Guatemaltecos aún esperan la paz prometida hace 20 años

El 29 de diciembre de 1996 se firmaron los acuerdos definitivos de la supuesta paz duradera en Guatemala; vista con buenos ojos por la población esperanzada en vivir en un ambiente de tranquilidad, seguridad y oportunidades.

Sin embargo, el único beneficiado en todo ese rollo fue el entonces presidente de Chapinlandia Alvaro Arzú, al llevarse los aplausos y los millones de euros y dólares que mandaron países amigos, para la reconstrucción de la patria y desarrollo de programas que ayudarían a los ciudadanos a vivir en una sociedad más justa, en la que pudieran desarrollar su vida y actividades con tranquilidad.

Lamentablemente, el pueblo guatemalteco que sufrió en carne propia toda esa violencia, la pérdida de su trabajo, tierras, viviendas,  seres queridos, etc., no  recibió, nada.

Aparte de eso, Arzú se dedicó a vender bienes del Estado: Telgua, Empresa Eléctrica, Ferrovías..., en varios millones de dólares, y de todo ese dinero, no se sabe nada.

Posteriormente llegaron al poder políticos que no se preocuparon en erradicar los problemas que generaron el enfrentamiento armado: la desigualdad social, la discriminación hacia los pobres, la falta de oportunidades y el abuso.

Durante esos 20 años, han pasado por las presidencias del Ejecutivo, Legislativo y Judicial, funcionarios con el único objetivo de robarse el dinero que el pueblo paga con sus impuestos.

Actualmente el país atraviesa por la peor inseguridad de la historia, con más asesinatos, que cuando estaba el conflicto armado. La violencia se ha mantenido entre 27 muertes por cada 100 mil habitantes a 108. Estas cifras posicionan a Guatemala como uno de los países más violentos del mundo oficialmente en tiempos de paz, donde los derechos humanos de la población continúan sin ser respetados.

El problema es la corrupción. Los presidentes reparten los puestos públicos por compadrazgos, amigos de su entera confianza o por compromisos con sectores que siempre han gobernado atrás del trono.

La finalidad de colocar a esas personas indeseables al frente de los ministerios es,  desviar parte del presupuesto designado, sobre-valorar los precios en compras y obtener millonarias ganancias. En el caso del Ministerio de Gobernación, está el involucrar a las instituciones de la seguridad pública en anomalías de extorsión a través de “mordidas”, tumbes de drogas, negocios con el crimen organizado y el desvío del presupuesto, como lo hizo Mauricio López Bonilla (preso) y Carlos Menocal, actual jefe de Comunicación Social del Congreso de la República, puesto que le otorgó el actual Presidente de ese Organismo, Mario Taracena, en donde prevén incrementar el gasto a más de Q7 millones en publicidad.

Por todo ese cáncer enquistado en los tres poderes del Estado, principalmente en el Ejecutivo y Legislativo, el pueblo de Guatemala apoyó la conformación de la Comisión Internacional en Contra de la Impunidad en Guatemala –CICIG-, la que al principio no dio la talla y se comparó como otro ente corrupto, pero internacional. 

Cuando se inició la –CICIG- fue designado el español Carlos Castresana como jefe de esa comisión, quien fue señalado de varias anomalías. Por ejemplo, piratear el guión de una telenovela para encubrir y desviar la atención de la población sobre el asesinato del abogado Rodrigo Rosemberg, recibir millonarias cantidades de dinero de la expareja presidencial de la UNE, para desaparecer evidencia de otros hechos criminales y corrupción.

La –CICIG- hasta ahora está dando la talla con el señor Iván Velásquez al frente. Se le aplaude por desbaratar y poner tras las rejas a esa mafia conformada por los exfuncionarios del Partido Patriota. Le aplaudimos por la desarticulación del cártel de la droga de los Mendoza, quienes están calificados de ser violentos y despojar por la fuerza de tierras a campesinos.

Pero, Aún se encuentran libres los protegidos de Castresana. Me refiero a Álvaro Colom, Sandra Torres con toda su estructura mafiosa. También, Álvaro Arzú y el narco-asesino alcalde de Ipala, Chiquimula. Cuando estos corruptos e integrantes del crimen organizado se encuentren presos, entonces los guatemaltecos estaremos convencidos que es una lucha imparcial, transparente, sin compromiso de ninguna índole que se está haciendo. De lo contrario, despiertan dudas.