Las granadas del Ejército que armaron a los narcos

Fuentes militares señalan que las 1,449 granadas robadas en el polvorín del Comando Aéreo del Norte en Petén se vendieron a Los Zetas y carteles que operan en Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, a un precio de entre US$20 y US$30 la unidad.

El misterio que rodea el robo de 1,449 granadas de 40 milímetros en la Primera Brigada de Infantería del Comando Aéreo del Norte de las Fuerzas Armadas de Petén poco a poco empieza a develarse. Una denuncia presentada por el coronel Oved Milton Barrios Andrade ante la Fiscalía de Delitos de Narcoactividad, causa M0006-2013-289 del 28 de julio de 2014, revela detalles de la negligencia y pasividad de altos mandos del Ejército en dicho robo.

El 12 de marzo de 2013, el coronel Barrios Andrade supervisaba los destacamentos en el municipio de San José Petén, cuando una llamada telefónica del teniente coronel Cutzal Arriaga le alertó: “véngase que hay un gran camote, aquí le voy a comentar, con la novedad de que se han perdido 1,500 granadas”.

A su regreso al Comando Aéreo del Norte, en Santa Elena, Petén, el coronel Barrios interrogó a los encargados del polvorín. El mayor Javier Chanax Puac, guardalmacén de la Primera Brigada de Infantería y encargado de inventario del polvorín, le respondió que los almacenes no fueron violentados, ni el techo ni las chapas fueron forzados.

El coronel Barrios procedió a llamar a un auxiliar fiscal del Ministerio Público con el que trabajaba casos, quien le indicó que “con mucho gusto” le podía apoyar como testigo ocular, ya que hasta ese momento no existía ninguna denuncia del robo de la munición.

Dos días después, tres fiscales auxiliares acudieron al polvorín, al igual que el Inspector General del Ejército, los comandantes del Comando Aéreo del Norte y de la Primera Brigada de Infantería, y procedieron a abrir los candados, los mismos que estaban cuando se robaron las granadas, los cuales no mostraban ninguna señal de haber sido forzados.

El 16 de marzo, se realizaron cuatro allanamientos en las residencias de los especialistas que custodiaban el almacén, en Santa Ana, San Francisco, Santa Elena y San Benito, Peten, sin evidencias de las granadas 40 milímetros que requieren de un fusil M-79 para ser lanzadas. Posteriormente, el coronel Barrios entrevistó a todo el personal del almacén y cada uno dio su versión de quién manejaba las llaves de la vivienda donde se resguardaban. De lo anterior, se elaboró un informe que se envió al Estado Mayor de la Defensa con los testimonios de todas las personas involucradas en su custodia.

Advertencias y negligencias

El coronel Barrios llegó trasladado a la Primera Brigada de Infantería como oficial de inteligencia el 1 de mayo de 2012. Al recibir el cargo del anterior oficial este le comentó que los polvorines no se encontraban dentro de la Brigada debido a que años atrás ocurrió una explosión, por lo que se procedió a construir unos nuevos, pero que no los utilizaban en virtud de que no cumplían con las medidas de seguridad, el área donde estos se encontraban es una hondonada y cuando llovía se inundaban.

Barrios le preguntó entonces, ¿dónde guardaban los explosivos? La respuesta fue en dos lugares: uno en el Comando Aéreo del Norte y el otro en el Centro de Adiestramiento del Ejército, ubicado en Poptún. Al realizar una visita a los polvorines pudo establecer que no cumplían con las medidas de seguridad necesarias ya que no contaban con muro perimetral, únicamente eran resguardados con una tela metálica que ya estaba cortada.
El Coronel tomó nota de lo anterior para adjuntarlo al estudio de seguridad de las instalaciones y después de recibir el cargo elaboró un mensaje al Estado Mayor de la Defensa Nacional, para que el Cuerpo de Ingenieros enviará un equipo para elaborar un estudio para la construcción de un muro perimetral, solicitud de la cual nunca obtuvo respuesta durante el tiempo que estuvo de alta en el Comando Aéreo del Norte.

El estudio de seguridad del polvorín fue firmado por el coronel Barrios y el general Juventino Saavedra Carrascosa (retirado en enero de 2013), jefe de dicho comando.

