Ven ilegal y nula elección de magistrados de la CSJ

La decisión del Congreso de elegir a los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) un día antes de que venciera el plazo para las impugnaciones es visto como ilegal por analistas y expertos en el tema.

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Según el comisionado Carlos Castellanos, el plazo para que se presenten impugnaciones vence  hoy, a las 24 horas, y se reunirán el próximo lunes para resolverlas.

Ayer en la tarde, el abogado Alfonso Carrillo presentó una impugnación en la postuladora para la CSJ, la cual deberá ser resuelta por esa comisión y para ello la legislación establece un plazo de 72 horas.

La Ley de Comisiones de Postulación establece que después de publicada la nómina en el Diario de Centro América —lo cual sucedió el martes— empiezan a correr las 72 horas para que se presenten las impugnaciones, y de ahí,  el mismo plazo para resolverlas, por lo que en total son seis días.

El diputado Carlos López, jefe de la bancada de Todos, dijo en el pleno que el  período comenzó desde el momento en que la nómina fue entregada al Legislativo, el pasado lunes, y venció ayer, a las 15.24 horas, por lo cual llevaron a cabo la elección.

Es ilegal y nula

Según Mario Fuentes Destarac, experto  constitucionalista, al no cumplir con los plazos establecidos, el Congreso incurrió en  ilegalidad porque la postuladora debe resolver primero las impugnaciones.

“Imagínese que todavía hay un proceso que se debe agotar antes de la elección, porque supóngase que se declare con lugar, entonces la nómina automáticamente quedaría en una situación de que tiene que ser revisada, ¿y cómo se va a elegir de una nómina que tiene que ser revisada?”, afirmó.

También indicó que hay  vicio de procedimiento por incumplimiento de lo que estipula la Ley.

“Al haber impugnaciones, estas tienen que ser resueltas y se tiene que cumplir con el plazo que dice la Ley de Comisiones de Postulación, porque de lo contrario hay un vicio de procedimiento”, aseveró Fuentes Destarac.

A criterio de Alejandro Balsells, experto constitucionalista,  la votación de ayer es ilegal.  “El Congreso se adelantó porque votó con un listado preliminar, pues el tiempo de impugnaciones no había concluido, lo cual hace que la elección sea nula”.

Carmen Aída Ibarra, del Movimiento Projusticia,  coincidió con Balsells en que la elección de magistrados para la CSJ tendría que haberse celebrado al vencer el plazo de impugnaciones.

De haber una orden de un órgano jurisdiccional, los legisladores deberán repetir la votación, afirmó.

Adolfo Alarcón, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), explicó que la dificultad que eventualmente pudiera existir es que la postuladora declarara con lugar la impugnación y derivado de ello se modificara la lista de los 26, lo cual conllevaría una complicación de tipo legal.

“Podría haber ese riesgo de una complicación legal, debido a que no se resolvió la impugnación tal y como lo establece la Ley”, expresó Alarcón.

Se cumplió

El presidente del Congreso, Arístides Crespo, aseguró que la sesión se levantó hasta pasadas las 16 horas, porque “hay una situación que indica que debe esperarse hasta 72 horas para que no existan impugnaciones, y no existían, de tal manera que por eso el Congreso esperó hasta este momento”.

Cuando se le cuestionó sobre la impugnación presentada por Carrillo, Crespo dijo: “El Congreso no tiene ninguna impugnación oficial; nosotros hicimos nuestro trabajo y cumplimos con la Ley”.

Sobre la votación electrónica, el presidente del Congreso  afirmó: “En el Legislativo ya no se vota a mano alzada, ni a viva voz, se vota por ley, de manera electrónica, esa es una votación nominal. No hay ley que nos obligue a hacer lo contrario”.

Sin embargo, existe una sentencia dentro del proceso de elección llevado a cabo en el 2009, en la cual  la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Congreso que la votación debía ser pública y nominal.  

El  orden para la  integración de la CSJ es que en una primera reunión los magistrados electos designan quién será el primer presidente. Ya en funciones, cuando el presidente se ausenta, el vocal uno es quien lo sustituye.

Dato

24 horas de este día vence el plazo para presentar impugnaciones.

SEÑALAMIENTOS

Acciona contra cinco

El abogado Alfonso Carrillo presentó ayer, a las 14 horas,  una impugnación al proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia.

Uno de los argumentos de Carrillo es que Vladimir Aguilar no acreditó haber sido magistrado de Apelaciones o haber ejercido la profesión de abogado durante 10 años o más.

También indica que Douglas Charchal fue denunciado por el Directorio del Registro Nacional de las Personas, por abuso de autoridad y resoluciones violatorias a la Constitución.  

Mientras tanto, contra José Baquiax señala que  es juez de Sentencia y por lo tanto no ha ejercido como abogado.

