Una conspiración contra el Estado.

Bajo los argumentos de: honrar el compromiso adquirido por el Estado en el seno de la Organización Mundial del Comercio, promover inversión, generar empleo y que no huyan del país los “grandes inversores”, un selecto grupo de funcionarios públicos: Presidencia y Ministerio de Economía a la cabeza; debidamente acompasados por algunas Cámaras Empresariales, están desde hace más de un año empeñados en sensibilizar a la sociedad y “convencer” al Congreso de la República, de las bondades que contiene la Ley de Promoción de Inversiones y Empleo, la cual –desde la perspectiva de sus intereses– brindará enormes beneficios al país y muy especialmente a los empresarios patrocinadores y similares, categoría que incluye: funcionarios de Estado.

Pretende la iniciativa de Ley: “promover el desarrollo de las zonas desfavorecidas del país”; eufemismo, que con excepción del departamento de Guatemala, al que se excluye taxativamente, la haría aplicable en todo el territorio nacional, pues no existe lugar alguno, en este país que no deba catalogarse como “desfavorecido”, exceptuando –por supuesto– los enclaves, donde habitan los beneficiarios de aquella norma; quienes para sorpresa de los incautos son viejos favorecidos de la Ley de Fomento y Desarrollo de la actividad Exportadora y la Maquila Decreto 29-89, en vigencia desde 1989 y que mediante “nuevas inversiones y generación de empleo, en zonas desfavorecidas” podrán acogerse a las mercedes de la nueva ley; es decir, gozan de exenciones impositivas desde hace 24 años y ya se preparan para otro período igual o mayor… hasta las Municipalidades, en donde se establezcan estas zonas de “desarrollo… podrán”, exonerar a los inversores de tasas municipales. Una verdadera ganga para la inversión. Una tragedia para el Estado y sectores populares.

El Decreto 29-89, que ahora se pretende maquilar –es decir, prorrogar corregido y aumentado– ha funcionado y funciona, como un mecanismo “legal” de elusión fiscal. Una verdadera estafa a la nación. Sin embargo, lo que realmente asombra y lo deja a uno perplejo es que sean los propios administradores del Estado los que conspiran contra este. Esto y no otra cosa es la actitud del Presidente y su equipo al promocionar esta “nueva” ley, para restar –conscientemente– ingresos al Estado. Precisamente ellos que en su corto período de gobierno, son responsables de acelerar la quiebra técnica de este. Vienen ahora en connivencia con capitales “buitre” a promover una ley de la cual lo único que obtendremos será un Estado desnutrido. Sin más capacidad que sostener un ejército que guarde: orden, disciplina y entierre excluidos.