Sandra Torres es inelegible por corrupción, 

desorden en programas sociales y se violaría la 

Constitución de la República.

Es público, por ejemplo, que Sandra Torres presidió el gabinete de ministros y dirigió y coordinó a ministros y secretarios de la Presidencia, desde el inicio del régimen de Colom, lo que también consta en acuerdos gubernativos y en informaciones de prensa. Se confirma, entonces, que Torres efectivamente actuó como jefa de gobierno “informal”, por supuesto sin haber sido electa para dicho cargo.

Esto supondría que la “camarilla gobernante” bajo la presidencia “formal” de Colom habría alterado el orden constitucional para que Sandra Torres fuera jefa de gobierno “informal”. Esto, conforme al Artículo 186, literal a), de la Constitución, impediría a Torres optar al cargo de Presidente y que la autoridad electoral inscribiera a Torres como candidata presidencial. Sin embargo, el TSE la inscribió. 

En su libro Rendición de Cuentas, el exministro de Finanzas, Juan Alberto Fuentes Knight, expresa que durante el régimen de Álvaro Colom (2008-12) ocurrió una suerte de sustitución de la estructura formal del gobierno o del Organismo Ejecutivo por una estructura informal (Consejo de Cohesión Social), que asumió todo el poder político. Afirma Fuentes Knight que “el Consejo de Cohesión Social llegó a ser más importante que el propio gabinete y que es lo que mejor ejemplifica la función informal de primer ministro que ejercía la primera dama (Sandra Torres)”. Esta instancia, señala Fuentes Knight, “sustituyó al gabinete general y se convirtió en una de las fuentes de poder de Sandra Torres”. Por cierto, el primer ministro en un sistema parlamentario es quien ejerce la jefatura de gobierno o del Ejecutivo.

“La instancia de cohesión social pronto se convirtió en el foro de toma de decisiones más fuerte, que incluía no solo a ministros sino también a secretarios y a directores de entidades que manejaban recursos, como Fonapaz y el Fondo Guatemalteco para la Vivienda (Foguavi)”, agrega Fuentes Knight. Respecto del programa Mi Familia Progresa, Fuentes Knight dice que “el cuestionamiento posterior sobre el manejo de fondos a que estuvieron sujetos tanto Obdulio Solórzano como Salvador Gándara puso de manifiesto los costos –desorden, corrupción o ausencia de rendición de cuentas– de acudir a mecanismos ad hoc –Fonapaz y SCEP– para realizar gastos que los ministerios debían realizar”.