Tráfico de influencias en licitación del sistema de control migratorioEl Ministerio de Gobernación aprobó la semana pasada la adjudicación de un contrato por el monto de Q878.97 millones (US$109.87 millones) entre la Dirección General de Migración (DGM) con la empresa Security Assistance Group, S. A. (SAG), para implementar un sistema de registro y control migratorio biométrico (capta y compara las huellas dactilares y las fotografías de rostro) de todas las personas que ingresen o salgan del país, ya sea por vía terrestre, aérea y marítima.
La aprobación se produce luego de que el ministro Mauricio López Bonilla resolvió prescindir de la primera licitación el pasado 18 de agosto. En esa ocasión, el funcionario improbó lo actuado por la Comisión Calificadora, que adjudicó el contrato por US$88.5 millones.
Por las dudas sobre la falta de transparencia, el proceso fue restringido a unas pocas empresas; el tráfico de influencias y lo oneroso de la negociación con SAG persisten, debido a que se tuvo conocimiento de varias reuniones entre ejecutivos de SAG y asesores de la DGM y el Mingob para resolver las “irregularidades administrativas” que López Bonilla señaló en dicha negociación y utilizó de sustento para revertir este negocio público.
GÉnesis del negocio
En julio de 2012, el presidente Otto Pérez Molina sostuvo una reunión con inversionistas extranjeros, entre quienes estaba Gustavo Brignone, representante de la compañía suiza SAG, según un informe del Ministerio de Relaciones Exteriores al que elPeriódico tuvo acceso.
El 30 de enero pasado, el mandatario firmó el Acuerdo Gubernativo 20-2014 el cual reformó el Reglamento de la Ley de Migración y adicionó un inciso (j) al Artículo 85, el cual estableció un cobro de US$15 aplicable a las personas nacionales y/o extranjeras que ingresen o egresen del territorio nacional por vía aérea; dicho valor se incorporaría al costo total del boleto aéreo. Este cargo sería adicional al Impuesto de Salida (US$30) y a la tasa de seguridad aeroportuaria (Q20) que ya se cobran a los viajeros internacionales.
Dicho acuerdo firmado por el Presidente, su secretario general Gustavo Martínez, y el ministro de Gobernación, López Bonilla, entró en vigor ocho días después de su publicación en el Diario de Centro América, creando el marco legal y la fuente de financiamiento para licitar el sistema de control migratorio que será pagado por los US$15 extras que cancelarán en sus respectivos boletos todos los ciudadanos y turistas que ingresen o salgan del país por la vía aérea.
La justificación del control migratorio es mejorar la seguridad nacional en las fronteras, mediante un sistema tecnológico moderno que permita verificar la autenticidad de los documentos de viaje, y detectar personas que puedan representar peligro para el Estado, como terroristas, narcotraficantes, lavadores de dinero, traficantes de personas, etcetéra, mediante el intercambio de información en tiempo real.
una licitación arreglada
Esta reunión con el mandatario no fue la única que sostuvieron los personeros de SAG con funcionarios guatemaltecos; una fuente cercana a la negociación confirmó que antes, durante y después de la licitación se llevaron a cabo otras reuniones para lograr forzar dicho contrato.
Previendo que el sistema de control migratorio sería licitado por el Gobierno, los empresarios suizos crearon la empresa Security Assistance Group Guatemala, S. A. (SAG) el 1 de febrero de 2013, con Gustavo Brignone (suizo-argentino) y María Bertha Gómez Morales (guatemalteca) como socios fundadores, y un capital pagado de Q5 mil, de los cuales Brignone aportó Q4 mil 500.
El 18 de marzo de 2013, Ana Noemí Santamaría, operadora de Brignone y SAG Guatemala, sostuvo comunicación con Vernon Ayala Ramos, asesor específico de Apoyo a la Gestión de Compras del Despacho Ministerial, y Ramón Tirso Morales, director de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Gobernación, a fin de preparar la documentación para participar en la licitación del sistema de control migratorio, de acuerdo con una fuente que solicitó el anonimato.
Una de las tareas claves acordadas durante la reunión fue que Morales elevaría el expediente del acuerdo gubernativo a la Presidencia, para dar inicio al proceso. Santamaría tuvo una reunión con un asesor de Migración para contarle lo que estaban haciendo.
Según una fuente cercana a la negociación, Ayala se comprometió con Santamaría a terminar la exposición de motivos y la propuesta del acuerdo gubernativo y Tirso lo tramitaría hasta la Presidencia, para lograr que este fuera firmado. Ayala también se encargaría de incorporar las recomendaciones de SAG dentro de los términos de referencia de la licitación, agregó la fuente.
En abril de 2013, la DGM ya contaba con los términos de referencia y especificaciones técnicas para contratar el servicio técnico especializado para la optimización del control migratorio.
El 30 de enero de 2014, el presidente Otto Pérez y el ministro de Gobernación López Bonilla publican el Acuerdo Gubernativo 20-2014, que define el cobro de los US$15 a cada persona que ingrese o salga del país por la vía aérea, para poder financiar el contrato.