Contra Brenda Quiñónez y Ana María Rodríguez indica en la impugnación que  no acreditaron haber ejercido por 10 años.

Otro de los aspectos es que la comisión “no investigó actos de vida de los aspirantes”, tampoco hizo entrevistas y no verificó por sí misma  lo declarado por los candidatos. “Los comisionados no discutieron y expresaron razones por las que votaron”, dijo.

TSE suspende al Partido Patriota por segunda vez

El Tribunal Supremo Electoral (TSE)  suspendió ayer, por segunda ocasión, al Partido Patriota (PP) hasta por seis meses, por efectuar propaganda electoral anticipada, y canceló la inscripción como secretaria general de esa agrupación de la vicepresidenta del país, Roxana Baldetti, porque contraviene la Constitución.

Red dirigida por Byron Lima Oliva es ligada a proceso.

El capitán Byron Miguel Lima Oliva y ocho personas más fueron ligadas a proceso, ayer, por el Juzgado Primero B de Mayor Riesgo, donde se tramita el expediente contra una red  supuestamente dirigida por el militar, la cual negociaba  traslados de reclusos a la cárcel Pavoncito.

Los abogados defensores del ex capitan, Lima, solicitaron al tribunal, se archive el caso de esta organización. El pueblo de Guatemala, exige a la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala —CICIG—,  QUE INVESTIGUE A TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE ACUSÓ LIMA OLIVA. ESA INVESTIGACIÓN DEBEN INICIARLA DE OFICIO.

LOS GUATEMALTECOS YA ESTAMOS CANSADOS DE LA IMPUNIDAD Y LA CORRUPCIÓN.

Señores de  —CICIG—, sienten un buen precedente, donde los guatemaltecos confiemos en ustedes. Estamos decepcionados con esa comisión, por la administraciòn del corrupto Carlos Castresana, quien copio el guion de la novela.: "Sin Senos no hay paraíso", para encubrir a Sandra Torres y Alvaro Colom, en el caso del asesinato de Rosemberg.

Piden investigar muertes en Los Pajoques

La Convergencia por los Derechos Humanos que reúne a varias organizaciones pidió al Ministerio Público (MP) a través de un comunicado investigar los incidentes registrados entre la noche del viernes y la madrugada del sábado en la aldea Los Pajoques de San Juan Sacatepéquez, donde murieron ocho personas y varias más resultaron heridas.

El grupo que trabaja por los derechos humanos pidió también a los representantes de Naciones Unidas, así como al Procurador de los Derechos Humanos participar en el esclarecimiento de las muertes y la razón que las desencadenó.

“Exigimos la investigación y análisis del patrón de acciones provocadoras identificado en los hechos y que culminaron con esta tragedia”, señala el comunicado.

Por su parte la empresa Cementos Progreso condenó lo sucedido y también demandó al Gobierno su intervención para evitar que se continúen violando los derechos de los pobladores de San Juan Sacatepéquez.

La PNC en la entrada

Aunque la noche del sábado el ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo que dejarían en el lugar a por lo menos 75 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), Carlos Guamuch, líder comunitario, señaló que los agentes se retiraron del lugar poco tiempo después de la visita del jefe de la cartera del Interior.

“En la noche pensamos que iban a cenar y regresarían, sin embargo ya nadie regresó. Hay cerca de 20 agentes a unos cuatro kilómetros de donde fue el incidente”, contó Guamuch.

El entierro de los fallecidos será hoy a las 9:30 horas en el cementerio local. En el hospital, aún se encuentran al menos dos personas que resultaron heridas.

Ingobernabilidad en el país pone en riesgo inversiones

Empresarios no perciben cambios que podrían lograr meta de atraer US$1.408 millardos en IED durante 2014.

Las constantes manifestaciones reflejan la ingobernabilidad y arriesga la atracción de nuevas inversiones y condiciona a las ya existentes, manifiesta el sector empresarial.

Durante el 2013 la Inversión Extranjera Directa (IED) alcanzó los US$1.308 millardos; para 2014 el Gobierno se proyectó incrementarla en por lo menos US$100 millones más.

Al primer trimestre el Banco de Guatemala (Banguat) reporta un flujo de US$373.8 millones, un ritmo considerado dentro del rango positivo de crecimiento.

Sin embargo, los entrevistados puntualizan en que en sus sectores el crecimiento de nuevos capitales ha sido mínima en los últimos siete meses, y que la meta de hacer crecer las IED difícilmente se podría alcanzar.

Carolina Castellanos, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio Guatemalteco Americana (Amcham por sus siglas en inglés) enfatiza en que no han abierto nuevas empresas en el país que generen empleo al nivel que se necesita.

“Se habla de grandes inversiones, pero que no se ven reflejadas en el mejoramiento de la economía nacional. Mientras el Gobierno no solucione los problemas no veremos una mejora en la economía”, dijo.

