Silencio prevalece tras el asesinato planificado de Byron Lima
Trece personas muertas (cuatro decapitadas) y varios heridos fue el saldo de un ataque armado en el centro carcelario Pavón. Entre las víctimas se encontraba el capitán (r) Byron Lima Oliva, en prisión por el caso Gerardi. La primera versión oficial señaló a un grupo liderado por el narcotraficante Marvin Montiel Marín (el Taquero) de la ejecución, como parte de una riña por control territorial dentro del penal. El asesinato se da en medio de la tensión que generaron las amenazas de muerte a la Fiscal General, Thelma Aldana. Lo ocurrido a Lima abre la puerta a soluciones de fuerza en una coyuntura marcada por la zozobra. Su figura concentraba complejas redes políticas y criminales, tejidas en los últimos 15 años dese prisión, y activadas por los casos que el Ministerio Público lleva con la CICIG.
¿Una muerte pronosticada?
Byron Lima Oliva entró a prisión tras ser capturado por el caso Gerardi el 21 de enero de 2000, junto a su padre, el coronel (r) Byron Dirael Lima Estrada, y el especialista Obdulio Villanueva. Parte de una tradición familiar anticomunista, su abuelo, el coronel Santos Lima Bonilla, fue asesinado por la guerrilla como respuesta al trabajo de sicariato que realizó para el gobierno de Carlos Castillo Armas.
Al momento de su captura, Lima Oliva acababa de ser nombrado capitán primero por el ejército, además de oficial ayudante de Operaciones de la Fuerza de Tarea II de la ONU en Chipre, donde había recibido capacitaciones de inteligencia y contrainteligencia. Tanto Lima como Villanueva estaban asignados al Estado Mayor Presidencial del general Marco Tulio Espinoza durante el gobierno de Álvaro Arzú. Ambos eran de su equipo personal de seguridad, Lima como oficial edecán, y Villanueva como oficial de Inteligencia.
La primera noticia del control que comenzó a ejercer en las cárceles viene de ese mismo año, cuando un reo lo señaló de generar roces con las autoridades del penal y no querer someterse a las órdenes de civiles, ya que él era un militar en activo. Esos primeros roces ocasionaron el primero de muchos traslados para evitar su muerte: junto a su padre fue trasladado de Pavón al Preventivo de la zona 18.
Dos años después, el poder que tenía Lima Oliva en el Preventivo y otros civiles en otras prisiones, fue cuestionado con dos levantamientos de una alianza entre varias pandillas (sureños, por tener en ese momento un pacto de no agresión).
El primero se dio en Pavoncito el 23 de diciembre de 2002, donde miembros de la mara Salvatrucha decapitaron al mandamás del penal, Julio César Beteta, señalado de cobrar hasta Q50 mil semanales de extorsiones a otros reos. Menos de dos meses después, el 12 de febrero de 2003, luego que la Corte Suprema de Justicia confirmara las sentencias en contra de los Lima, 250 sureños se levantaron en armas en contra de ellos. Villanueva murió decapitado y Lima se salvó, retomando el control del penal: 200 pandilleros fueron trasladados a Pavoncito, donde comenzó una guerra entre ellos que aun continúa.
Organizaciones señalaron que el motín había sido un invento para que los trasladaran a una prisión militar, y organizaciones como Avemilgua respaldaron a los militares. El traslado fue bloqueado en un último momento, y Lima Oliva tuvo que desviarse junto con otros militares a la cárcel de máxima seguridad El Boquerón.
El poder de Lima Oliva en las cárceles llegó a su auge con la llegada del gobierno del Partido Patriota, donde se vio a su maquila carcelaria produciendo propaganda electoral, a su hermano Luis asesorando al coronel y diputado del PP Estuardo Ernesto Galdámez Juárez, y nombrando a funcionarios del Sistema Penitenciario. El mismo Pérez Molina aceptó que hizo negocios con Lima en la campaña electoral.
Ese matrimonio duró poco. Según la revista Contrapoder, el entonces ministro Mauricio López Bonilla fue en diciembre de 2012 a la prisión militar del Mariscal Zavala a decir que Lima estaba gestionando traslados millonarios en su nombre. En febrero de 2013 Lima fue capturado por salir de prisión sin permisos en un operativo montado por López Bonilla.