El 13 de febrero, se lleva a cabo una reunión entre representantes de SAG, Gobernación y la DGM, para unificar el discurso para socializar el proyecto de control migratorio. Carlos Chavarría (de SAG), José Rodríguez, Carlos Pac y Vernon Ayala (estos últimos tres como asesores del Ministerio de Gobernación), quedan como responsables de unificar el discurso, y la Dirección General de Migración asume la responsabilidad de la socialización del proyecto; el interventor Manuel Vicente Roca y su vocero serían apoyados por las personas antes indicadas, agrega la fuente.
El 21 de marzo, la DGM emite la solicitud de compra para contratar el servicio especializado para la optimización del control migratorio, la cual es firmada por el interventor Roca y el subinterventor Byron Vinicio Melgar García.
En marzo, Migración y el Mingob concluyen con los términos de referencia para la licitación, los cuales establecen que por la naturaleza de los servicios requeridos será un concurso restringido y que solo podrán participar las empresas que hayan recibido la invitación directa de la DGM.
El 25 de marzo, el interventor Vicente Roca solicita emitir la disponibilidad presupuestaria con la que se hará efectivo el pago correspondiente al servicio contratado; la gerente administrativa y financiera Vilma Sinay le da su opinión favorable a fin de proceder a la convocatoria de licitación, según el dictamen número GAF-007-2014.
El 27 de marzo, Eduardo Arévalo Lone y Porfirio Hidalgo, asesor y jefe del Departamento Jurídico de la DGM, le dan el dictamen favorable a los términos de referencia del servicio, a solicitud del interventor Roca, según el dictamen número DGM-DJ-0042-2014.
El 24 de abril, Héctor López Morales, gerente de Informática de la DGM, le da dictamen técnico favorable a los términos de referencia y especificaciones técnicas, según dictamen GI-29-2014.
El 8 de mayo, López Bonilla y Manfredo Pacheco, ministro y segundo viceministro de Gobernación, respectivamente, aprueban los términos de referencia y contratación por excepción del sistema de control migratorio, según la Resolución número 000908.
El 4 de junio, la DGM publica el concurso 336092 en Guatecompras, el cual establece como fecha de presentación de ofertas el 23 de junio pasado. Sin embargo, solo dos empresas presentan ofertas: Security Assistance Group, S.A. y Screenchek Guatemala, S. A.
La Comisión Calificadora rechazó la oferta de Screenchek Guatemala por considerar que no cumplió a cabalidad con los documentos requeridos dentro de los términos de referencia de la licitación, y resolvió adjudicar el servicio de control migratorio a SAG por un monto de US$88.5 millones, según el acta de adjudicación número 01139 fechada el 17 de julio pasado.
“anomalías administrativas”
El 11 de agosto, Helder Gómez, asesor de Procesos de Contrataciones del Mingob, le presentó al viceministro Pacheco un informe en donde detalló siete deficiencias en lo aprobado por la Comisión Calificadora, entre estas, que la empresa SAG “no legalizó los documentos provenientes del extranjero que presentó para sustentar su oferta” técnica y económica, además de que el personal nombrado para la Comisión no eran expertos calificados en el tema.
Tampoco constaba en el expediente documento alguno que acredite la revisión de los aspectos técnicos de la oferta, por parte de un experto en control biométrico o un dictamen al respecto.
Debido a dichas anomalías, López Bonilla resolvió improbar lo actuado por la Comisión Calificadora, el 31 de julio, según la Resolución número 1391 del Ministerio de Gobernación.
La resolución anterior puso en alerta roja a Brignone, quien decidió activar de nuevo el petit comité que trabajó durante la licitación. El 14 de agosto, se realizó una nueva reunión en el despacho del viceministro Manfredo Pacheco, en la cual participaron Servio Iván, Vernon Ayala, Tirso Morales, un ejecutivo de apellido Díaz Durán y Carlos Chavarría (representante de SAG). El objetivo de dicha reunión era darle una salida técnica al entuerto provocado por la Comisión Calificadora y poder cumplir con lo ordenado por el presidente, señala la fuente.
Segunda oportunidad
La solución implementada fue que la DGM publicó un nuevo concurso por excepción el 4 de junio pasado, en el cual solo participarían cuatro empresas invitadas, como se estableció en las conversaciones previas. Entre estas empresas figuraban SAG y Screencheck.
Las otras dos empresas invitadas fueron Comunicaciones, Servicios y Sistemas, S. A., dedicada a temas de telecomunicaciones no relacionados con sistemas de control migratorio; y Servicomp de Guatemala, S.A., una compañía de soluciones empresariales en tecnología sin experiencia en temas migratorios, que se abstuvieron de ofertar.
La presentación de ofertas se programó para el 23 de junio, apenas 19 días después de que las empresas recibieron la invitación para participar de parte de la DGM.
En esta ocasión, SAG Guatemala presentó el respaldo de SAG Suiza y NEC de México, y el 8 de agosto pasado, la Comisión Calificadora resolvió adjudicar el sistema a SAG Guatemala, solo que el costo se incrementó de US$88.5 millones a US$109.87 millones.
