El año que marcó la debacle del Partido Patriota

A un año del final, el gobierno del Partido Patriota, administrado por el general retirado Otto Pérez Molina, ha dejado más insatisfacciones que resultados positivos.

Escándalos de corrupción, tráfico de influencias, enriquecimiento dudoso, cooptación del sector justicia, amedrentamiento a la Prensa y una crisis financiera que casi colapsa al Estado, es el sumario de un año fatídico para el gobierno de Otto Pérez.

Fue el tercero del Partido Patriota (PP), un periodo clave para mostrar algún avance, según comentan analistas políticos. Sin embargo, para el poder Ejecutivo, el 2014 ha sido clave en función de su protección a futuro. Han logrado seleccionar jueces y magistrados a su comodidad, así como a la fiscal general, Thelma Aldana. El objetivo: asegurarse funcionarios acordes a sus necesidades de impunidad.

Esto sucedía en paralelo a la crisis financiera del Estado que agravó la situación, ya precaria, del sistema de salud, la sequía que afectó a miles de campesinos y que fue apenas resuelta tardíamente, sumado a los ataques contra la Prensa por criticar o cuestionar las decisiones del Gobierno, y las capturas de gente relacionada a la rosca de poder del Presidente y la Vicepresidenta, que afectarían en un proceso judicial contra ambos.

Justicia controlada

La elección de magistrados de Salas y CSJ fue cuestionada por diferentes sectores.

La mejor estrategia política del gobierno de Otto Pérez destacó en 2014 cuando comenzaron los procesos de Comisiones de Postulación para seleccionar a los funcionarios que administran el sistema judicial, contralor, investigativo y electoral.

Las tácticas iniciaron con la llegada de Juan de Dios Rodríguez a la presidencia del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en donde se formó el centro de operaciones del Gobierno para manejar desde la elección de los postuladores, hasta la selección de los funcionarios. Gustavo Herrera y Rodríguez, operadores politicos del binomio presidencial, manejaron a cientos de abogados contratados en el IGSS como asesores para lograr las cuotas de poder que necesitaban.

Primero, algunos magistrados del Tribunal Supremo Electoral, luego se logró la reducción del periodo de Claudia Paz y Paz al frente del Ministerio Público para darle paso a la elegida por el Gobierno, la actual fiscal, Thelma Aldana. Para terminar el año, una alianza con el partido Libertad Democrática Renovada (Lider) permitió elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de Salas de Apelaciones que obedecerán a los intereses de ambos partidos.

Esta cooptación del sistema judicial, según Carmen Aída Ibarra, del Movimiento ProJusticia, se extenderá a la elección de Contralor General de Cuentas y a la dirección del Instituto de la Defensa Pública Penal.

La analista considera que los operadores “siempre han tenido el cuidado de no hacerlo tan obvio y tratan de operar desde distintos lugares, pero en este caso se aprovecharon del IGSS para organizar la cooptación”.

"Los pronósticos oscuros resultaron ser ciertos. Fueron procesos sumidos en las sombras”.

Carmen Aída Ibarra, Movimiento ProJusticia.

La opaca transparencia

Baldetti no da a conocer la forma en que ha adquirido nuevos bienes desde que asumió la Vicepresidencia.

Uno de los estandartes de Roxana Baldetti, mientras era diputada de la oposición, fue criticar los procesos viciados del Gobierno. Pero, llegada al poder su anunciada lucha contra la corrupción resultó infructuosa, pues se han descubierto negocios entre altos funcionarios de Gobierno y empresas interesadas en contratos estatales.

A la Vicepresidenta, al Presidente y a otros funcionarios se les ha cuestionado por la variedad de propiedades millonarias que han adquirido en los últimos años, a pesar de que los valores de estas son mucho mayores a lo que han percibido en su carrera política. Sin embargo, se han negado a hacer pública su declaración patrimonial para dilucidar si se han enriquecido ilícitamente o por medio de negocios personales que no tienen relación con el Estado.

Además, al presidente Otto Pérez se le ha señalado de beneficiar a la empresa argentina Kolektor para funcionar junto a la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) en la recaudación de impuestos. También con la firma suiza Security Assistance Group (SAG) para implementar un nuevo sistema de control migratorio. En ambas contrataciones se ha descubierto que el Presidente se ha reunido o ha conversado personalmente con agentes de esas empresas para soldar las negociaciones.

Según Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, en el tema de transparencia ya se perdió la credibilidad porque es una batalla que se debió pelear en los primeros años de Gobierno. “En términos de corrupción, este año fue como la coronación para esta administración.

Contrataron con más rapidez y sin licitar, por lo que si hubieran querido hacer obra, hubieran podido, pero la gente nunca vio los resultados. Fue beneficioso solo para los funcionarios”, comentó.

"El Gobierno demostró que su prioridad no era la transparencia sino la corrupción. Fue el año con mayor impunidad sin hacer licitaciones”.

Manfredo Marroquín, Acción Ciudadana.

Crisis financiera

LA SAT, con Carlos Muñoz al frente, no cumplió con la meta de recaudación durante 2014.

Debido a la confrontación constante con el Congreso de la República, el presupuesto para 2014 no fue aprobado, por lo que se quedó vigente el de 2013. Un reto para el poder Ejecutivo que había destinado más de Q8 millardos en bonos y préstamos en el gasto anterior, por lo que el año fiscal 2014 no tenía base de financiamiento, existía entonces un agujero fiscal.