Credibilidad en descenso

Carlos Martínez, analista independiente, opina que la credibilidad gubernamental y la confianza en el aparato público va en decadencia. Señala que no se trata solo de un débil Estado de Derecho y una autoridad debilitada, sino que trasciende a una serie de acontecimientos que predicen que la situación podría empeorar.

“Vemos una serie de cambios dentro del Ejecutivo que lejos de proyectar solidez, envía un mensaje de debilitamiento. Por otro lado, el Congreso sin aprobar leyes que funcionen, y en esa línea, una sociedad totalmente descontenta con sus gobernantes”, puntualizó.

Agrega, que al acercarnos a un periodo preelectoral, el impacto económico se agrava aún más, “el escenario político para dar sustento a los negocios no es favorable, todo se debilita en esos tiempos”.

Sin alcanzar

Jorge Briz, presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala (CCG), añadió que más que un problema político lo que está afectando al empresario, es la inseguridad, la inconsistencia fiscal y la corrupción gubernamental.

De tal manera, que las empresas “no están creciendo”, y otras, en el peor de los casos hasta han decidido cerrar sus operaciones.

“De que hay nuevas inversiones sí las hay, lo que pasa es que no cubren las necesidades de crecimiento del país y la necesidad de empleo que existe, no hay cambios que garanticen que realmente esto va a mejorar”.

La junta directiva del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) emitió un comunicado en el que reprocha la “ingobernabilidad”.  En el documento se lee:“CACIF se une a la preocupación de varios sectores del país, por los diversos hechos de violencia, intimidación y atropello ocurrido en Guatemala… es imperativo forjar una institucionalidad que esté al servicio de toda la sociedad”.

Robando foto

> El TSE guarda en sus cajones la resolución según la cual la Gruesa no puede ser Vicepresidenta y al mismo tiempo secretaria general del PP, pero ella no se guardó sus vallas y campaña anticipada. He aquí la muestra, ¿y el TSE?

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Al doble de precio

El desfalco del IGSS sigue imparable. El subgerente médico, Byron Arana, comprará 45 mil vacunas contra neumococo a más de Q200 cada una, a una empresa privada cuando en años anteriores se le ha comprado a la Organización Panamericana de la Salud a la mitad de precio. De efectuarse la compra, serán más de cinco melones que perderá la institución. Qué talito.

El alumno supera al mentor

El letrado Fanuel García de la Corte de Constitucionalidad, bajo la dirección y coordinación del decano Fredy Cabrera de la Universidad Da Vinci están haciendo gruesos negocios con los amparos que interpone la SAT para evitar devoluciones de créditos fiscales a favor de los tribunales. Hay duda si existe más gente metida en el negocio como miembros de la SAT o la persona jerárquica superior del primero de los mencionados. El negocio es tan bueno que Fanuelito a espaldas de don Fredy lo replica con las hidroeléctricas que no quieren repetir la consulta a las comunidades indígenas en donde se ubican. Ambos son pastores evangélicos.

Todo en familia

Rony Aguilar Archila, el “comisionista” del INDE, como le llaman sus allegados, ante la eventual salida de su primo Lagartillo anda promoviendo a su esposa Ivanova como su sucesora.

¿Quién fulea a la PNC?

Cuentan que tras la crisis de combustible que experimenta la PNC, los beneficiados han sido los narcos, pues prácticamente se han convertido en la principal fuente de suministro de carburante de la flotilla de la polaca, con lo que se han echado entre la bolsa a la mayoría de Comisarías del país.

Lo que “Serrucho” no pudo…

Con una estrategia más eficaz y efectiva, Negoción Pérez está al borde de lograr lo que Jorge Serrano Elías, Serrucho no pudo: poner al Poder Judicial bajo su control total, ante la perplejidad de la opinión pública y de la comunidad internacional. En pocos días, Negoción por medio de Gustavo Herrera, a quien en tiempos de Berger acusó de traficante de polvo blanco que no es harina, yBelcebú Rodríguez tendrán subordinado el sistema Judicial.

“Aguanten la presión muchá”

Tanto el Ministerio Público, como Gobernación, Defensa, la Gruesa que dirige la extinción de dominio se están haciendo los locos y han tratado de ignorar convenientemente las propiedades de Jairo Orellana. Aseguran que han rolado varios millones de dolorosos para que el Estado no la embargue e inmovilice y menos aún que las extinga. Además de que Orellana tendría mucho que decir si se siente molesto con las autoridades.

Ha seguido de “shopping”

El edificio de Fonapaz, que fue propiedad de Obdulio Solórzano, ahora pertenece a BelcebúRodríguez. Aparte de esa propiedad el edificio que ocupó la IBM, en la avenida La Reforma y 12 calle de la zona 10 también le pertenece y lo compró a través de testaferros con un arrendamiento con opción de compra. Ahora pretende venderlo al triple
de lo que invirtió al Parlacen. El negocio está casi cocinado.

