Faustino Sánchez

Violencia sigue en aumento

Bus atacado a tiros, piloto herido de gravedad

Extorsionistas atacaron a tiros un bus "Esmeraldas", en el kilómetro 15, de la ruta hacia el Pacífico, dejando gravemente heridos al piloto: Samuel Alexander Vásquez Hernández de 23 años de edad y 3 mujeres que viajaban como pasajeras. Dicho incidente ha provocando congestionamiento vehícular. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de Amatitlán.

Que lamentable que la violencia en lugar de bajar, se ha incrementado, mientras que los inútiles funcionarios que Otto Perez —por recomendaciones de Mauricio López Bonilla—, ha puesto a dirigir nuestra seguridad, no tienen la capacidad intelectual y la experiencia para lograr hacerle frente al crimen organizado, porque —además—, son parte de las estructuras criminales.

A sugerencia de Mauricio López Bonilla, el Presidente declaró el 2015, como: "...el año de la no violencia...", lo cual ha dejado en ridículo al mandatario, porque en cinco meses y días, más de 2 mil guatemaltecos fueron asesinados y la cifra sigue creciendo. Del total de fallecidos, un 73 por ciento, es decir 2 mil 93 personas, han muerto a consecuencia de heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. 

Mayo ha sido el mes más violento, con 549 muertes por crímenes, superando por aproximadamente cien fallecidos a los registrados en abril.

De acuerdo con el analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), Hugo Maúl, el tema de la inseguridad afecta principalmente a dos extremos del sector empresarial, siendo  los nuevos comercios y las compañías grandes.

Maúl explicó que las extorsiones y el robo afecta mucho más a las empresas y a los emprendedores mientras más pequeños y más nuevos son sus negocios.

En Guatemala se han organizado varias pandilla y otros grupos delincuenciales, quienes se dedican a las extorsiones a tiendas, ventas callejeras, vendedores ambulantes, lustradores "limpia zapatos", a propietarios de casas y en fin; únicamente falta que cobren por pasar en los territorios dominados por estos "parásitos", que viven a costa del terror y la sangre de gente trabajadora, mientras que algunas autoridades corruptas, reciben su pago, por permitirles delinquir con libertad.

A causa de la corrupción de los que han llegado al poder, nuestro país se encuentra sumergido en la extrema pobreza y la peor crisis de desempleo. Los Guatemaltecos tratan de sobresalir, para llevar el pan de cada día a sus familiares, dedicándose a pequeños negocios, lucha que es truncada por esos "desgraciados" pandilleros, dueños de lo ajeno.

Lo más lamentable es que muchos alcaldes corruptos, avorazados al dinero, mandan a sus "hienas" a exigir y amenazar a niños que se ganan su alimento, lustrando zapatos en los parques. Eso ya no es posible señores. Pero son los mentirosos que ahora están prometiendo mejorar los municipios, al igual que lo hicieron hace 4 años.

Reforma Electoral continua empantanada en el Congreso.

El Congreso conoce desde 2013 la iniciativa 4783 referente a reformas a la Ley Electoral, avalada por la CC, pero no se ha aprobado.

El tema de la reforma de la Ley Electoral, es casi imposible que la aprueben las bancadas mayoritarias conformadas por un montón de diputados "paracaidistas-oportunistas", que se cambian de bancada y de partido político, para continuar en el Congreso realizando sus artimañas y negocios bajo la mesa. Oponiéndose a las aprobaciones de leyes que beneficien al pueblo. 

Tiene razón la diputada Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala (EG), en decir que "la propuesta del TSE es novedosa y debiera de iniciarse a conocer de inmediato". Sin embargo reconoce las dificultades que hay por parte de las bancadas mayoritarias —LIDER, UNE y PP.

Jamás habrá voluntad política, porque las bancadas mayoritarias están conformadas por esos diputransas que a cada 3 años se cambian de color de playera y van engrosando la bancada del partido que lleva la delantera en las próximas elecciones, y para la aprobación de cada propuesta de ley se tiene que contar con 105 votos ¿...?

Pueblo de Guatemala, ahora es el momento de aprobar las reformas y debe ser la sociedad la que presione a las distintas bancadas para comprometerlas y aprobar las modificaciones e incluso, posponer las elecciones y que las reformas sean incluidas en la nueva convocatoria.