Además, la meta de recaudación de la SAT no se cumplió. De Q50 millardos programados, solo se recolectaron Q39 millardos. A pesar de que se realizó una intervención operativa de las aduanas de octubre de 2013 a enero de 2014. Pero, la SAT autorizó para 2014 una meta de Q51 millardos, que tampoco se cumplió.

“El Ejecutivo, en vez de tapar el agujero desafió al Congreso y abrió un segundo agujero al ampliar el presupuesto con fuentes tributarias para pagar al magisterio. Se advirtió que había un agujero fiscal, pero en vez de buscar soluciones, se hicieron de la vista gorda, y se da el cambio de Ministro. Con la crisis encima, insistían en la ley de inversión y empleo que contiene exenciones fiscales, que afortunadamente no pasó”, comentó Ricardo Barrientos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi).

“Esta crisis financiera evidencia una profunda irresponsabilidad de las autoridades del Ejecutivo porque sabiendo desde enero que había un agujero fiscal, se pusieron a enfrentar al Congreso y en octubre pidieron Q4 millardos de bonos, cuando ya había crisis. Lo peor es que esta crisis costó vidas en los hospitales”, enfatizó Barrientos.

 Q50

Millardos estaban programados como meta. Solo se recolectaron Q39 millardos.

La prensa como enemigo

Agresiones e intentos de coartar la libre emisión del pensamiento han caracterizado al actual Gobierno.

El año 2014 comenzó con denuncias penales del binomio presidencial contra el presidente de elPeriódico, Jose Rubén Zamora, aunado a una auditoría de la SAT. Por el rechazo que generó la acción penal contra Zamora, el Presidente retiró la demanda, pero aunque la Vicepresidenta tambien anunció el desistimiento, no lo hizo.

En tanto, los reporteros de este medio han sido interrumpidos sistemáticamente por otros trabajadores de medios afines al Gobierno en las conferencias de prensa de Pérez y de Baldetti, por hacer cuestionamientos críticos. Al punto de negarle el ingreso a Casa Presidencial a un periodista y golpear a otro en las gradas del mismo recinto.

En septiembre, el Gobierno descubrió su espionaje a los medios cuando presentó una investigación de elPeriódico sobre una propiedad de la Vicepresidenta en Chimaltenango, antes de que se publicara en el medio. Cuando se intentó cuestionar a Baldetti sobre el hecho, su seguridad impidió el ingreso a la actividad donde se encontraban varios comunicadores, golpeó al reportero y le rompió la cámara al fotógrafo.

El propio presidente llamó a Emisoras Unidas para solicitar que el reportero que cubre esa fuente fuera removido o destituido. El mismo día, se comunicó con Prensa Libre para quejarse sobre una nota que no lo mencionaba a él. En noviembre, la revista ContraPoder denunció que agentes del Gobierno compraron los ejemplares del día en que se publicó una investigación sobre corrupción en la Policía Nacional Civil.

“Desde antes de su campaña, este Gobierno hizo un uso perverso del periodismo, hubo medios que armaron en donde se dedicaron a difamar a opositores. Es un Ejecutivo que ha sido abusivo con la prensa”, expresó Evelyn Blanck, del Centro Civitas y Sala de Redacción.

Agresiones a periodistas

Hasta agosto de 2014, hay 163 expedientes por agresiones a periodistas en la Fiscalía de Derechos Humanos del MP. En 2013, se reportaron cuatro asesinatos. En 2014, fueron agredidos 99 periodistas, de los que siete son mujeres, 65 hombres y 27 que no están individualizados. En estos casos, 60 de los agresores son funcionarios públicos.

Amigos de la oposición

La bancada Lider se alió con el partido oficial para votar por diferentes temas en el Congreso de la República.

De aquella lucha contra Manuel Baldizón, precandidato de Lider, que el entonces candidato, Otto Pérez Molina, peleó en el proceso electoral de 2011 queda muy poco. Ahora, luego de tres años de enfrentamiento público, se descubre la estrategia que el Partido Patriota había guardado debajo de la mesa, una alianza con la supuesta y temida oposición roja.

En septiembre, el Congreso determinó quiénes son los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y Salas de Apelaciones. Lograron los 105 votos entre la bancada oficialista y la opositora, algo que marcaría el parte aguas de la relación entre ambos partidos. Luego llegó el segundo acuerdo, la aprobación del presupuesto 2015, préstamos, bonos e impuestos en noviembre. También se menciona la salida inminente del ministro de Energía y Minas, Erick Archila, y la elección del Contralor General de Cuentas.

Los acuerdos se habrían pactado entre el precandidato oficialista Alejandro Sinibaldi y Baldizón, entre otros personajes de ambas agrupaciones. Según fuentes del Congreso, los votos para lograr el presupuesto habrían costado Q500 mil en plena crisis financiera del Estado.

“Nunca hubo oposición, los acercamientos siempre estuvieron. Lider hizo un trabajo de sabotaje para tratar de impedir el funcionamiento del Congreso. Aunque el sabotaje dejaba de funcionar cuando se aprobaban temas de urgencia nacional que beneficiaban al Ejecutivo. La principal víctima es la UNE, porque es el principal opositor de ambos partidos, por eso la están tratando de sacar de la contienda”, mencionó Renzo Rosal, director de Incidencia Pública de la Universidad Rafael Landívar (URL).