La DGAC
arrenda área del aeropuerto a exadministrador de Gustavo Herrera
Ciro Enrique Ordóñez Levy, exrepresentante legal de
Helechos del Monte y gerente de Arrinco, construye nueva sala de espera
del aeropuerto que arrendará 15 años.
La obra gris de la nueva sala de espera 13 Baktun ya está terminada, solo
faltan los acabados finales y la instalación del techo.
Dos albañiles preparan la mezcla para pegar los
últimos blocks de la Sala 13 Baktun, que será la nueva sala de espera y
recepción de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, que entrará en
operación en mayo próximo.
La obra figura en los planes de modernización de la
terminal aérea, que maneja la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)
desde hace más de diez años; sin embargo, la falta de fondos era un obstáculo
para construirla hasta que Ciro Enrique Ordóñez Levy solicitó al actual
gobierno arrendar un área de 2 mil 800 metros cuadrados contigua a La Aurora,
para desarrollar el proyecto.
Ordóñez Levy, propietario de la empresa individual
Acero+Concreto, se acercó en 2012 a la DGAC para iniciar las negociaciones con
el interventor Armando Asturias; sin embargo, los cambios en la dirección de
dicha entidad retrasaron el inicio del proyecto.
Fue hasta noviembre pasado que asumió Jair Samayoa
como interventor de la DGAC, quien autorizó el arrendamiento. Ordónez Levy se
comprometió a invertir Q22 millones en la obra y al final de los 15 años del
contrato el inmueble pasará a ser propiedad de la DGAC.
Contrato por 15 años
De acuerdo con el contrato de arrendamiento suscrito
entre la DGAC y Ciro Ordóñez Levy, el 6 de enero pasado, se le entregó un
área de 2 mil 800 metros cuadrados anexa a la terminal La Aurora, por un plazo
de 15 años (vence el 31 de enero de 2029), para construir y operar la sala de
espera de pasajeros. Pagará una renta de Q3.50 más IVA (Q3.92) por metro
cuadrado, un total de Q10 mil 976 mensuales.
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Plano. Así lucirá
la nueva sala de espera de pasajeros del aeropuerto La Aurora cuando esté
concluida en mayo próximo.
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La nueva sala contará con 28 locales que serán
arrendados por bancos, cafeterías y cadenas de comida rápida, quienes pagarán
una reserva de US$70 mil (derecho de piso) , un aporte monetario o en especie
para construir la sala, asi como una renta mensual en dólares por metro
cuadrado.
Facilitan el proyecto
El proyecto de la Sala 13 Baktun contó con el apoyo de
varias entidades del gobierno.
El jueves 18 de julio de 2013, Ingeniería OX y
Acero+Concreto presentaron el Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que lo aprobó ocho días después como un
Estudio de Actividad de Inversión Pública (EAI) Diseño Conceptual. El estudio
lleva el logo del Gobierno y de la DGAC en su portada, y se presentó como un
proyecto de cooperación entre Gobierno y sector privado.
Además, el Instituto de Antropología e Historia
(IDAEH) del Ministerio de Cultura y Deportes le otorgó su aval de inmediato.
De acuerdo con Mario Tello, encargado de obra, los
trabajos de construcción arrancaron el 13 de octubre de 2013, aún sin estar
autorizado por la DGAC y haber suscrito el contrato de arrendamiento.
“Única empresa interesada”
Aunque el Artículo 12 del Reglamento Tarifario de los
Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado
(Acuerdo Gubernativo 939-2002) contempla que la DGAC puede invitar a varias
personas o empresas de reconocido prestigio nacional y/o internacional para ser
arrendatarias de estas áreas, Samayoa afirmó que Acero+Concreto fue la única
empresa que lo solicitó y cumplió con todos los requisitos, por los que se le
autorizó.
Acero+Concreto es una empresa de reciente creación;
fue inscrita por Ordóñez Levy en el Registro Mercantil, el 21 de marzo de
2013. Cuestionado sobre la falta de experiencia de la empresa, Samayoa
argumentó que Ordóñez Levy presentó un proyecto que vieron bien y cumplió con
todos los requisitos para poder arrendar el área.