En busca desesperada de derecho de antejuicio

Angustiados por inevitables persecuciones penales en el corto plazo, los más prominentes patriotas y voraces corruptos buscan posiciones que les garanticen derecho de antejuicio. Belcebú, quiere la candidatura vicepresidencial del partido oficial. La Gruesa será candidata a alcaldesa de la capirucha. El asaltante del IGSS y, según Negoción Pérez, traficante de polvo blanco que no es harina, Gustavo Herrera encabezará el listado de diputados del Patriota. No les importa que representan una mochila en exceso pesada para Alejandro Sinibaldi, quien sin duda los vetará.

Vaya regalos

Otto Jr. acaba de recibir de regalo prenavideño un esplendido Maserati, al igual que uno de los miembros de la Junta Directiva del IGSS. ¿Cuánto costarán estos dos regalitos? ¿A cambio de qué favor darían esos presentitos?

Abucheo en la Plaza Central…

De nada sirvió el dineral tirado a la basura en luces pirotécnicas y cohetes. El abucheo de los chapines que esperaban la medianoche del 14 de septiembre para izar la bandera fue intenso y generalizado, cuando la pareja presidencial o “binomio” como se autodenominan con cariño, hizo su aparición, sin sus respectivos cónyuges pero sí hijos, nueras y nietos. Salieron al balcón con un aparato de seguridad desproporcionado, pocas veces visto. Más de cien guaruras coparon los alrededores del Palacio como hormigas para alejar a la gente que no paraba la rechifla.

El multicobros

Nery Ruano, subdirector de Robapaz y ahora ahijado de business de Rina Sanchinelli, cobra sueldo sin finiquito como 022 y dos sueldos más en el Estado: uno lo cobra por él, Miguel Ángel García Calderón y el otro sale a nombre de Ana Luisa Parada Martínez en el renglón 184.

Con una rubia

El miércoles pasado, a eso de las 8:00 de la noche, estaba Negoción Pérez, cual tórtolo quinceañero en los Michos, un bar de La Antigua Guatemala, ubicado cerca del Parque Central. Es un lugar muy frecuentado por motoristas y esta vez Negoción se hizo acompañar de una joven rubia, alta, bella, según la descripción de los comensales, y terciaba por ahí Ottío Jr., el alcalde de Mixco.

Administrador interino de la red en presidios

> El de la derecha, de lentes, corbata y chaleco, es Moisés Galindo, exmilitar y ahora abogado de militares, que aparece compartiendo con Byron Lima y Ricardo Méndez-Ruiz de la Fundación del Terrorismo. Pues dicen las lenguas viperinas en Pavoncito que en estas semanas Lima ha estado fuera de circulación, es Galindo quien se hace cargo de las talachas en varios centros carcelarios, donde los reos que no aportan son golpeados. Aunque le han quedado Q50 mil en talachas, la situación está generando creciente malestar entre los detenidos. Galindo es recordado en el army como corresponsable de un desfalco de Q19 millones en Finanzas del Ministerio de la Defensa cuando el jefe del Presupuesto era Rualdo Leal, cuñado y subordinado de Negoción Pérez, entonces jefe del Estado Mayor Presidencial y luego director de Personal del army. También Galindo aparece en los anales de la Copredeh de 2006 como supuesto autor intelectual de un plan para asesinar a Nineth Montenegro, diputada y secretaria general de Encuentro por Guatemala.

Demasiado tarde

En Puerto San José, los famosos Fuchos, protegidos de la Gruesa, y Juan Carlos RobacarrosMonzón, más un grupo de negociantes de mala reputación pretenden cobrar el triple del costo de un contrato de posteado. Ante la evidencia, Robacarros Monzón está tratando de separarse del grupo de testaferros de la Gruesa, pero ya es demasiado tarde: aparece en todas las fotos.

De socios a los Mendoza

Donde Robacarros Monzón cree que aún las puede es en Puerto Santo Tomás. Junto con Alex Girón ha trabado alianza con la familia Mendoza, una de cuyas líneas de negocios tiene que ver con el trasiego de polvo blanco que no es harina, teniendo a Negoción Pérez como beneficiario histórico de carrera política y financiamiento de campañas.

Aceitando a los directores

La semana pasada Belcebú ordenó a su testaferro, Juan Pablo Muralles, llevarse de vacaciones a casi todos los Directores del IGSS. Aparte de “aceitar” voluntades para futuras compras, Belcepretendía liberar su agenda para dedicarse por completo a la recta final de las Comisiones de Postulación, donde se le ha puesto difícil cumplir con la orden de su jefe supremo, Negoción Pérez, de hacerse de la mayoría y colocar a como dé lugar a los caradura de la mafia.

