Crimen organizado se apodera del estado

Las sospechas crecientes de que el crimen organizado está teniendo una significativa presencia en el mercado político electoral, bajo ningún punto de vista debería de tomarse a la ligera ni subestimarse. 

La posibilidad de que las mafias apuesten a la política, a base de financiar las campañas de los candidatos a cargos de elección popular, implica ni más ni menos que el crimen organizado busca comprar voluntades, a fin de que sus negocios ilícitos no sean investigados ni penalizados, es decir, que permanezcan sin castigo. Esto es, ni más ni menos, un “pacto de impunidad” de una magnitud astronómica que nos involucra a todos los ciudadanos. 

Por supuesto, la experiencia de otros países ha demostrado que los “capos” no solamente se conforman con obtener “pactos de impunidad”, sino que también aspiran a controlar las instituciones del Estado a base de catapultar a sus “esbirros” a que ocupen cargos de elección popular, como presidentes, vicepresidentes, diputados y alcaldes, y cargos de nombramiento, como juzgadores, fiscales y policías.

La conveniencia, por ejemplo, de contar con “narcodiputados” está en que pueden bloquear o, al menos, debilitar las leyes tendientes a combatir el narcotráfico o el lavado de narcodinero. Asimismo, si las mafias cuentan con juzgadores, fiscales o policías a su servicio pueden frustrar cualquier operativo o persecución penal en su contra.

 De esa cuenta, resulta impostergable que, por un lado, se transparente el financiamiento de los partidos políticos y de las campañas electorales, y que, por otro, los candidatos a cargos de elección popular se confiesen ante las autoridades electorales, al igual que los aspirantes a desempeñarse como funcionarios por nombramiento ante las autoridades del servicio civil.

Transparentar el financiamiento político implica varias cosas: a) Hacer públicas todas las donaciones (tanto en dinero como en especie) y los donantes; b) Limitar las donaciones políticas a un máximo prefijado, y permitir que las mismas sean deducibles del pago de Impuesto Sobre la Renta; y c) Investigar la procedencia del financiamiento político. 

La confesión de los candidatos y nombrados conlleva la declaración de sus bienes, que debería ser pública, así como la investigación de sus vidas personales y del origen de sus patrimonios.

En fin, la idea es que el poder político del Estado no esté al servicio del crimen organizado ni que existan privilegios de impunidad.