Se tiene que terminar la participación en las contiendas electorales de personas señaladas de corrupción, pertenecer al crimen organizado, recibir dinero sucio del narcotráfico para la campaña... También se debe poner un alto a la coacción que realizan los políticos mañosos, quienes —aprovechándose de la pobreza que ellos mismos mantienen al pueblo—, les regalan una bolsita con víveres de mala calidad, o 100-200 miserables quetzalitos, comprometiéndolos a votar por ellos. ¡Que descaro por Dios!

La casa blanca de Roxana Baldetti

La ex vicepresidenta utilizó al mismo testaferro de Juan Carlos Monzón para comprar su mansión en Los Eucaliptos.

El inmueble fue adquirido en 2011 a través de una sociedad anónima, la cual era representada por un testaferro de Juan Carlos Monzón Rojas, ex secretario privado de Baldetti.

La propiedad que habita Baldetti, ubicada en el 6-92 de la calle Los Eucaliptos, kilómetro 8.5 carretera a El Salvador, fue adquirida el 10 de octubre de 2011 por Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, S. A. mediante un pago de Q400 mil a su anterior propietario, según la escritura número 268 faccionada por el notario Juan Carlos Bermejo Quiñónez.

El inmueble está compuesto por dos fincas que suman 1,428.1 metros cuadrados; la propiedad original contaba con tres viviendas, sin embargo, Baldetti las mando a demoler y se erigió una enorme construcción de dos piezas.

De acuerdo con el Registro General de la Propiedad, este inmueble esta libre de hipotecas u otros gravámenes.

Testaferro de Monzón y del Presidente

Sistemas Avanzados en Informática Aguilar Alvarado, S. A. fue constituida en julio de 2004; pero no registra actividad hasta que Víctor Hugo Hernández, fue nombrado administrador único y representante legal el 25 de mayo de 2011.

Hasta la fecha, Hernández se  desempeña como empleado de las empresas de limpieza y mantenimiento de canchas deportivas de Juan Carlos Monzón Rojas.

Pobladores marchan contra la corrupción

Un grupo de unas cien personas manifestó pacíficamente este lunes en Cobán, Alta Verapaz, para pedir que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que las elecciones generales se efectúen hasta que se aprueben reformas y que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, entre otras demandas.

 Los inconformes iniciaron la manifestación en el lugar conocido como El Monumento y culminaron en el parque central La Paz, donde gritaron consignas contra Otto Pérez Molina y también pidieron que abandonen el cargo las autoridades y diputados señalados de corrupción. El grupo estuvo acompañado del grupo musical de protesta Los Francos.

Bioni Cholom Ajcá, de la Instancia del Consenso del Pueblo Maya de Alta Verapaz, indicó que piden la reforma a la referida ley, pero que incluya las propuestas que han sido planteadas por distintos sectores.

Jorge Jiménez, de la comunidad Copalá La Esperanza, Cobán, manifestó que están cansados de la corrupción del actual gobierno.

“Pérez Molina en su propaganda dijo que habría seguridad, pero no la tenemos; sin embargo, le dan seguridad a las empresas transnacionales, que nos han robado nuestro territorio”, enfatizó.

“Alta Verapaz es uno de los departamentos que más sufre estas injusticias y no es justo que la población cobanera no se haga presente. Este día no es de fiesta, es de lucha, de protesta y propuestas”, dijo Renate Gregg, una de las manifestantes.

Pobladores marchan contra la corrupción

Un grupo de unas cien personas manifestó pacíficamente este lunes en Cobán, Alta Verapaz, para pedir que se reforme la Ley Electoral y de Partidos Políticos, que las elecciones generales se efectúen hasta que se aprueben reformas y que renuncie el presidente Otto Pérez Molina, entre otras demandas.

 Los inconformes iniciaron la manifestación en el lugar conocido como El Monumento y culminaron en el parque central La Paz, donde gritaron consignas contra Otto Pérez Molina y también pidieron que abandonen el cargo las autoridades y diputados señalados de corrupción. El grupo estuvo acompañado del grupo musical de protesta Los Francos.

