CICIG y MP deben investigar abusos en administración de López Bonilla

Los entes investigadores deben extender las averiguaciones a lo interno de la administración de Mauricio López Bonilla, que van desde la contratación de personal con altos sueldos, manejo de fondos, complicidad con el crimen organizado y darle poder a la esposa para cometer abusos en las dependencias del Ministerio de Gobernación.

Cómo es del conocimiento público, López Bonilla descuidó la seguridad ciudadana, al dedicarse a ciertas actividades con el crimen organizado con la finalidad de recaudar fondos y poder contribuir a la compra de regalos valorados en millones de dólares para Otto y Roxana Baldetti.

López es señalado de asociarse con un cártel de la droga denominado la “Charola”; de colocar al frente del Sistema Penitenciario a Camargo, quien fue señalado de manejar la estructura de corrupción de ese lugar y, de la pérdida de más de cien millones de quetzales en la Subdirección General de Apoyo y Logística de la PNC. Cuando estos funcionarios de su confianza fueron apresados, él, simplemente se lavó las manos diciendo que ya había informado.   

Todo jefe es responsable de lo que pasa bajo su administración. Además, si él ya había informado —supuestamente—, ¿Por qué no actuó? Tenía la autoridad y la potestad de hacerlo. ¿Por qué esperó a que la CICIG y el MP descubrieran esos negocios sucios para decir que ya había informado?

López formó una red de empleados bien pagados de su entera confianza: asesores con sueldos altos, la jefe de Comunicación Social Karla Herrera con un sueldo de Q.20 mil, más vehículo, combustible y otros beneficios.

Así mismo, la esposa de López Bonilla valiéndose de su posición, sin tener plaza dentro del ministerio, asesorada por la señora Cristina Ruiz, realizaron varias contrataciones de personal a quienes les dieron sueldos que van desde los Q.15 mil en adelante, mensuales.

Realizaron gastos millonarios en supuestas remodelaciones de inmuebles propiedad de amistades, los que posteriormente alquilaron por sumas que van desde Q.50 mil mensuales en adelante. Hasta la fecha, varias personas contratadas por la esposa siguen dentro del ministerio y varios inmuebles alquilados.