Pero Belcebú pretendía que ese viaje financiado de sus Directores fuese tan secreto pero tan secreto que ni siquiera quedasen huellas en Migración. No se pudo. Por eso ahora anda viendo cómo le mueve la silla al Director de esa entidad, por “inútil”.

Compra obligada

La Corte ya le dijo “no” a Belcebú Rodríguez, pero a este no le importa y obliga a los directores del Seguro Social a comprar Molgamostrim.

Los “business” de “Lagartillo”

Tras los ataques a diestra y siniestra, Lagartillo, ministro de Energía y Minas, está rehaciendo sus alianzas incorporando al dream team de Belcebú Rodríguez, encabezado por Julio Girón y Leonel Montejo. Están listos para otorgar contratos a Leonel López Rodas, antecesor de Lagartillo y privatizador de la energía eléctrica.

El negocio del hambre

Para variar, del hambre hacen negocio. Ahora que el Gobierno está comprando granos básicos dizque para contrarrestar el hambre que no supieron oportunamente paliar, se autorizó un incremento del diez por ciento de los precios, pero que en realidad van a parar a los bolsillos deNegoción, la Gruesa y sus achichincles.

“La Gruesa” intocable

Entre susurros agentes de la SAAS que acompañan a la Gruesa le dicen “orquídea”, pues cualquier viento le molesta. Pero ella prefiere que le digan “rosal”: no me toques, chulo, que te espinas.

Volvió el que andaba ausente

En el Congreso dicen que “ya volvió el que andaba ausente”. Ahora lo esperan como próximo Presidente del Congreso para, que al menos, termine la gestión un político. También rumoran que este próximo Presi podría ser candidato a alcalde o a Vice de Baldizón, o al menos eso quisieran los financistas de campaña.

El lavador de “Belce” suelta comisiones

Juan Muralles, el “lavador” de Belcebú en el IGSS logró introducir, a cambio de generosas comisiones, productos de la casa Assclepidus y para no darse color maneja los productos a través de bodegas
farmacéuticas.

Le va a hacer segunda

En las filas del army se rumora que un vecino del callejón Manchén está pensando volverse coro del capitán Lima en sus denuncias contra tirios y troyanos. Por supuesto, otros uniformados creen que son solo mareas para darle más ímpetu al privado de libertad y que no baje su tono.

Las damas al mando

Dicen las malas lenguas que una primera dama de facto de un municipio cercano a la capital recomendó a la Gruesa nombrar al nuevo ministro de Cultura y Deportes, un futbolista viejo y querido amigo suyo. También aseguran esas lenguas viperinas que Ottío Jr. le pidió a su padre que no cometiese tal disparate. Por lo visto, las damas se imponen.

Vamos mita-mita

Luis Fernando Pérez, diputado, fundador y jefe máximo del PRI, con poco hace mucho. Logró hace meses la elección en el Congreso de su prima hermana, Silvia Lucrecia Villalta, como relatora contra la tortura. Pero como para el diputado no hay almuerzo gratis, ya comenzó a cobrar la factura despidiendo gente de la institución y colocando a la suya y de Rudio Mérida, exdirector de la PNC. No contaban sin embargo con las cuotas del PP. Gudy Rivera fue el encargado de recordárselas: vamos mita-mita, les dijo, o se
arruina el negocio.

Pregunta sin respuesta:

¿Qué pasó con el contrato abierto de medicinas en el IGSS? ¿Será que Belcebú ya pasó su tajada y Agefinsa acondicionó a su jefa?

La justicia y el Estado mafioso en Guatemala

El periodista Steven Dudley publica hoy en la página de InSight Crime un reportaje acerca de la forma en que se efectúa el proceso de postulación de magistrados  de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.

Tardamos 40 minutos para que la entrevista comenzara oficialmente, aunque en realidad nunca comenzó. El juez, un veterano de décadas en el sector judicial que había ocupado cargos en todos los juzgados excepto en la Corte Suprema de Justicia, pasó la mayor parte de su tiempo conmigo contestando llamadas, firmando papeles, y hablando con otras personas que entraban y salían de su oficina.

“Parecería que estás en medio de una campaña política”, señalé, en parte preguntando y en parte constatando un hecho.

“Lo estoy”, asintió con la cabeza.

Esta campaña es por la justicia, al estilo guatemalteco. La elección de magistrados para los próximos cinco años en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones culmina en estos días.

Oficialmente, ambos procesos son controlados por las Comisiones de Postulación. Extraoficialmente, se trata de una lucha a muerte entre diversos intereses políticos, económicos y criminales, que se enfrentan por hacer parte de la Comisión Postuladora y por conseguir el mayor control sobre el Sistema Judicial.