El golpe del caso que la CICIG lanzó en su contra vino a debilitar su poder. Lo señaló de armar una estructura paralela de traslados en los penales en donde tenía influencia y control.
Ese mismo año, el Ministerio de Gobernación y el MP reactivaron una orden de traslado que llevaba un año parada. A Lima lo trasladarían a Fraijanes I, donde controla la pandilla Barrio 18, con quienes tuvo fuertes problemas en pasados motines. Los abogados de Lima no fueron notificados. Mientras iba en camino, Iván Velásquez, cabeza de la CICIG, presionó por la cancelación del traslado y logró una reubicación temporal en el cuartel de Matamoros. En sus primeras declaraciones la CICIG dijo que temía por la vida de Lima.
En mayo de 2015 varios reos se amotinaron en Puerto Barrios en protesta tras la llegada del capitán (r) Francisco Arana Barreda, preso por el robo de $8 millones en 2006. Diez meses después de su obligada salida de Puerto Barrios, el 26 de febrero de 2016, Arana fue encontrado sin vida en su celda en Fraijanes I, la misma cárcel donde Lima iba a ser trasladado como castigo. Parte de la Promoción 108, al igual que Lima Oliva y el Melgar Padilla señalado, Arana fue señalado por la CICIG de pertenecer a las mafias carcelarias. Muchas hipótesis giraron sobre el supuesto suicidio de Arana Barreda.
Finalmente el operativo armado del lunes 18. Según el portal Insight Crime, Lima llegó a Pavón en noviembre de 2015, y comenzó una serie de alianzas y reorganización que le generó tensiones con otros líderes de la prisión, incluido Marvín Montiel (El Taquero). El reportaje también cita un informe confidencial de la Dirección General de Inteligencia Civil (Digici) en donde se dice que Guayo Cano (en prisión por masacre de Salcajá) pagó a Montiel Q1 millón para asesinar a Lima.
El caso ha generado tanta tensión, que la CICIG busca investitgarlo.
Lima Oliva y Estados Unidos
La información sobre la supuesta relación entre el FBI y la Embajada norteamericana con Byron Lima es curiosa, luego de los ataques furibundos que ha lanzado la Fundación contra el Terrorismo (donde Luis Lima y el abogado Galindo participan) en contra del gobierno de Estados Unidos.
De ser cierta la información, Estados Unidos estuvo colaborando para lograr la liberación de Lima a cambio de información sobre las redes de poder en el sistema carcelario, lo que solo tendría sentido si es cierto el debilitamiento de Lima en las cárceles desde sus recientes capturas, hecho que el reportaje de Insight Crime parece negar.
Lo que la muerte sí logró es la salida de figuras señaladas de relación con Lima Oliva en la dirección del Sistema Penitenciario, en medio de una cruzada por reorganizar las prisiones de parte de Gobernación y Estados Unidos. ¿Podrá ser esa la razón de fondo de las hipótesis de la Fundación contra el Terrorismo?
La crisis en el Sistema Penitenciario se agudizó con el gobierno Patriota, donde la población carcelaria aumentó de 12,680 a 16,877 de 2010 para 2013, según datos del Observatorio de Seguridad Ciudadana de la Organización de Estados Americanos (OEA). Los reclusos sin juicio eran 6,307 en el 2010 y pasaron a 9,035 en el 2013. El problema es que las cárceles no crecieron al mismo ritmo que los reclusos. Para el 2013 la capacidad oficial de alojamiento de reclusos era de 8,674 personas. Por cada espacio de alojamiento, conviven dos reos.
El fantasma de Gerardi
«No se olviden los que saben lo que yo sé», dijo Byron Lima justo después de ser capturado por la CICIG en 2014. Esa no era la primera que el capitán retirado usaba el tema de la información como amenaza a unos oscuros interlocutores. El pasado de Lima abre una otra gama de posibilidades sobre quiénes pueden ser estos, a partir de su vínculo al caso Gerardi.
En agosto de 2001, Lima dijo al Ministerio Público que buscaba recuperar su libertad y la de su padre a cambio de información relevante al caso. Junto con su abogado, dijeron que tenía una caja en un banco con videos y documentos que vinculaban a cuatro oficiales de Inteligencia de la D-2 (Inteligencia del extinto Estado Mayor Presidencial). Ni el MP ni el ejército cedieron por conocer la información, según un libro al respecto de la periodista Julie López.
