La justicia y el Estado mafioso en Guatemala

El periodista Steven Dudley publica hoy en la página de InSight Crime un reportaje acerca de la forma en que se efectúa el proceso de postulación de magistrados  de la Corte Suprema de Justicia y de Apelaciones.

Tardamos 40 minutos para que la entrevista comenzara oficialmente, aunque en realidad nunca comenzó. El juez, un veterano de décadas en el sector judicial que había ocupado cargos en todos los juzgados excepto en la Corte Suprema de Justicia, pasó la mayor parte de su tiempo conmigo contestando llamadas, firmando papeles, y hablando con otras personas que entraban y salían de su oficina.

“Parecería que estás en medio de una campaña política”, señalé, en parte preguntando y en parte constatando un hecho.

“Lo estoy”, asintió con la cabeza.

Esta campaña es por la justicia, al estilo guatemalteco. La elección de magistrados para los próximos cinco años en la Corte Suprema de Justicia y en las Cortes de Apelaciones culmina en estos días.

Oficialmente, ambos procesos son controlados por las Comisiones de Postulación. Extraoficialmente, se trata de una lucha a muerte entre diversos intereses políticos, económicos y criminales, que se enfrentan por hacer parte de la Comisión Postuladora y por conseguir el mayor control sobre el Sistema Judicial.

El “Oficialista” o bloque del “oficialismo” es el más poderoso de estos grupos de interés especial. El bloque oficialista debe su nombre a que está compuesto por varias personas vinculadas al gobierno actual, específicamente al presidente Otto Pérez Molina y a la vicepresidenta Roxana Baldetti. 

Usted no consigue un puesto en las Altas Cortes sin hacer campaña, señaló el juez.

“Nadie tiene control total (sobre las comisiones”, dijo el juez mayor después de que el más joven dejó la oficina. “Todo el mundo necesita negociar”.

El juez recibió otra llamada. Esta vez acerca de su almuerzo con un grupo de antiguos funcionarios de alto nivel con influencias en las comisiones. Se tuvo que ir.

Juan de Dios Rodríguez, 

Un Estado mafioso

Durante mucho tiempo, Guatemala ha estado infestada por el crimen organizado, y desde hace algunos años el país ha venido luchando contra la corrupción. Actualmente, el problema radica en que estos dos parecen haberse fusionado con más fuerza que nunca, y este nuevo entorno ha logrado permear todos los niveles del Estado.

La moneda en este sistema son las llamadas “cuotas de poder”. Estas cuotas son numerosas y dinámicas, se negocian cuando el Estado firma un contrato público para construir una carretera, cuando el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) compra medicina, cuando la Policía recibe nuevos chalecos antibalas y cuando se mueve contrabando, drogas ilícitas o dinero sucio.

Los favores, las presentaciones y las invitaciones a las fiestas también son cuotas de poder. Estas se encargan de que algunos se vuelvan ricos y de que otros consigan todavía más poder político –para volverse ricos también–. Lo más importante es que garantizan casi absolutamente que quienes participan no serán procesados por la ley.

El resultado es lo que algunos expertos, como Julio Rivera Clavería, llaman un Estado mafioso.

“Es parte de un plan que se necesita para que el país siga en manos de la mafia”, me dijo Rivera Clavería.

Y él lo sabe mejor que nadie. Rivera Clavería es un exfuncionario de alto rango del Ministerio de Gobernación, y ahora es parte del comité de tres personas que supervisa la Fiscalía General.

“Hay una democratización de la corrupción”, me dijo otro exfuncionario de alto nivel que no quiso ser identificado, pues todavía mantiene relaciones con el Gobierno.

El exfuncionario señala que, en parte, esto ha sido motivado por las preocupaciones económicas, y, en parte, por la política y dice que es una mentalidad “mercantilista”. 

Señala que estas cuotas también han penetrado los partidos políticos, que ahora parecen más iniciativas económicas de corta duración que movimientos ideológicos de largo plazo. Citó los recientes cambios en las afiliaciones de los partidos que de un día para otro cambiaron el equilibrio de poder en el Congreso del país.

“Pensar que hay un Estado racional que toma las decisiones es no entender la forma en que funciona el Gobierno de Guatemala”, explicó el exfuncionario. “Todos ellos están pensando en cómo hacer dinero”.

Los oficialistas y  sus cuotas de poder

El llamado bloque oficialista pretende controlar la elección de los jueces ejerciendo influencia sobre puestos clave del Gobierno, y sobre muchos de sus más importantes recursos económicos. Una de las principales formas en que el bloque oficialista manipula la elección de jueces es a través de sus vínculos con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), una de las instituciones gubernamentales más grandes del país. 

El actual jefe de la seguridad social es un importante operador político de los oficialistas, y un actor clave en asegurar que aquellos elegidos lleguen a las Comisiones en las que más tarde se seleccionará a los jueces del país. Y debido a que el IGSS maneja un presupuesto tan grande (Q13,866,679,339 para 2014) y es el responsable de la adjudicación de tantos contratos lucrativos, la agencia ha conseguido una influencia política que va más allá del proceso de selección de los jueces.

El IGSS ha sido llamado el departamento de “caja menor”, es decir, un medio para comprar favores a otros funcionarios públicos, políticos y autoridades judiciales. Y cuando se trata de las Comisiones de Postulación, el IGSS funciona de la misma manera que la gasolina en un automóvil. El presidente actual del IGSS, el exteniente coronel del Ejército Juan de Dios Rodríguez, es el principal operador político de los oficialistas en estas Comisiones, y según los grupos de monitoreo y los informes de los medios, es el encargado de ayudar a negociar con los comisionados para que sirvan a los intereses de los oficialistas e influenciar sus votos.