Bioni Cholom Ajcá, de la Instancia del Consenso del Pueblo Maya de Alta Verapaz, indicó que piden la reforma a la referida ley, pero que incluya las propuestas que han sido planteadas por distintos sectores.

Jorge Jiménez, de la comunidad Copalá La Esperanza, Cobán, manifestó que están cansados de la corrupción del actual gobierno.

“Pérez Molina en su propaganda dijo que habría seguridad, pero no la tenemos; sin embargo, le dan seguridad a las empresas transnacionales, que nos han robado nuestro territorio”, enfatizó.

“Alta Verapaz es uno de los departamentos que más sufre estas injusticias y no es justo que la población cobanera no se haga presente. Este día no es de fiesta, es de lucha, de protesta y propuestas”, dijo Renate Gregg, una de las manifestantes.

La sal es necesaria para el consumo humano por su contenido de yodo, el cual ayuda al funcionamiento normal de la tiroides, pero su uso excesivo puede causar daños a la salud cardiovascular.

Los médicos recomiendan que este mineral sea de uso exclusivo para la cocina. “Toda la comida trae una dosis de sal, es algo natural y por ello no se le debe agregar más a esta cuando se come”, explica el médico homeópata Gustavo Monzón.

El cloruro de sodio —compuesto químico de la sal— consumido en grandes cantidades, afecta directamente la circulación, endurece las arterias y puede causar problemas renales. “La arterioesclerosis es una de las enfermedades más comunes relacionadas con el consumo excesivo de sal”, dice Monzón. Esta afección se caracteriza por la acumulación de placa —sustancia pegajosa compuesta de grasa, colesterol, calcio y otras que se encuentran en la sangre— en las arterias. Con el tiempo, esta placa se endurece y angosta las arterias. Eso limita el flujo de sangre rica en oxígeno.

“El consumo del cloruro de sodio provoca que las arterias pierdan su elasticidad, hace que el organismo no funcione de la misma manera y que al corazón se le dificulte trabajar. Los pacientes con problemas de presión alta son los más vulnerables a la sal”, explica el cardiólogo Guillermo Gaitán.

“Lo primero que se hace con ellos es disminuir o incluso eliminar el consumo de esta”, agrega Gaitán.

Opciones

La sensación del peculiar salado del cloruro de sodio puede experimentarse también con variedad de especias que no son dañinas para el organismo.

Los médicos recomiendan no consumir más de 5 gramos de sal al día, que sería menos de la mitad de una cucharadita. “La sal salina (proviene directamente del mar) o la sal negra (proviene de una mina) son excelentes suplementos, ya que tienen menos cantidad de cloruro de sodio”, comenta Monzón.

Monzón propone utilizar tomillo —se usa especialmente para sazonar carnes, recados y salsas—, semilla de ayote —para recados, en polvo; y entera, para ensaladas—, semilla de girasol —ideal para ensaladas con unas gotas de limón y aceite de oliva—, ajonjolí —ideal para ensaladas, recados, y para sellar carnes—, comino —para salsas y carnes; el consumo de este ayuda a la digestión—, mostaza —para sazonar las carnes blancas o rojas antes de prepararlas—, y el cúrcuma o curry, que por su intenso sabor se utiliza para guisados.

Atención a baleados cuesta por lo menos 6 mil quetzales. 

La violencia mina los recursos que el Estado destina a salud. A diario unas 10 personas resultan con heridas de  bala a escala nacional, quienes acuden a hospitales públicos y unas 15 a 20 son asesinadas, a quienes trasladan a las morgues de la republica. Un paciente con herida superficial causada por bala puede representar gastos de hasta Q6 mil, calcula el director del Hospital Roosevelt, Carlos Soto. Los costos pueden llegar a  Q40 mil o Q50 mil, si se trata de un niño lesionado por balas, porque debe estar en cuidados intensivos durante el tratamiento.

El costo de atención diaria por cada paciente, si la herida no es grave, ronda los  Q1 mil, según estimaciones del director del Hospital General San Juan de Dios, Julio Figueroa

Lesionados

Del 1 de enero al 21 de junio fueron lesionadas por balas mil 703 personas a escala nacional, según datos de la Policía Nacional Civil.

Cien subametralladoras UZI de la Policía Nacional Civil, podrían estar en manos del crimen organizado.

