Escándalo de corrupción transnacional

En las anotaciones escritas a mano por el presidente de la empresa brasileña OAS, José Aldemário Pinheiro Filho, encontradas en una de sus oficinas, además de los nombres del presidente Otto Pérez y del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, se lee: “contingencia” seguido de la abreviatura “Congr” 40 x 105 y varias cifras, que, de acuerdo con el diario Valor Económico, la Policía Federal de Brasil lo ha interpretado como supuestos sobornos a congresistas guatemaltecos.

El documento requisado por el Servicio Público Federal de Brasil no detalla fechas exactas de los supuestos “sobornos” ni sobre qué temas pudieron haber recibido comisiones los diputados guatemaltecos. No obstante, en octubre de 2012 se autorizó a la constructora Norberto Odebrecht, S. A. ampliar a cuatro carriles de la ruta CA-2 Occidente (Cocales a Tecún Umán).

Odebrecht, aunque lo ha negado, tiene vínculos comerciales y son socios en varios proyectos con OAS, y le trabajan a Petrobras (Petróleos Brasileños), la que es investigada por casos de corrupción en Brasil.

En octubre de 2012, el pleno del Congreso, en sesión ordinaria número 24, 108 diputados aprobaron una moción privilegiada para que se conociera de urgencia nacional el proyecto que autorizaba dos contratos de préstamos, con el Banco Nacional de Desenvolvimiento Económico y Social (BNDES) y el BCIE por un importe total de US$399.4 millones.

El respectivo decreto legislativo fue aprobado por congresistas de las bancadas de Winaq, Todos, Creo, FRG, Gana, PAN, PP, Unionistas, Victoria, UNE, URNG, UCN, Viva e Independientes, con el voto favorable de entre 102 y 111 diputados de estas bancadas. Los representantes que votaron en contra fueron los que pertenecían a las bancadas de Encuentro por Guatemala y Lider. En el Decreto 29-2012, publicado en el Diario de Centro América el 8 de noviembre de 2012, se autoriza que el organismo ejecutor del financiamiento fuera el Micivi, a cargo del actual precandidato oficialista, Alejandro Sinibaldi, y que la encargada de la ejecución del proyecto fuera la Constructora Norberto Odebrecht, S. A. Según informaciones recabadas, el presunto dinero que fue entregado por la empresa, unos US$40 mil por diputado, no llegó a las manos de los congresistas involucrados, sino que fue recibido por la vicepresidenta Roxana Baldetti.

El Estado de Guatemala se adhirió a las Convenciones de Naciones Unidas e Interamericana contra la Corrupción, así como a la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Palermo), por lo que se espera que el Ministerio Público y la CICIG investiguen inmediatamente este vergonzoso asunto.