El argumento fue que aumentó en un 75 por ciento la cantidad de estaciones de trabajo y que se actualizaron las proyecciones de la DGM para el flujo de personas que ingresen y salgan del país en los próximos seis años; el flujo terrestre aumentó de 14 a 24 millones, y el aéreo de 12 a 15 millones de pasajeros.
La argumentación del Mingob es que el Estado no pagará nada y el sistema será autofinanciable; si se registra un flujo de 6.5 millones de personas al año, el costo unitario promedio sería de US$2.77 por persona y el costo total sería de US$110 millones en seis años; por lo que quedaría un ahorro de US$12.33 de los US$15 que pagarían los pasajeros aéreos, que servirán para mejorar la infraestructura de la DGM e instalar dicho servicio en los puntos de control migratorio terrestres y marítimos donde no se cobrará la tarifa.
Se apruebA, no se aprueba
El 14 de octubre pasado, Prensa Libre publicó que la DGM adjudicó la compra onerosa del sistema de control migratorio a SAG, por un monto de Q878.9 millones y cuestionó que en Honduras se instaló un sistema similar por un costo de US$10.5 millones.
Ante dichos cuestionamientos, el presidente Otto Pérez salió un día después en defensa de la negociación con SAG y declaró a Prensa Libre que “la comparación que se hace con Honduras y Guatemala son diferentes”. “El sistema que estamos poniendo da la trazabilidad de los que ingresan al país”, explicó.
Pérez Molina agregó que el ministro López Bonilla se encargaría de despejar las dudas sobre dicha contratación, ya que los ciudadanos tienen derecho a saber cómo se invierten sus impuestos.
El 28 de octubre pasado, Pérez Molina destituyó a Vicente Roca como interventor de la DGM por denuncias de tráfico de influencias y malos manejos administrativos. Con el despido, el mandatario levantó la intervención de Migración, establecida en diciembre de 2001, y anunció que el Ministerio de Gobernación analizaría la creación de un Instituto de Migración.
Entrevistado el 13 de octubre, López Bonilla dijo que el proceso debió abrirse a una licitación internacional para que participaran más empresas. Además, indicó que revisaría la compra, pero se abstuvo de adelantar si aprobaría o no la adjudicación a SAG.
El 22 de octubre, López Bonilla volvió a improbar lo actuado por la Comisión Calificadora; en esta ocasión argumentó de que no revisó la experiencia del director del proyecto; sin embargo, la Comisión refutó este argumento informando que la empresa SAG propuso a César Ruiz Corona, quien demostró haber dirigido y participado en proyectos de soluciones de seguridad multibiométrico y similares, sustentando con ello la experiencia requerida para dirigir el proyecto, según el acta UC-028-2014 firmada el 29 de octubre.
La semana pasada, López Bonilla aprobó la negociación con SAG, confirmó su vocera Karla Herrera, pese a las sospechas de amaño en la licitación y de tráfico de influencias entre asesores de Gobernación, de Migración, la empresa SAG, bajo la intensa presión de la Presidencia.
Tráfico de influencias
El Artículo 449 del Código Penal define el delito de Tráfico de Influencias: “Comete delito de tráfico de influencias la persona que, por sí misma o por interpósita persona, o actuando como intermediaria, influya en un funcionario o empleado público, prevaliéndose para ello de su jerarquía, posición, amistad o cualquier otro vínculo personal, para obtener un beneficio indebido, para sí o para tercera persona, en un asunto que dicho funcionario o empleado público esté conociendo o deba resolver, haya o no detrimento del patrimonio del Estado o de un tercero. El responsable de este delito será sancionado con prisión de dos a seis años e inhabilitación especial. La misma pena tendrá la persona que, en forma directa o indirecta, solicite o acepte un beneficio, con el fin de utilizar su influencia real o supuesta en un funcionario o empleado público, para obtener un beneficio indebido para sí o para tercera persona. Si el funcionario o empleado público que esté conociendo, deba conocer o resolver el asunto, es un funcionario o empleado de la administración de justicia, se impondrá el doble de la pena”.
Sistema más barato en Honduras
El Gobierno hondureño inauguró el mes pasado un sistema de control migratorio similar al que Guatemala pretende instalar (sistema de reconocimiento facial y registro de huellas dactilares), el cual fue instalado en los cuatro aeropuertos principales; además, se instalará en 10 puntos terrestres, 11 puntos marítimos y nueve delegaciones de control interno. El proyecto en el vecino país costó US$10.5 millones que serán financiados por una parte de la tasa de seguridad aeroportuaria que ya pagan los viajeros (US$17). Dicho sistema fue revisado y acreditado por el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (Homeland Security), siendo semejante al que se utiliza en dicho país y permitirá compartir la información en tiempo real con la Interpol, la Policía hondureña, la base de datos de pasaportes robados, con 28 juzgados hondureños para conocer quiénes tienen impedimiento para entrar o salir del país, y también con los sistemas de los países de Centroamérica.
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