Las armas fueron entregadas en marzo de 2013 pero hasta mayo no habían sido ingresadas en el inventario de la institución policial, según la Contraloría.

La Contraloría General de Cuentas (CGC) en su informe de la auditoría de 2014 practicada en el Ministerio de Gobernación, detalla que cien subametralladoras no fueron registradas en el libro de inventarios y fueron distribuidas sin controles.

El hallazgo corresponde a la auditoría del programa Servicios de Seguridad a las Personas y su Patrimonio, a cargo de la Dirección General de la Policía Nacional Civil. El informe cita “que la forma 1H No. 641596 Constancia de Ingreso a Almacén y a Inventario de fecha 31/03/2014, por el ingreso de 100 subametralladoras marca, UZI, modelo PRO, SMG, calibre 9X19mm, por un valor de Q1 millón 178 mil, no cuenta con las firmas de autorización y los sellos de los responsables”.

Sanciones administrativas

Por el descontrol del armamento en la Policía Nacional Civil, la Contraloría General de Cuentas impuso sanciones económicas de Q4 mil 708 a Claudia Eugenia Trinidad Barillas, jefa interina de la sección de inventarios; Q13 mil 518 a Olga Beatriz González Fuentes, jefa de la Unidad de Planificación Administrativa y Financiera, y al guardia del almacén, Edwin Antonio Lima Reyes, Q4 mil 708.

Sindicalistas son aliados del Gobierno

La semana antepasada un grupo de sindicalistas, entre ellos Joviel Acevedo, dirigente magisterial, exigía que no se cambie la fecha de elecciones ni haya reformas constitucionales.

No era la primera vez que Acevedo actuaba contrario a las manifestaciones ciudadanas. A finales de abril tachó de “irresponsables” a quienes protestan contra la corrupción. “Nosotros nos abstraemos de estas situaciones político partidistas porque en nuestra institución como sindicato prevalece la Constitución”, afirmó. En tono despectivo expresó: “Nosotros hacemos un llamado a esa gente irresponsable que detrás de computadoras que escriben y hablan cosas, que si efectivamente quieren cambiar el país que se organicen de cara al sol, así como salimos nosotros”.

Posteriormente aseguró que no le importaba si renunciaba o no el presidente Otto Pérez Molina porque sus objetivos son gremiales. La mayoría de analistas considera que las palabras de Acevedo evidencian su actitud de apoyo al Gobierno y a la clase política que ahora está cuestionada.

En esa misma posición parecen ubicarse dirigentes como Luis Lara, del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud, y Pedro Esquina, de la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina (Conic).

Ven compromisos

Luis Linares, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes), afirma que sorprende la indiferencia de los líderes sindicales ante el clamor social que demanda combatir la corrupción.

“Están totalmente ausentes de la demanda de rechazo a la corrupción”, afirmó Linares. Agregó que le restan importancia a temas de interés nacional cuando este debería ser el momento para pronunciarse, como lo hacen los universitarios y otros sectores.

“Los dirigentes de los sindicatos del Magisterio y de Salud están comprometidos por los pactos colectivos que han negociado con autoridades de gobierno. Se han convertido como una caja de resonancia de las demandas gubernamentales”, expuso Linares.

Citó como ejemplo la solicitud de aprobación del presupuesto e impuesto, entre otros. “Evidencian que no son independientes y que responden a compromisos”, añadió.

Mariano González, politólogo del Instituto Nacional de Problemas Nacionales, comentó que “todo apunta a que hay acuerdos previos que hacen que —los sindicatos— no apoyen estos movimientos. Además, están haciendo una mala lectura del movimiento social porque no lo ven como una manifestación espontánea y legítima de la población”.

Capturan a tres vinculados con asesinato de periodistas

El Ministerio Público efectúa un operativo en diversos sectores del país en busca de los presuntos responsables del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar, ocurrido el 10 de marzo en Mazatenango, Suchitepéquez..

Cuándo van a capturar a los responsables del asesinato del periodista de notisiete y T13 noticias: Rolando Santis, quien fue asesinado a un mes despues que tuviera una acalorada discusión con Marlene Blanco Lapola, en el tiempo del gobierno de Sandra Torres y Colom.

