Ex policias vinculados en muerte de agente que investigaba caso Mack.

En el juicio por el asesinato de la antropóloga Myrna Mack quedó comprobado cómo oficiales del Ejército participaron en ejecuciones extrajudiciales de civiles. 

Julio David López, José Miguel González y Alberto Encarnación Barrios, exintegrantes de la Policía Nacional, fueron capturados ayer, acusados del delito de deberes contra la humanidad, por supuestamente haber torturado a dos personas con el propósito de que confesaran haber asesinado a José Miguel Mérida, el 5 de agosto de 1991. 

Mérida fue el investigador policial que identificó a Noel de Jesús Beteta (especialista del Ejército) como el autor material de la muerte de la antropóloga Myrna Mack, ocurrida el 11 de septiembre de 1990. 

Después de identificar a Beteta y declarar ante un juez que el informe que él había realizado fue mutilado por altas autoridades, Mérida dijo: “Firmé mi sentencia de muerte”. Y así fue. Murió baleado en el parque Enrique Gómez Carrillo, frente al palacio de la Policía Nacional. 

Los recién capturados son sindicados de montar pruebas contra Alfredo Guerra, a quien sacaron de su casa sin orden de juez y lo torturaron para que se autoimputara el asesinato de Mérida. Un tribunal absolvió a Guerra, dos años después fue desaparecido en Villa Nueva. 

El 27 de agosto, los mismos agentes secuestraron a Gonzalo Cifuentes y dijeron que él había confesado asesinar a Mérida y lo golpearon para que aceptara su falsa responsabilidad frente a los medios de comunicación, donde exculpó al Estado del crimen del investigador. Cifuentes fue declarado inocente y asesinado. 

Christian Tomuschat, jefe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico,  entrevistó a Cifuentes y este denunció los vejámenes. El testimonio consta dentro de las pruebas del Ministerio Público. 

El fiscal del caso informó que González fue candidato a alcalde de Jutiapa por el PAN y señaló que hay una orden de captura pendiente. 

El 12 de junio se realizará la audiencia en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal para determinar si los imputados quedan ligados a proceso. El Estado de Guatemala aceptó su responsabilidad en el crimen de Mérida en 2005.