miércoles, 28 de enero de 2015

Ministerio de Gobernación y su equipo de inútiles pretenden violar ley de Acceso a la Información.

La creación de lineamientos de observancia y aplicación general por parte del Ministerio de Gobernación para la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, por medio de un consejo integrado por funcionarios de la cartera, es visto como ilegal y un acto que viola directamente la Carta Magna, afirman abogados  constitucionalistas.

Crea consejo
El acuerdo  fue publicado ayer en el Diario de Centro América,  y entra en vigor hoy. Además de establecer y crear lineamientos y criterios que servirán de guía a las autoridades administrativas, direcciones y dependencias de la cartera, en la disposición quinta crea el Consejo Específico de Información del Ministerio de Gobernación.
El Consejo estará integrado por un viceministro y un director general de las dependencias afines a la dificultad que se quiera resolver. Asimismo, el  director de Asuntos Jurídicos, el encargado de la Unidad de Información Pública, ambos de la Dirección Superior, y lo termina de integrar el enlace institucional responsable de la información solicitada a la institución.
El Consejo  analizará aquellos casos que requieran de la opinión de un “órgano técnico superior” para la clasificación y desclasificación de  información.
Inconstitucional
Mario Fuentes Destarac, expresidente del Centro para la Defensa de la Constitución, expuso: “Este es un acuerdo totalmente ilegal, porque contraviene la Ley de Acceso a la Información. En todo caso el único que puede dictar instrucciones es la autoridad reguladora de la materia, y es  la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)”.








“Ya ha habido acuerdos anteriormente en ese sentido, con los cuales se ha reservado información y de ninguna manera procede que un ministerio autoproceda a la regulación de lo que establece la Ley”, afirmó Fuentes Destarac.
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, citó el artículo 30 de la Carta Magna, que menciona que  todos los actos de la administración son públicos, salvo que se trate de asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional, o de datos de particulares suministrados bajo confidencia.
“La Constitución garantiza que la información de la administración es pública, y está por encima de cualquier ley, tratado y acuerdo. Para mí sería una flagrante violación al artículo 30 constitucional”, aseveró el experto.
Leonel Lira, diputado de Encuentro por Guatemala, indicó que lo que establece el acuerdo ministerial “es  una violación a la Ley”.
“Adicionalmente a eso, aun cuando establezcan un consejo o que clasifiquen la información para entregarla, diría que será inútil, puesto que este es un acuerdo ministerial que está muy por debajo  de lo establecido por la ley aprobada por el Congreso”, sostuvo Lira.
Rodolfo Rohrmoser, abogado constitucionalista,  agregó que en principio pareciera “que el acuerdo sí limita la ley, y al estar limitando la ley limitaría la garantía constitucional”.
“La PDH ya debería estar hablando al respecto, ya que tiene una función muy importante en este caso”, dijo Rohrmoser.
Maniobra
Restringen información
Mario Fuentes Destarac indicó que este acuerdo se podría interpretar como una maniobra para intentar no mostrar información de movimientos realizados por la  administración.
“Indudablemente estos acuerdos lo que tratan de hacer es restringir el acceso a la información y por eso es que son totalmente ilegales; las leyes son superiores a los acuerdos”, enfatizó.
Constitucionalista
Ley sería innecesaria
Carlos Molina Mencos, abogado constitucionalista, refirió que la Ley de Acceso a la Información  “es innecesaria porque la Constitución está por encima de toda ley” y en la Carta Magna se establece la facultad que tienen los habitantes de solicitar información.
“Pero como no se cumplía, por los abusos, fue que se sacó la ley, pero hasta cierto punto restringe el derecho porque pone términos”, declaró.
Funcionarios que han buscado coartar acceso
Alcaldes, ministros y hasta el  presidente Álvaro Colom intentaron ocultar información desde que entró en vigor la Ley de Acceso a la Información, 
el 23 de septiembre del 2008.

19-11-2014 Condenan a alcalde
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