¿Por qué la CICIG se anda por las ramas? ¡Basta de impunidad!

No queremos más casos como el del corrupto Carlos Castresana quien pirateó el guión de la telenovela: "Sin Senos no hay paraíso", para encubrir a Sandra Torres, Alvaro Colom y a otros, del asesinato de Rodrigo  Rosemberg. ¿Se acuerdan?

Caso de Hector Florentino Rodriguez Heredia, ex subdirector de Apoyo y Logística de la Policía Nacional Civil, a quien sindican de pertenecer a una red de corruptos y capturaron a varios subalternos de Rodriguez Heredia.

Lo mismo pasó en el Sistema Penitenciario, en donde fue detenido  Edgar Camargo, ex director del (SP), donde descubrieron otra red de corruptos y el caso Lima Oliva, quien sindicó directamente a Mauricio López Bonilla de ser él quien diera las ordenes, para que funcionara esa mafia dentro de los penales. Aseguró tener las pruebas suficientes del caso. 

Salió a relucir otra sindicación publicamente, en donde dan a conocer que el ex director y director adjunto y otros mandos de la PNC, conforman el cártel del narcotráfico "la Charola". Dan fechas y lugares de las acciones de dicha red criminal.

No hace falta tener más de 3 dedos de frente, para saber que a esos puestos son nombrados personas de la entera confianza y reciben instrucciones precisas, del ministro de gobernación. O ¿quién les da posesión en esos cargos? ¿...? .

La casualidad es que en las dependencias que dependen del ministerio de gobernacion, operaban redes de mafias con toda la impunidad, hasta que la CICIG, los descubre. Lo más ridículo son las declaraciones de Lopez Bonilla, quien dice que en el caso de Rodriguez Heredia, él ya había pedido que investigaran. ¿A donde? ¡Si los directores y sub directores de la PNC, del SP, Migración...! dependen y acatan ordenes directas del Ministro de Gobernación y él es el responsable de lo que ahí pasa y deje de pasar.

Según la investigación, Heredia habría adquirido varios inmuebles en Guatemala y Chiquimula con los fondos desviados de la Subdirección General de Apoyo Logístico de la PNC.

Entre octubre de 2012 y enero de 2015, Rodríguez Heredia benefició con miles de compras directas –por más de Q56 millones– a una red de empresas de papel propiedad de Elden Leonel Cabrera Chan, que supuestamente proveían repuestos y servicios de reparación a las patrullas y comisarías de la PNC, que nunca se realizaron.

Los investigadores de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y el Ministerio Público (MP) sospechan que estos fondos habrían sido desviados a empresas en Guatemala, EE. UU. y Panamá.

Caso Edgar Camargo: Camargo fue nombrado director del Sistema Penitenciario el 21 de febrero de 2013, por Mauricio López Bonilla, ministro de gobernación, en ese entonces. Es sindicado de los delitos de asesinato, cohecho pasivo y lavado de dinero.

Caso la "Charola" de la PNC. Se estima que el Cartel de La Charola tiene mucho más de mil miembros activos dentro de su organización, además de que ha habido varios miembros de la PNC que han sido sobornados o chantajeados para que, en determinados tumbes, trabajen con La Charola. La Charola fusionó ambos grupos, aunque todavía existe cierta división entre los dos bandos. Trabajan juntos para todo lo que tenga que ver con drogas -como es el caso de los tumbes-, protegiendo los cargamentos de droga, vendiendo droga robada, lavando las ganancias obtenidas de la droga, entre otros.  

La gente de Rember Larios, ex subdirector general de la PNC, cuando era directora Marlene Blanco Lapola, hermana de Orlando Blanco jefe de campaña de Sandra Torres. También se ha expandido hacia otros ilícitos, como el sicariato, el contrabando de gasolina, el chantaje, el secuestro de contenedores de mercancías, una red de prostitución (algunas de las prostitutas de esta red son miembros de la PNC), etcétera Hoy en día, la gente bajo el mando de Larios es la más poderosa. 