El “Oficialista” o bloque del “oficialismo” es el más poderoso de estos grupos de interés especial. El bloque oficialista debe su nombre a que está compuesto por varias personas vinculadas al gobierno actual, específicamente al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. 

Usted no consigue un puesto en las Altas Cortes sin hacer campaña, señaló el juez.

“Nadie tiene control total (sobre las comisiones”, dijo el juez mayor después de que el más joven dejó la oficina. “Todo el mundo necesita negociar”.

El juez recibió otra llamada. Esta vez acerca de su almuerzo con un grupo de antiguos funcionarios de alto nivel con influencias en las comisiones. Se tuvo que ir.

Juan de Dios Rodríguez, 

Un Estado mafioso

Durante mucho tiempo, Guatemala ha estado infestada por el crimen organizado, y desde hace algunos años el país ha venido luchando contra la corrupción. Actualmente, el problema radica en que estos dos parecen haberse fusionado con más fuerza que nunca, y este nuevo entorno ha logrado permear todos los niveles del Estado.

La moneda en este sistema son las llamadas “cuotas de poder”. Estas cuotas son numerosas y dinámicas, se negocian cuando el Estado firma un contrato público para construir una carretera, cuando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) compra medicina, cuando la Policía recibe nuevos chalecos antibalas y cuando se mueve contrabando, drogas ilícitas o dinero sucio.

Los favores, las presentaciones y las invitaciones a las fiestas también son cuotas de poder. Estas se encargan de que algunos se vuelvan ricos y de que otros consigan todavía más poder político –para volverse ricos también–. Lo más importante es que garantizan casi absolutamente que quienes participan no serán procesados por la ley.

El resultado es lo que algunos expertos, como Julio Rivera Clavería, llaman un Estado mafioso.

“Es parte de un plan que se necesita para que el país siga en manos de la mafia”, me dijo Rivera Clavería.

Y él lo sabe mejor que nadie. Rivera Clavería es un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Gobernación, y ahora es parte del comité de tres personas que supervisa la Fiscalía General.

“Hay una democratización de la corrupción”, me dijo otro exfuncionario de alto nivel que no quiso ser identificado, pues todavía mantiene relaciones con el Gobierno.

El exfuncionario señala que, en parte, esto ha sido motivado por las preocupaciones económicas, y, en parte, por la política y dice que es una mentalidad “mercantilista”. 

Señala que estas cuotas también han penetrado los partidos políticos, que ahora parecen más iniciativas económicas de corta duración que movimientos ideológicos de largo plazo. Citó los recientes cambios en las afiliaciones de los partidos que de un día para otro cambiaron el equilibrio de poder en el Congreso del país.

“Pensar que hay un Estado racional que toma las decisiones es no entender la forma en que funciona el Gobierno de Guatemala”, explicó el exfuncionario. “Todos ellos están pensando en cómo hacer dinero”.

Los oficialistas y  sus cuotas de poder

El llamado bloque oficialista pretende controlar la elección de los jueces ejerciendo influencia sobre puestos clave del Gobierno, y sobre muchos de sus más importantes recursos económicos. Una de las principales formas en que el bloque oficialista manipula la elección de jueces es a través de sus vínculos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una de las instituciones gubernamentales más grandes del país. 

El actual jefe de la seguridad social es un importante operador político de los oficialistas, y un actor clave en asegurar que aquellos elegidos lleguen a las Comisiones en las que más tarde se seleccionará a los jueces del país. Y debido a que el IGSS maneja un presupuesto tan grande (Q13,866,679,339 para 2014) y es el responsable de la adjudicación de tantos contratos lucrativos, la agencia ha conseguido una influencia política que va más allá del proceso de selección de los jueces.

El IGSS ha sido llamado el departamento de “caja menor”, es decir, un medio para comprar favores a otros funcionarios públicos, políticos y autoridades judiciales. Y cuando se trata de las Comisiones de Postulación, el IGSS funciona de la misma manera que la gasolina en un automóvil. El presidente actual del IGSS, el exteniente coronel del Ejército Juan de Dios Rodríguez, es el principal operador político de los oficialistas en estas Comisiones, y según los grupos de monitoreo y los informes de los medios, es el encargado de ayudar a negociar con los comisionados para que sirvan a los intereses de los oficialistas e influenciar sus votos.

Si el IGSS es la “caja menor” de los oficialistas, los contratos de las obras públicas son su “dinero en efectivo”. Más que cualquier otra actividad económica, las obras públicas se han convertido en el motor del desarrollo de una nueva clase de empresarios y políticos en Guatemala, un grupo bien representado por los oficialistas. Algunos de estos constituyen esfuerzos legítimos y legales. Pero una vasta mayoría es parte de las cuestionables cuotas de poder que los políticos, los funcionarios públicos, y los contratistas y sus beneficiarios criminales se arrojan entre sí.

