sociales poderosos, entre ellos, los que han invertido demasiado en su apuesta por la captura del Estado. Estos grupos saben que una de las maneras de bloquear la articulación política del actual proceso ciudadano consiste en el uso abusivo de las instituciones –las mismas que estos han violado desde siempre. Así, el Estado y los grupos fácticos plantean la criminalización del poder ciudadano, asegurando una pizca de consenso a través de medios de comunicación que disfrazan de opinión pública los más crudos intereses. La reciente manipulación de información que realizó Republicagt planteó respecto al movimiento #HAGAMONOSELPARO es muestra de ello.

En esta pugna por el control del Estado corrupto, deben ubicarse las demandas frívolas contra el rector de la Universidad de San Carlos y el director del IPNUSAC, Edgar Gutiérrez. La demanda en mención acude a términos como sedición, conspiración y rebelión, los cuales generan un desagradable deja vú en la conciencia ciudadana.

Dichas demandas no proceden porque la Constitución dota a la Universidad de San Carlos de Guatemala de facultades para proponer iniciativas de ley, y estudiar y resolver los problemas nacionales. En un ejercicio de responsabilidad política, la Usac ha creado una Plataforma para la Reforma del Estado que, usando mecanismos institucionales que todavía poseen un adecuado nivel de eficacia, pueden ayudar a sortear una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles.

La ambición política que motiva estos recursos buscar plantear estrategias para “ganar” tiempo, de manera que las demandas ciudadanas no se concreticen políticamente. Son medidas desesperadas que denotan una preocupante lectura del poder ciudadano. Algunos candidatos no reparan en que su actitud de confrontación disminuye su caudal de votos de manera apresurada, y que en todo caso al ganar, su legitimidad será muy exigua, tanto que no aguantará un repentino temporal de la indignación ciudadana, la cual difícilmente vuelva a dormirse de manera tan profunda por tanto tiempo.

La ciudadanía debe impedir que prosperen estos recursos maliciosos. Se requiere, además, el ejercicio de las virtudes ciudadanas por parte de aquellos que trabajan en el sistema jurídico y administrativo. El buen juez o jueza, por ejemplo, sabe que su trabajo se rige por la Constitución, y en esta dirección, más a su espíritu y valores que a su letra. La labor del juez tiene dimensiones morales innegables.

La solución a la crisis institucional que vivimos solo puede ser política, en el sentido auténtico del término. La ciudadanía busca un orden social justo y digno que permita enfrentar los desafíos del futuro. Estos son tan cruciales que la ciudadanía permanecerá activa por un tiempo incalculable, marcando el ritmo de la refundación de la sociedad, inventando nuevas actividades, planteando mapas políticos pertinentes y factibles. ¿Y por qué vamos a permitir que criminalicen a nuestra Usac, al rector Carlos Alvarado Cerezo, a Edgar Gutiérrez, a Jose Rubén Zamora y a tantos ciudadanos por ponerse a la altura de los tiempos? ¿Dejaremos que intereses ilegítimos engullan el futuro de nuestros hijos?