Tumbes de La Charola liderados personalmente por Larios

El 17 de octubre de 2009, a las 6:00 p.m., en el kilómetro 16 de la ruta al Atlántico, en una gasolinera, a pocos metros de la Comisaría 12 de la PNC. Larios obtuvo el aviso por un informante de la DAIA llamado Paredes.  Robaron 800 kilos de cocaína de un camión que se encontraba estacionado frente a la tienda de conveniencia. Primero instalaron un punto de control, utilizando la patrulla DINC-01 (que se las facilitó el jefe de la División de Investigación Criminal —DINC—, Marco Tulio Folgar Palma), la cual condujo el agente Luis Alberto Marroquín Martínez. Los kilos fueron vendidos al propietario de la línea de autobuses Las Charras, quien estaba vinculado con Juan Ortiz López, alias Chamale (extraditado a EE.UU. en mayo pasado), y con Erick Zúñiga, alias Pocho. Otros miembros de la PNC afiliados a La Charola que participaron en este tumbe fueron  Werner Yovani Leal Yaxcal (vinculado con Walther Overdick y Los Zetas y que, más tarde, se convirtió en director general adjunto de la PNC); el subcomisario Luis Francisco González Estrada; el comisario Fidel Herlindo Martínez Rodríguez, alias el Chucho; el comisario Alfredo Velásquez Sánchez; Jorge Ernesto Aldana Gálvez; y el comisario Baltazar Gómez Barrios. 

Un sábado de mayo de 2009, en San Lucas Sacatepéquez, Rember Larios y Werner Yovani Leal Yaxcal lideraron este tumbe. Obtuvieron la información de excomisarios de la PNC. A medianoche, entraron a la fuerza en una casa y robaron 1,500 kilos de cocaína y dinero. Hasta trataron de llevarse a dos colombianas, pero ellas habían llamado a un abogado y el abogado llamó a otras autoridades. Tomaron el cargamento, y, al día siguiente, los de la oficina del Fiscal allanaron legalmente la casa, pero solo encontraron un contenedor vacío. 

Pueblo de Guatemala por el bien de todos tomemos en cuenta estas recomendaciones.

La Fiscal General Thelma Aldana y el jefe de la Cicig Iván Velásquez hicieron un llamado a los guatemaltecos a no votar por personas señaladas de corrupción.

Ante los últimos escándalos de corrupción descubiertos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público (MP), los jefes de esas instituciones llamaron ayer a la ciudadanía a unirse a una cruzada contra la corrupción y que no vote por personas señaladas.

Iván Velásquez, jefe de la Cicig, señaló que esta es la oportunidad para hacer el llamado general a la sociedad porque “estamos en este momento en una cruzada verdadera en la lucha contra la corrupción”.

Velásquez afirmó que esta es “una ocasión muy propicia para que la comunidad en su conjunto presente conocimientos de hechos delictivos, porque esta es probablemente la mejor oportunidad para el país de enfrentar con toda decisión la lucha contra la corrupción”.

Thelma Aldana, fiscal general, indicó que ese es un tema que le incumbe únicamente al TSE y “lo más aconsejable es pedirle a la población que no vote por estas personas, puesto que han dado muestras de que no han respetado la investidura que el pueblo de Guatemala ha delegado en ellas”.Esas declaraciones fueron vertidas durante la conferencia de prensa en la cual se reveló un nuevo caso de corrupción en el Congreso, por el que fueron capturadas dos personas y se solicitó antejuicio contra el expresidente del Congreso Pedro Muadi.

Mensaje positivo

Distintos sectores aplauden las declaraciones de ambos funcionarios, ya que en el país no existe una cultura de denuncia, debido a la impunidad que impera en las instituciones del sistema de justicia.

El politólogo José Dávila expresó que este es un mensaje de que el trabajo de extirpar la corrupción se mantiene.

“Es un mensaje para que los ciudadanos colaboren para extirpar la corrupción, para que los ciudadanos no se cansen y no pierdan la esperanza. La corrupción es un cáncer que hay que eliminar”, explicó Dávila.

El politólogo de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) Javier Brolo indicó que actualmente las personas no denuncian por frustración y desencanto o por miedo y represalias, y en la medida que se garantice la seguridad a los denunciantes, la participación ciudadana crecerá para perseguir la corrupción.