Lima y sus cercanos han mantenido hasta la actualidad su versión: él no tenía ninguna relación con el asesinato del obispo Gerardi. Se considera un chivo expiatorio y hasta cierto punto podría tener razón: en el juicio nunca se dio con los autores materiales (directos) ni intelectuales. Las pruebas más contundentes en contra de Lima vinieron del testigo Rubén Chanax Sontay, que en cinco años cambió varias veces su declaración. Ninguna prueba confirmó lo dicho por Chanax.
Sin embargo Lima tampoco pudo demostrar lo contrario. Su hipótesis más fuerte era que una banda que robaba carros e imágenes religiosas (banda Valle del Sol) eran los responsables directos, y que la iglesia católica los protegía. Señaló al entonces canciller de la Curia, Efraín Hernández, de proteger a su sobrina, perteneciente a esta banda.
Pero todos los miembros de la banda que pudieron testificar a favor de Lima Oliva fueron asesinados semanas antes de comenzar el juicio. En su momento, varios analistas no estaban seguros si eran medidas para silenciarlos, o parte de un juego de Inteligencia de Lima para buscar crear esa percepción.
Según versiones extraoficiales, los responsables del asesinato de monseñor Gerardi, fueron el sacerdote Orantes y diego, hijo de Alvaro Arzú. Supuestamente Orantes tenía una relación amorosa con Diego Arzú y lo asesinado a golpes al momento que los descubrió en una escena erótica.
Orantes en sus declaraciones dijo en esa oportunidad que él al ver el cadáver no reconoció que se trataba de Monseñor, que lo cubrió con una sábana y lavó el lugar, donde se perdieron evidencias.
El sacerdote tenía en su habitación 83 videos con películas de sexo, violencia e infantiles, entre otras. Los 83 videos fueron hallados durante un allanamiento oficial el 7 de septiembre de 1998. Además, fotografías de su mascota, un perro de nombre Balú.
Para retardar la continuación del caso, los abogados de Lima presentaron numerosas amparos, uno de los cuales cayó en manos de confianza. Por un año completo, el magistrado ponente de la Corte de Constitucionalidad, Alejandro Maldonado Aguirre, retardó la presentación de la resolución que permitía que el caso avanzara. Maldonado era cercano a Álvaro Arzú (ambos de la parte moderada del MLN en los setenta), que lo habría pedido como favor, en recompensa por el papel de Lima Oliva en el escuadrón militar antisecuestros que existía en el Estado Mayor Presidencial en esa época y la capacidad demostrada como miembro de su equipo de seguridad.
La ODHA, luego de los señalamientos, fue la que más presión puso para que los Lima fueran a prisión, pero la prueba más contundente que obtuvieron fue una placa de un carro que vio un taxista que pasaba por el área. El taxista resultó siendo el sobrino del general (r) Jorge Perussina Rivera, con quien Byron Lima Estrada tenía fuertes conflictos.
Esa no fue la primera muestra de pugnas entre facciones del ejército arremetiendo contra los Lima. El coronel Byron Disrael Lima Estrada fue director de Inteligencia de 1983 a 1985, en los años del gobernante de facto general Óscar Mejía Víctores, señalado en el caso Diario Militar. Lima Estrada también arrastraba desavenencias por su participación en su papel en el intento de golpe de mayo de 1988 en contra del gobierno de la Democracia Cristiana.
Los servicios de inteligencia de Estados Unidos describieron a Lima Estrada como un “oficial de inteligencia ultraconservador y anti-democrático inclinado totalmente hacia el control militar del poder”.
En medio del caso Gerardi se supo que un grupo de militares, apodados “Covaneros”, estaba colaborando de cerca con la ODHA. También se supo, según la periodista Julie López en su libro sobre el caso, de pugnas entre el Estado Mayor Presidencial al que Lima Oliva pertenecía, y miembros de la comunidad de inteligencia militar contraria a su padre.
Esta compleja e intrincada trayectoria histórica de los Lima da algunas luces sobre los intereses detrás de su muerte, que solo será resuelta hasta que un tribunal dé una resolución final.