“Si los grandes negocios con el Estado son una fiesta, el presupuesto de inversión pública vendría a ser el pastel y los contratistas los comensales”, escribe Ricardo Barrientos, economista de Icefi, un centro de pensamiento ubicado en Guatemala, en un artículo que está próximo a ser publicado como parte de un proyecto de American University sobre las elites de Centroamérica.

Dado lo que está en juego, no es de extrañar que los oficialistas cuenten con un operador en el Congreso, cuya labor consiste en influenciar a las Comisiones de Postulación. Algunas fuentes dijeron a InSight Crime que esa persona es el diputado Baudilio Hichos. Señalaron que Hichos está ayudando a organizar un conjunto favorable de candidatos entre los que el Congreso podrá elegir a sus jueces, y que permitirá que los oficialistas mantengan andando su carrusel de contratación de obras públicas.

Las negociaciones también incluyen a diputados del Congreso, entre ellos se menciona a Baudilio HIchos, exdiputado de UCN.

Hichos ha estado en la política desde 1990, y en el Congreso desde 1994, y tiene gran influencia en su bastión, el departamento fronterizo de Chiquimula. En un momento dado, al menos nueve miembros de su familia ocuparon cargos en el Gobierno relacionados con obras públicas y con otros proyectos estatales.

Los operadores oficialistas como Hichos están maniobrando para proteger el enorme y lucrativo carrusel de contrataciones. Sin este, los oficialistas tendrían poco acceso a los grandes flujos de dinero que mantienen sus partidos políticos a flote, sus campañas a ras y su creciente poder intacto.

El bloque oficialista también tiene como objetivo proteger a otros actores, muchos de los cuales son antiguos y actuales militares guatemaltecos. El bloque oficialista, por medio de representantes como Rodríguez –un exteniente coronel que trabajó en  Inteligencia Militar bajo el mandato de Pérez Molina y fue secretario privado de la Presidencia-– maniobra para proteger los contratos militares preferenciales y para asegurarse de que sus cuadros no sean procesados ​​por abusos a los derechos humanos. 

También hay una gran cantidad de dinero en juego. La mayor parte de los fondos de seguridad están en manos del Ministerio de Gobernación, cuyo presupuesto gira alrededor de US$500 millones. La cartera del Interior utiliza esos recursos para comprar armas, uniformes y chalecos antibalas, entre otros productos relacionados con la seguridad. Al igual que el IGSS, gran parte de estas compras se lleva a cabo por medio de contratos sin licitación, que suelen terminar en manos de las empresas de seguridad de los exoficiales militares que dejaron las filas durante la reducción de las fuerzas armadas.

Asegurando la impunidad

Ciertamente, los oficialistas no son el único bloque de poder que estafa al Estado y que arregla el Sistema Judicial para garantizar que sus miembros no sean procesados​​. Los intereses económicos de la elite tradicional han sostenido durante mucho tiempo el dominio de los contratos de las obras públicas del Gobierno, y a raíz de este control han amañado varias elecciones y procesos de selección judicial. 

Además, los oficialistas ahora se enfrentan a rivales “emergentes” dentro de la elite. El más notable de ellos es Roberto López Villatoro, el llamado Rey del Tenis, una especie de comodín político y empresarial que hizo su fortuna vendiendo réplicas de zapatos deportivos.

Y los mismos jueces también tienen su propio tipo de poder. Una vez en las cortes, pueden –y a menudo lo hacen– tomar sorprendentes giros en sus decisiones.

Sin embargo, a pesar de lo que algunos jueces puedan decir, el sistema criminal parece tener el dominio absoluto de las Comisiones de Postulación actuales y de los jueces que compiten por los puestos de las Altas Cortes. Los otros jueces que vi, estaban revoloteando de una oficina a otra, y de un almuerzo al siguiente, politiqueando para conseguir el cargo. Las personas con las que se reunían incluyen hombres como Juan de Dios Rodríguez, entre otros poderosos actores en este juego de póquer de altas apuestas.

Los jueces solo tienen una moneda para jugar: el acceso y la influencia en sus decisiones. A cambio, a menudo reciben acceso a sus propias cuotas de poder o se benefician de ellas. Por ejemplo, numerosos jueces sostienen varios puestos gubernamentales y privados. Otros abren bufetes de abogados privados, que administran contratos con el Gobierno o que son contratados por agencias estatales.

Los resultados aún no han sido determinados, pero el fraude ya está hecho, señalan observadores del proceso. Al parecer, las Altas Cortes estarán controladas por estos bloques que negocian cuotas de poder por medio de sus comisionados para proteger sus intereses, tanto legales como ilegales. Una vez las Comisiones de Postulación hayan decidido quiénes son los candidatos, el proceso pasará al Congreso. Los jueces seleccionados por el Legislativo ejercerán sus cargos durante cinco años, y las ruedas de la corrupción, el crimen y la impunidad seguirán rodando en este Estado mafioso.