“En la actual coyuntura es importante que la ciudadanía se informe y asuma con responsabilidad su voto. Depende del involucramiento ciudadano para denunciar y fiscalizar a los partidos”, dijo Brolo.

Jorge Wong, politólogo del observatorio democrático de la Universidad de San Carlos de Guatemala, considera que es importante que la población siga denunciado todo acto de corrupción, ya que no existe la cultura de la denuncia porque se tiene la idea de que el sistema jurídico es corrupto.

“Con los casos descubiertos por la Cicig se tiene una percepción más certera de la que se tenía antes. La cuestión de mantener la denuncia es buena y oportuna, y eso va a determinar cómo trabaja la justicia en Guatemala”, dijo Wong.

Aseguró que el voto debe enfocarse en los planes de gobierno presentados y no en el candidato, ya que las ideas y esos planes son los mejores elementos de escrutinio.

MP y CICIG capturan a integrantes de red que defraudó al menos Q56 millones. ¿Qué pasó con Mauricio López Bonilla ex ministro? Él colocaba únicamente a gente de su confianza para realizar ese tipo de actividades anómalas. 

Como resultado de los 32 allanamientos que realizaron elementos de seguridad en compañía de los fiscales lograron la captura de 12 personas, entre ellos, Héctor Florentino Rodríguez Heredia, quien fungió como subdirector de la Dirección General de Apoyo y Logística (SGAL) de la PNC, hasta el 12 de enero cuando presentó su renuncia a Mauricio López Bonilla, entonces ministro de Gobernación.

Según Iván Velásquez, titular de la CICIG, la forma de saquear al Estado de los ahora detenidos era por medio de la adquisición de bienes y reparaciones mecánicas para autopatrullas que jamás se realizaron a empresas fantasmas o de cartón. Asimismo, por contrataciones de obras como reparaciones, remozamientos o remodelaciones para subestaciones y comisarías de la PNC, las cuales nunca se dieron porque fueron realizadas por elementos de la institución.

“De tres maneras específicas accionaba ese grupo liderado por el subdirector de Apoyo Logístico y por el contratista Elden Cabrera, quienes constituyeron una sociedad en Panamá con dos asesores de la subdirección, que se entiende era la forma para canalizar los recursos”, dijo Velásquez.

Sin dar a conocer los motivos, por medio de un comunicado de prensa, la Confederación Central General de Trabajadores de Guatemala (CGTG) dio a conocer que a partir de las 8:00 horas de este lunes una manifestación pacífica.

El punto de concentración será el Obelisco; la marcha iniciará a las 8:00 horas y su recorrido será por la Avenida Reforma hacia el Congreso de la República.

Juzgado embarga fincas a esposo de ex vicepresidenta

Ocho fincas que juntas tienen una extensión de 114 mil 467.68 metros cuadrados —unas 11.4 hectáreas o 16 manzanas—, propiedad de Mariano Donald Paz Montes, esposo de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fueron embargadas por Marco Antonio Villeda, juez de Extinción de Dominio.

Entre los inmuebles se encuentra el que ocupa la mansión La Montagna, ubicada en Tecpán Guatemala, Chimaltenango.Según el Registro General de la Propiedad, los otros siete bienes se ubican en el mismo departamento, pero no se precisaron direcciones.

Las trampas jurídicas para el poder ciudadano

Jorge Mario Rodríguez Martínez

En su Crítica de la razón jurídica, el jurista español Alejandro Nieto afirma que “la ‘maldad’ humana no suele actuar al descubierto sino que gusta de enmascararse con protecciones religiosas y jurídicas”. No sorprende, por tanto, la extraña fascinación que, sienten los sectores conservadores por la ley y la institucionalidad, siempre y cuando estas se limiten solo a las formas y las reglas, aun abandonado el espíritu y los valores. La razón consiste en que el derecho, como sistema normativo encaminado a regular al poder legítimo, puede convertirse en un mero mecanismo de control.

Esta reflexión nos dirige a los posibles usos del derecho como un instrumento de represión y criminalización de la protesta social, e incluso, del mismo poder constituyente originario. Estos usos se ubican en los vacíos de poder de un orden social en el que los derechos fundamentales han sido destruidos por el virus de la corrupción que permea todo el tejido social. Una sociedad así suele estar coronada por un Estado fallido y violento.