Entre octubre y noviembre de 2012 ocurrió otro suceso que mermó la seguridad del arsenal. Una de las paredes del polvorín se despegó de las otras, surgió una abertura de aproximadamente diez centímetros en la parte baja y 20 centímetros en la parte de arriba. Esta inspección al polvorín fue realizada por el coronel Barrios, el general Saavedra, el segundo comandante Marco Vinicio Lima Conde, el tercer comandante Byron Gutiérrez Valdez, el coronel Ronald Tobías Ayala, y el guardalmacén mayor Chanax Puac.

Rumores de robo

Entre octubre de 2012 y febrero de 2013, el coronel Barrios empezó a recibir información de una fuente que se estaban ofreciendo 1,500 cartuchos de calibre ignorado. Al consultar por el calibre de la munición, el informante le ofreció que iba a averiguar.

Al trasladarle la información al general Saavedra, durante una reunión de comandantes, este cuestionó a Barrios de “que eso no era inteligencia” y le ordenó indagar más.

El Coronel volvió a consultar a su informante, quien le indicó que “eran unos cartuchos grandes” y que “los está ofreciendo gente de allí adentro de la Brigada”. Agregó que también estaban ofreciendo tres chalecos blindados y dos cascos israelíes, pero que estaba recibiendo amenazas de que si le seguía pasando información lo iban a eliminar.

Barrios trasladó la nueva información al general Saavedra, quien le respondió: “Esas son mentiras, averigüe más”. El informante se comunicó posteriormente con Barrios y le indicó de que habían llegado a amenazarlo y que le habían robado el arma de su equipo.

El coronel Barrios se reunió después de la formación de la tarde con el coronel Gutiérrez Valdez, tercer comandante, el coronel Arias Chinchilla, comandante del batallón, y el guardalmacén Chanax Puac, a quienes les traslado dicha información y les sugirió que como el rumor era ya muy fuerte que revisaran sus polvorines por recomendación.

El coronel Arias Chinchilla le respondió tajante que “en su batallón no se perdía nada”, afirmación que fue respaldada por el mayor Chanax Puac, quien agregó que él había revisado y todo estaba sin novedad. “Se da cuenta mano, aquí todo está bajo control”, le increpó el coronel Arias.

Toda esta información fue anotada por el coronel Barrios en una agenda personal, la cual misteriosamente se perdió en enero de 2013, dejando en su lugar otra agenda ya usada, la que tenía anotaciones en todas sus páginas. También se extravió su cámara digital.

En octubre de 2012, una inspección general al polvorín no detectó ningún faltante.

Segunda advertencia

El 3 de enero de 2013, el coronel Barrios volvió a dirigirle un informe al general Rudy Ortiz, inspector general del Ejército, recalcando la inseguridad del polvorín y le solicitó trasladar el mensaje al Estado Mayor de la Defensa, para que enviaran un equipo del Cuerpo de Ingenieros para construir un muro perimetral o bien uno de tela metálica.

A partir de esa fecha, al coronel Barrios se le empezó a exigir el cien por ciento de resultados, lo cual se le complicó ya que le retiraron el vehículo que tenía asignado.

En febrero de 2013, los comandantes de la Primera Brigada estuvieron concentrados debido al alto índice de criminalidad existente en Petén, se habían registrado varias incursiones y ataques entre narcotraficantes locales y comandos de Los Zetas. Un domingo de febrero, se encontraban los comandantes de la Primera Brigada en la piscina, cuando Barrios recibe una llamada del general Ortiz y le pregunta, “¿qué información tiene sobre unas granadas 40 milímetros?”. Barrios responde: “ninguna”. Ortiz le increpa: “¿las conoce?”, y posteriormente le comenta “que le habían llamado del Comando Aéreo del Norte, indicando que frente a la guardia se iban a negociar unas granadas” y le ordenó verificar la situación y que le informara posteriormente.

El coronel Barrios llamó al teniente coronel Cutzal Arriaga, quien estaba en la piscina, que se fuera a la guardia y que no dejara salir a ninguna persona sin ser registrada. También le solicitó al mayor Chanax Puac que revisara si estaba completa la munición.