Cuatro agentes de PNC capturados

por Plagio o Secuestro

Investigadores de la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil, a través de la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP), en cumplimiento a una orden judicial, capturaron a cuatro agentes de PNC, en el interior de la Dirección General del ramo, ubicada en la 10ª calle y 13 avenida, zona 1 capitalina, sindicado del delito de Plagio o Secuestro.

Los apresados son Ángel Ricardo Reyes, de 22, Germain Pineda Pérez, de 25 años, Edgar David De León Sandoval, de 29 y Nora Elizabeth De León Corado, de 22 años de edad, todos de servicio en la Unidad Contra Delitos Sexuales de la División Especializada en Investigación Criminal (DEIC).

Según la investigación, los apresados utilizaron un vehículo tipo pick-up, el cual se encuentra asignado a la Unidad Contra Delitos Sexuales, para secuestrar a un hombre de 25 años, empleado de un pinchazo, ubicado a inmediaciones del kilómetro 46 de la ruta al Atlántico, por quien exigieron Q.5 mil en efectivo.

El efectivo se hizo entrega a inmediaciones del kilómetro 10.5 de la misma ruta, donde llegó De León Sandoval, a bordo de su automóvil P-852FKP, cuando ya tenían el dinero, dejaron abandonada a su víctima en el kilómetro 4 de la ruta al Atlántico.

Posterior, los agentes de policía consignados, se reunieron frente a un conocido centro comercial, ubicado en la colonia Maya, zona 18 capitalina, donde dividieron el dinero que habían obtenido ilícitamente.

Con estas capturas, 269 son los agentes de policía detenidos por diferentes delitos y se han realizado en cumplimiento a los tres ejes institucionales, Dignificación, Profesionalización y Depuración.

Las órdenes de aprehensión, fueron emanadas por el Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Turno, de fecha 17 de los corrientes, sindicados de los delitos de Plagio o Secuestro, Asociación Ilícita y Robo Agravado.

Pobladores ven poca acción de las autoridades encargadas de la "seguridad".

Vecinos, comerciantes y representantes de diversas entidades de Quetzaltenango aseguran que viven atemorizados debido al repunte de hechos violentos en Xela, que han cobrado la vida de varias personas, pero que les molesta que las autoridades no le den importancia a la inseguridad.

 A finales de agosto se reportó el asesinato del piloto Juan Carlos Poroj, lo que puso en evidencia que las extorsiones no se han disminuido en Xela.

 Malestar

David García, residente de la 29 avenida, zona 7, aseguró que caminar en ese sector causa temor, pues ha habido ataques contra  pilotos de buses urbanos que han dejado saldos fatales.

“El ambiente de inseguridad en Xela se percibe. Los comentarios están presentes porque hay inseguridad, porque no hay acciones de las autoridades”, comentó.

Piden informe

Los diputados por Quetzaltenango,  Julio Xicay, Álvaro Trujillo y Neri Samayoa, pidieron información sobre la seguridad y se reunieron con autoridades, pero también recibieron  denuncias de   vecinos que les han pedido acciones. 

Xicay lamentó que el informe  contradiga las quejas que han recibido de las 11 zonas de Xelajú.

“Por las denuncias de la población, la percepción es que la violencia está como nunca en la historia de Xela. Los datos estadísticos nos dicen una cosa, pero hay una razón de ser; la gente ya perdió la confianza en la denuncia por carencia de acciones”, resaltó Xicay.

“Creemos que con el presupuesto que tiene el Ministerio de Gobernación puede atender a la PNC, que en Xela solo tiene 12 motocicletas, pocos autopatrullas y algunos están descompuestos,  no hay más agentes ni combustible”, agregó.

 Saqueos

En la zona 3 de Xela, en agosto y a principios de este mes, el sector comercial ha sido blanco de  robos y saqueos, dejando pérdidas por más de Q150 mil.  

Alfredo Palmieri, presidente de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, manifestó que a las autoridades no les gustan las exigencias y se escudan  al señalar que todos los requerimientos tienen tinte político.  

“Pedimos seguridad, pedimos un plan estratégico, pues hay muchas cosas que se pueden hacer. Queremos acciones, resultados que se vean en la realidad. El Ministro de Gobernación y la presidencia, dan a conocer estadísticas, que no estan apegadas a la realidad. Eso lo hacen, para justificar a un montón de funcionarios y jefes de la policia que no tienen capacidad para estar en el puesto, y los quieren mantener ahí, por razones de corrupción..

Vecinos de los siete municipios del departamento de Jalapa, se quejan.

La cobertura en seguridad para pobladores de los siete municipios  de Jalapa está en riesgo, debido a la poca presencia y acción de la policía de ese lugar.