TSE y CSJ niegan acceso a la prensa
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptaron decisiones que limitan el libre acceso de los periodistas a la información al negar actas sobre sesiones —la primera institución— y al impedir que los magistrados puedan ser entrevistados porque se veta el paso en donde están sus oficinas, en el caso de la segunda.
Los magistrados titulares del TSE, Rudy Pineda, Julio Solórzano, Jorge Mario Valenzuela, María Eugenia Mijangos y Mario Aguilar resolvieron el 17 de junio recién pasado, en el punto tercero del acta 21-2014, que no se pueden divulgar las actas de sus sesiones porque ambas son privadas.
La decisión fue adoptada por los magistrados para responder a una solicitud de información presentada por este medio el 29 de abril, en la que se pide copia simple de las actas del pleno desde el 20 de marzo. Luego de haber pedido una prórroga, el 25 de junio fue notificada la negativa, la cual catalogan de ilegal varios expertos.
Ley superior
El procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, quien también es garante del cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información, considera que al negar esos documentos los magistrados podrían incurrir en un delito, debido a que la Constitución establece que todos los actos de la administración son públicos.
“La Constitución, que es nuestra ley superior, establece claramente la publicidad de la administración pública. Si bien es cierto la Ley Electoral establece que las sesiones son privadas, no así las actas. Evidentemente al no querer dar esa información podrían incurrir en un ilícito porque la ley es clara”, señaló De León.
Agregó que según antecedentes, otras magistraturas han dado a los medios de comunicación las actas de sus sesiones.
De León señaló que, desafortunadamente, en términos “generales”, pareciera que a los funcionarios no les gusta dar la información. “Alcaldes, consejos de Desarrollo, entidades privadas y de deportes creen que la información es de su propiedad, y desde que juramos defender la Constitución nos estamos obligando a que somos sujetos de derechos y también de obligaciones, y en este caso, de rendir toda la información”, añadió el procurador.
“Los funcionarios públicos nos debemos a la población, que con sus impuestos paga nuestros salarios y tiene todo el derecho de saber cuánto ganan los asesores, cuánto valen los viajes, en qué invertimos el dinero. Veo con preocupación que todavía hay mucha renuencia a querer dar información, y eso va en contra de la transparencia, que es un principio fundamental”, indicó.
Contradicen norma
El abogado constitucionalista Gabriel Orellana señaló que la resolución de los magistrados es contradictoria al artículo 30 de la Carta Magna, en cuya norma fundamental se establece que “todos” los actos de la administración son públicos. “El TSE es parte de la administración; por lo tanto, sus informaciones deben ser públicas”, afirmó.
“Los interesados tienen derecho de solicitar en cualquier momento informes, salvo que se trate de asuntos militares y diplomáticos de seguridad nacional o datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencia”, expuso.
Según Orellana, “ninguna de estas tres excepciones se aplica en este caso, y adicionalmente, a estos señores se les ha olvidado que el artículo 204 constitucional dispone que la Carta Magna es ley suprema, y ninguna ley o tratado internacional puede contradecirla”.
“Ahí valió madre la Constitución, y es más, suponiendo que las sesiones son privadas, lo que está diciendo es que no están abiertas al público para que las presencie, como pueden ser las sesiones del concejo municipal, pero eso no quiere decir que sus actas no sean públicas”, comentó Orellana.
Decisión equivocada
El presidente de Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, opina que la del TSE es una decisión “equivocada” y “fuera de la ley, porque la Ley de Acceso a la Información es muy clara, ya que señala que las actas de ese tipo de cuerpos colegiados son públicas”.
“Yo considero que es por inexperiencia, porque son nuevos. Espero que sea así, pero en todo caso deben rectificar y entregar esa información antes de que se pueda presentar un recurso ante la Corte de Constitucionalidad, para que les ordene hacer cumplir, que de ninguna perspectiva se puede justificar como reservada”, aseguró Marroquín.