Samayoa defendió el proyecto, ya que permitirá
brindar una mejor atención a las familias que acuden al aeropuerto a recibir a
sus pasajeros, y mejorará la seguridad en los vuelos locales. “Esto no es una
concesión, sino un arrendamiento de un área anexa al aeropuerto como cualquier
hangar, y al final de los 15 años de contrato esta infraestructura pasará a ser
de la DGAC”, agregó.
Sobre el bajo pago que efectuará la empresa
Acero+Concreto a la DGAC (Q3.92 por metro cuadrado o Q10 mil 976 mensuales),
Samayoa señaló que es similar a lo que pagan los hangares, pero agregó que
evalúan actualizar el reglamento tarifario y podrían elevar el pago hasta Q100
por metro cuadrado cuando la sala entre en operación.
Relación con Herrera y arrinco
La trayectoría empresarial de Ordóñez Levy lo vincula
con las empresas Helechos del Monte, S. A., propiedad de Gustavo Adolfo Herrera
Castillo, señalado de ser el autor intelectual de la estafa de Q238 millones al
Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y con Arrinco, que fue
propiedad de los hermanos Salán Sánchez, sindicados en dicha estafa.
En febrero de 2006, Ordóñez Levy fue nombrado
Administrador Único y representante legal de Helechos del Monte, nombramiento
que le fue renovado en 2009 por un plazo de tres años, según el Registro
Mercantil. En 2009 fue reemplazado por Marco Danilo Rojas Morales,
representante de Distribuidora de Quimícos Agrícolas, S. A. (Quimagro) que
dirige Gustavo Adolfo Herrera Acevedo, hijo de Herrera Castillo.
Helechos del Monte, S. A. es una exportadora de hoja
de cuero (leather leaf), fundada por Herrera en
noviembre de 1996, de la cual fue presidente.
Dentro del expediente del IGSS contra Gustavo Herrera
y su red de colaboradores figura el nombre de Ciro Enrique Ordóñez Levy con
varias demandas, el Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de
dinero, abuso de autoridad y el de incumplimiento de deberes.
En mayo de 2012, Ordóñez Levy fue nombrado gerente
general de la empresa constructora Arriola Ingenieros Contratistas, S. A.
(Arrinco).
Arrinco fue fundada en enero de 2000 por los
ingenieros Mario Antonio Arriola Cuc y Walter Silvino Herrera Orozco; este
último fue representante de Constructora Guzmán, S. A. y Proyectos de Obra
Civil, S. A. (POC), ambas empresas fueron propiedad del coronel Jacobo Salán
Sánchez y sus hermanos.
Arrinco estuvo involucrada en la estafa del IGSS, ya
que recibió Q11 millones para urbanizar una de las fincas adquiridas, pero
nunca realizó los trabajos, por ello a su representante, Walter Silvino Herrera
Orozco, le fue girada orden de captura. Arrinco está inhabilitada para
participar en obras públicas en Guatecompras, desde agosto de 2009, debido a un
adeudo tributario.
Jacobo Salán, exjefe de seguridad del presidente Alfonso
Portillo, fue capturado en 2010 por el desvío de Q120 millones del Ministerio
de la Defensa.
“No lo conozco”
Consultado sobre sus vínculos con Gustavo Herrera,
Ordóñez Levy aseguró que no lo conoce.
“Mi relación con Helechos del Monte fue porque era
vecina a una finca que tenía en Cobán y compré una participación en esa
empresa, pero la vendí hace años. Nunca conocí a ese señor (Herrera)”, afirmó
Ordóñez Levy.
Sobre su mandato en Arrinco, señaló que fue contratado
por un ingeniero para tratar de levantar dicha empresa y que ignoraba su
historial. “Yo he sido consultor de varias empresas, pero ese es un asunto
personal, lo que puedo decir es que Acero+Concreto es mi empresa y no tengo
ningún socio”, señaló.
Cuestionado del porqué no investigaron estas
relaciones empresariales de Ordóñez Levy antes de otorgarle el arrendamiento
del área, Samayoa afirmó que ellos no son ente investigador.