Tras llegar al Comando Aéreo del Norte, el guardalmacén le indicó al coronel Barrios que no existía ningún faltante. Entre enero y febrero de 2013, el general Saavedra, quien ya estaba jubilado, llamó en tres ocasiones a la Base preguntando “¿cómo están los movimientos?”. El 12 de marzo estalla el escándalo del robo de las granadas en la Base, pero el caso no salió a la luz pública hasta el 23 de septiembre.

Granadas al servicio  de los narcos

Muchos de los detalles que constan en la denuncia presentada por el coronel Oved Barrios fueron confirmados por fuentes internas de alta dentro del Ejército.

Un oficial cercano a la investigación confirmó que en el primer trimestre de 2012, varios miembros del Ejercito denunciaron el robo, pero fueron sancionados administrativamente (se les suspendieron descansos, llamadas telefónicas, visitas y fueron trasladados a otros departamentos) por parte del alto mando, durante la gestión del general Ulises Anzueto.

“No es el único robo, de hecho hay cuatro denuncias por robo de fusiles, pistolas y lanzagranadas, que han ido a parar a manos de la delincuencia organizada”, relata la fuente.

Varias fuentes militares estiman que el número total de las granadas robadas podría ascender a unas 6 mil 500 no a 1,449 como se informó oficialmente. Cada batallón tiene asignadas unas 3 mil 600 granadas y en Petén funcionaban tres batallones.

Una fuente militar señala que tienen conocimiento que las granadas fueron trasladadas a México, Huehuetenango, Alta y Baja Verapaz, donde operan grupos de narcotraficantes. Lo anterior debido a las acciones tomadas por el Gobierno de Guatemala y las autoridades antinarcóticas de Estados Unidos, que han derivado en la captura y posterior extradición de varios capos, los carteles y zetas buscan tener mejor armamento. “No todas las granadas se fueron de Petén, también les llegaron al cartel de Los Huistas en Huehuetenango”, agrega el informante.

Se sabe que en la frontera las compran a US$20 cada granada, del otro lado, en México se venden a US$30 la unidad”, conoce la fuente.

A partir del robo en el Comando Aéreo del Norte en Petén, el Ejército se mantiene en alerta cada vez que se produce un ataque con granadas; sin embargo, las que han estallado recientemente en la capital son de fragmentación, no de 40 milímetros que requieren un fusil M-79 para ser lanzadas.

Se constató en el Ministerio Público que la investigación por el robo de las granadas se encuentra prácticamente paralizada y no hay acusación formal contra ningún involucrado.

OTROS ROBOS  DE ARMAS

>En Chiquimula fueron sustraídas 85 armas de las bodegas del Instituto Adolfo V. Hall.
>En la Dirección General de Armas y Municiones (Digecam) se detectó irregularidades en 9 mil armas, se presume que algunas podrían ser del Ejército, pero están a nombre de particulares. En la Guardia de Honor se reportó la sustracción de 7 mil cartuchos de fúsil.

Traslados  y amenazas

>Tras el robo, el personal involucrado en el caso fue sancionado, menos el general Rudy Ortiz, quien fue ascendido a viceministro.

El 2 de agosto de 2013, el coronel Barrios es trasladado a Sololá como comandante de la Reserva Militar; luego, el 1 de diciembre, es desplazado a la Reserva Militar de Zacapa.

Barrios se refugió en la colonia militar de Zacapa, a donde se llevó a su familia. Señala que no salía de franco ni a ningún lado, por temor a represalias por el estudio y los oficios realizados sobre el robo.

Pese a la seguridad de la colonia militar en Zacapa, el 13 de julio pasado, sujetos desconocidos ingresaron a su residencia y tocaron a la puerta. Cuatro días después, escuchó el sonido de un teléfono dentro de su residencia. El 24 de julio a las 23:00 horas, Barrios escuchó que se cayó una alarma artesanal que había elaborado para resguardar su vivienda.

Ante esto, presentó una denuncia en la Fiscalía de Zacapa, y responsabilizó a los generales Ortiz, Saavedra, Tobías, el coronel Gutiérrez y al mayor Chanax Puac de cualquier daño o atentado que puedan sufrir.