El experto afirmó que la decisión de los magistrados del TSE “no es por desconocimiento, ya que la Ley es muy clara, que ese tipo de actas no pueden ser privadas ni reservadas, son de acceso público. Ellos son funcionarios, y además las reuniones que tienen son en función de sus tareas, no como personas privadas”.
En silencio
A pesar de que los magistrados del TSE firmaron el acta, ahora no quieren pronunciarse y señalan que la responsabilidad recae en el presidente de ese organismo, Rudy Pineda, quien tiene la voz del pleno. Sin embargo, este no contestó decenas de llamadas a su celular.
El magistrado Julio Solórzano manifestó que no podría contestar sobre la negación de información y se limitó a decir que el vocero es el presidente del TSE.
“Acordamos que él —Pineda— iba a responder. No vamos a discutir, es una decisión del pleno. El único que puede contestar es el vocero del Tribunal que, es el presidente”, refirió Solórzano.
Según la magistrada María Eugenia Mijangos, el pleno acordó no entregar las actas porque en ese momento se consideró que son privadas, pero indicó que les iba a decir a sus colegas que reconsideren la decisión adoptada. “Yo, en particular, no escondo nada”, aseguró.
Corte bloquea
La Gerencia General de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) fue señalada por periodistas de distintos medios de limitar el acceso al edificio cuando desean consultar a los magistrados sobre diversos temas y con ello se violenta el artículo 35 de la Constitución, según el cual “es libre el acceso a las fuentes de información y ninguna autoridad podrá limitar este derecho”.
Al momento de entrar en el Palacio de Justicia, un oficial impide el ingreso y asegura que no se puede continuar. Cuando se logra sortear esa restricción, los comunicadores se encuentran con una secretaria, quien coordina con las secretarias de los magistrados para que los periodistas puedan hablar con ellos.
En ese edificio funcionan dos elevadores para trasladar a las personas a cualquiera de los tres pisos. En el segundo se encuentran las oficinas de los magistrados, adonde los periodistas tampoco pueden ingresar para entrevistarlos, ya que existe una barrera que impide el paso.
Estas medidas de coartar el acceso a las fuentes de información se adoptan a cuatro meses de que dejen sus cargos los 13 magistrados de la CSJ, el 13 de octubre próximo.
Los profesionales de la comunicación han tenido que esperar por varias horas para ingresar y entrevistar a los magistrados, lo cual, señalan, obstaculiza su labor informativa.
Postura no se limita
Hugo Guzmán, gerente general de la CSJ, indicó que los periodistas pueden ingresar en cualquier momento cuando tengan entrevista con alguno de los magistrados, y solo deben portar identificación. “La limitación es para personas ajenas a la Corte”, aseguró.
De acuerdo con Guzmán, esta restricción es para personas que quieren una entrevista con los magistrados, y que no limita o bloquea el trabajo de los periodistas.
“Es una decisión adoptada porque hay personas que con eso de la instalación de las comisiones de Postulación quieren lograr su apoyo, pero en ningún momento se quiere limitar el trabajo de los profesionales”, reiteró.
PDH
Corregir actuación
Según el procurador de los Derechos Humanos, Jorge de León, el “error no es fuente de derecho, es un principio que tenemos los abogados”. No se puede tomar como justificación por los magistrados no querer entregar la información. Añadió que el llamado sería para que en aras de los principios de publicidad y de transparencia, que figuran como bastión del estado de Derecho, se entreguen esas actas a quienes las solicitaron.
Constitucionalista
Violan la Carta Magna
Gabriel Orellana, abogado constitucionalista, considera que con esta resolución los magistrados del TSE violan la Constitución, la cual establece en el artículo 30 que los actos de la administración son públicos y que el TSE no se enmarca en asuntos militares o de seguridad nacional o de datos suministrados por particulares bajo garantía de confidencialidad. “Ellos deben entregar esa información y ya”, demandó.
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