¿la Contraloría investiga?
Al conocerce que la DGAC arrendó el área del
aeropuerto a Acero+Concreto, la Contraloría General de Cuentas anunció en
febrero pasado que realizaría una auditoría. elPeriódico intentó entrevistar a la
contralora Nora Segura, para conocer los avances de dicha investigación,
pero no atendió la solicitud.
Ordóñez Levy -camisa blanca- muestra la obra al presidente Otto Pérez,
Alejandro Sinibaldi y Mauricio López, en febrero.
El cerebro de la estafa del IGSS
1999. En una vieja casona en Cobán, Alta
Verapaz, Gustavo Adolfo Herrera Castillo invita a comer a Alfonso Portillo,
Francisco Reyes, Zury Ríos, Carlos Wohlers, y otras figuras del Frente
Republicano Guatemalteco (FRG), para ofrecerles su apoyo en la campaña
electoral que recién iniciaba.
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Gustavo Adolfo Herrera Castillo.
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Agradecido por el apoyo brindado, en 2002,
Portillo nombra al diputado Wohlers como presidente del Instituto Guatemalteco
de Seguridad Social (IGSS) y a su recomendado, César Sandoval, un abogado que
había estado preso por vender visas falsas de Estados Unidos, como gerente.
Herrera le planteó a Wohlers un ambicioso
proyecto para construir complejos habitacionales para los trabajadores
afiliados al IGSS, un negocio que les permitiría recuperar con creces el
financiamiento.
Bajo la dirección de Wohlers y Sandoval, el IGSS aportó
Q350 millones a un fideicomiso de vivienda administrado por el
Grupo Uniserv, dirigido por Marco Antonio Mendoza Gramajo, un empleado de las
agroquímicas de Herrera.
En mayo de 2003, la Intendencia de Verificación
Especial (IVE) denunció una estafa de más de Q238 millones en la compra de
cinco fincas sobrevaloradas a las off shoreEscabel Management
Group, Helensburg Inc., Gateville Holding Corp. y Galente Traving Limited,
vinculadas a Herrera.
Según las investigaciones realizadas por los fiscales,
las fincas no valían más de Q40 millones.
El Ministerio Público inició una persecución en contra
de Herrera para intentar recuperar los Q238 millones invertidos por el IGSS.
Herrera negoció con el Seguro Social poner fin a la persecución penal en
su contra, mediante la devolución del dinero, sin embargo, a la fecha aún
estaban pendientes de recuperar unos Q121.5 millones.
Vínculos con el narco
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Siglo 21
revela relación entre los Herrera.
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En abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial
de Seguridad, denunció públicamente que Gustavo Herrera tenía vínculos con el
narco. “(Herrera) tiene relación y está dedicado al narcotráfico”, posee
transporte terrestre, marítimo y aéreo para transportar la droga, afirmó Pérez
Molina.
Según el diario Siglo Veintiuno, un helicóptero de su propiedad fue identificado por la
agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) como transporte de droga, en sociedad con
Otto Herrera.
De perseguido a operador político
Herrera se ha mantenido vigente, pese a la persecución
legal en su contra. Fuentes cercanas a la actual administración dicen que
Herrera se acercó al gobierno de Otto Pérez para ofrecer sus servicios como
operador, aprovechando su experiencia para corromper jueces, magistrados y
fiscales, construyendo en diez años una poderosa red de impunidad y tráfico de
influencias.
Fuentes cercanas al Gobierno afirman que Herrera es el
principal operador del presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana
Baldetti, para influir en las Comisiones de Postulación, para nombrar gente de
su confianza –Ministerio Público (MP), Corte Suprema de Justicia (CSJ),
etcétera.
Entre los abogados que han participado en la
defensa de Herrera y su red figuran: William Méndez, candidato a Fiscal
General; Héctor Trujillo, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, quien
renunció y delegó a su socia Ana del Carmen Castellanos Góngora; Telésforo
Guerra; y Edwin Mis Ávila, quien fue abogado de Roxana Baldetti en la demanda
contra Sandra Torres en 2012.