Si el IGSS es la “caja menor” de los oficialistas, los contratos de las obras públicas son su “dinero en efectivo”. Más que cualquier otra actividad económica, las obras públicas se han convertido en el motor del desarrollo de una nueva clase de empresarios y políticos en Guatemala, un grupo bien representado por los oficialistas. Algunos de estos constituyen esfuerzos legítimos y legales. Pero una vasta mayoría es parte de las cuestionables cuotas de poder que los políticos, los funcionarios públicos, y los contratistas y sus beneficiarios criminales se arrojan entre sí.

“Si los grandes negocios con el Estado son una fiesta, el presupuesto de inversión pública vendría a ser el pastel y los contratistas los comensales”, escribe Ricardo Barrientos, economista de Icefi, un centro de pensamiento ubicado en Guatemala, en un artículo que está próximo a ser publicado como parte de un proyecto de American University sobre las elites de Centroamérica.

Dado lo que está en juego, no es de extrañar que los oficialistas cuenten con un operador en el Congreso, cuya labor consiste en influenciar a las Comisiones de Postulación. Algunas fuentes dijeron a InSight Crime que esa persona es el diputado Baudilio Hichos. Señalaron que Hichos está ayudando a organizar un conjunto favorable de candidatos entre los que el Congreso podrá elegir a sus jueces, y que permitirá que los oficialistas mantengan andando su carrusel de contratación de obras públicas.

Las negociaciones también incluyen a diputados del Congreso, entre ellos se menciona a Baudilio HIchos, exdiputado de UCN.

Hichos ha estado en la política desde 1990, y en el Congreso desde 1994, y tiene gran influencia en su bastión, el departamento fronterizo de Chiquimula. En un momento dado, al menos nueve miembros de su familia ocuparon cargos en el Gobierno relacionados con obras públicas y con otros proyectos estatales.

Los operadores oficialistas como Hichos están maniobrando para proteger el enorme y lucrativo carrusel de contrataciones. Sin este, los oficialistas tendrían poco acceso a los grandes flujos de dinero que mantienen sus partidos políticos a flote, sus campañas a ras y su creciente poder intacto.

El bloque oficialista también tiene como objetivo proteger a otros actores, muchos de los cuales son antiguos y actuales militares guatemaltecos. El bloque oficialista, por medio de representantes como Rodríguez –un exteniente coronel que trabajó en  Inteligencia Militar bajo el mandato de Pérez Molina y fue secretario privado de la Presidencia-– maniobra para proteger los contratos militares preferenciales y para asegurarse de que sus cuadros no sean procesados ​​por abusos a los derechos humanos. 

También hay una gran cantidad de dinero en juego. La mayor parte de los fondos de seguridad están en manos del Ministerio de Gobernación, cuyo presupuesto gira alrededor de US$500 millones. La cartera del Interior utiliza esos recursos para comprar armas, uniformes y chalecos antibalas, entre otros productos relacionados con la seguridad. Al igual que el IGSS, gran parte de estas compras se lleva a cabo por medio de contratos sin licitación, que suelen terminar en manos de las empresas de seguridad de los exoficiales militares que dejaron las filas durante la reducción de las fuerzas armadas.

Asegurando la impunidad

Ciertamente, los oficialistas no son el único bloque de poder que estafa al Estado y que arregla el Sistema Judicial para garantizar que sus miembros no sean procesados​​. Los intereses económicos de la elite tradicional han sostenido durante mucho tiempo el dominio de los contratos de las obras públicas del Gobierno, y a raíz de este control han amañado varias elecciones y procesos de selección judicial. 

Además, los oficialistas ahora se enfrentan a rivales “emergentes” dentro de la elite. El más notable de ellos es Roberto López Villatoro, el llamado Rey del Tenis, una especie de comodín político y empresarial que hizo su fortuna vendiendo réplicas de zapatos deportivos.

Y los mismos jueces también tienen su propio tipo de poder. Una vez en las cortes, pueden –y a menudo lo hacen– tomar sorprendentes giros en sus decisiones.

Sin embargo, a pesar de lo que algunos jueces puedan decir, el sistema criminal parece tener el dominio absoluto de las Comisiones de Postulación actuales y de los jueces que compiten por los puestos de las Altas Cortes. Los otros jueces que vi, estaban revoloteando de una oficina a otra, y de un almuerzo al siguiente, politiqueando para conseguir el cargo. Las personas con las que se reunían incluyen hombres como Juan de Dios Rodríguez, entre otros poderosos actores en este juego de póquer de altas apuestas.

Los jueces solo tienen una moneda para jugar: el acceso y la influencia en sus decisiones. A cambio, a menudo reciben acceso a sus propias cuotas de poder o se benefician de ellas. Por ejemplo, numerosos jueces sostienen varios puestos gubernamentales y privados. Otros abren bufetes de abogados privados, que administran contratos con el Gobierno o que son contratados por agencias estatales.

Los resultados aún no han sido determinados, pero el fraude ya está hecho, señalan observadores del proceso. Al parecer, las Altas Cortes estarán controladas por estos bloques que negocian cuotas de poder por medio de sus comisionados para proteger sus intereses, tanto legales como ilegales. Una vez las Comisiones de Postulación hayan decidido quiénes son los candidatos, el proceso pasará al Congreso. Los jueces seleccionados por el Legislativo ejercerán sus cargos durante cinco años, y las ruedas de la corrupción, el crimen y la impunidad seguirán rodando en este Estado mafioso.