En este contexto puede analizarse la retención de manifestantes realizada por la Policía Nacional Civil hace unos días. Con razones de peso, la ciudadanía duda de las razones esgrimidas para la desproporcionada exhibición de fuerza de los miembros de esta institución. Esta acción refleja la vocación estatal por el miedo, opción preferida de los gobiernos asesinos, de los que Otto Pérez Molina no desconoce su funcionamiento. El miedo es poderoso hasta el punto que el mismo Montesquieu llegó a afirmar que su mayor temor era sentir miedo.

La única manera de contrarrestar el miedo es ejerciendo de manera vigorosa la libertad, no la de los neoliberales (pura no-interferencia), sino la participativa, la necesaria para alcanzar la autonomía social que requiere la tarea de construir un futuro digno en un contexto global sombrío. La protesta, la resistencia y la desobediencia civil son legados de la Declaración de los Derechos Humanos. Siguiendo a Eugenio Raúl Zaffaroni, sabemos que el ejercicio racional de un derecho reconocido no constituye un ilícito.

Estos cambios, desde luego, son vistos con recelo no solo por el Gobierno sino también por sectores sociales poderosos, entre ellos, los que han invertido demasiado en su apuesta por la captura del Estado. Estos grupos saben que una de las maneras de bloquear la articulación política del actual proceso ciudadano consiste en el uso abusivo de las instituciones –las mismas que estos han violado desde siempre. Así, el Estado y los grupos fácticos plantean la criminalización del poder ciudadano, asegurando una pizca de consenso a través de medios de comunicación que disfrazan de opinión pública los más crudos intereses. La reciente manipulación de información que realizó Republicagt planteó respecto al movimiento #HAGAMONOSELPARO es muestra de ello.

En esta pugna por el control del Estado corrupto, deben ubicarse las demandas frívolas contra el rector de la Universidad de San Carlos y el director del IPNUSAC, Edgar Gutiérrez. La demanda en mención acude a términos como sedición, conspiración y rebelión, los cuales generan un desagradable deja vú en la conciencia ciudadana.

Dichas demandas no proceden porque la Constitución dota a la Universidad de San Carlos de Guatemala de facultades para proponer iniciativas de ley, y estudiar y resolver los problemas nacionales. En un ejercicio de responsabilidad política, la Usac ha creado una Plataforma para la Reforma del Estado que, usando mecanismos institucionales que todavía poseen un adecuado nivel de eficacia, pueden ayudar a sortear una crisis cuyas consecuencias son imprevisibles.

La ambición política que motiva estos recursos buscar plantear estrategias para “ganar” tiempo, de manera que las demandas ciudadanas no se concreticen políticamente. Son medidas desesperadas que denotan una preocupante lectura del poder ciudadano. Algunos candidatos no reparan en que su actitud de confrontación disminuye su caudal de votos de manera apresurada, y que en todo caso al ganar, su legitimidad será muy exigua, tanto que no aguantará un repentino temporal de la indignación ciudadana, la cual difícilmente vuelva a dormirse de manera tan profunda por tanto tiempo.

La ciudadanía debe impedir que prosperen estos recursos maliciosos. Se requiere, además, el ejercicio de las virtudes ciudadanas por parte de aquellos que trabajan en el sistema jurídico y administrativo. El buen juez o jueza, por ejemplo, sabe que su trabajo se rige por la Constitución, y en esta dirección, más a su espíritu y valores que a su letra. La labor del juez tiene dimensiones morales innegables.

La solución a la crisis institucional que vivimos solo puede ser política, en el sentido auténtico del término. La ciudadanía busca un orden social justo y digno que permita enfrentar los desafíos del futuro. Estos son tan cruciales que la ciudadanía permanecerá activa por un tiempo incalculable, marcando el ritmo de la refundación de la sociedad, inventando nuevas actividades, planteando mapas políticos pertinentes y factibles. ¿Y por qué vamos a permitir que criminalicen a nuestra Usac, al rector Carlos Alvarado Cerezo, a Edgar Gutiérrez, a Jose Rubén Zamora y a tantos ciudadanos por ponerse a la altura de los tiempos? ¿Dejaremos que intereses ilegítimos engullan el futuro de nuestros hijos?