Transurbano en trapos de cucaracha

Una vez más el problema del Transurbano, negocio sucio-corrupto realizado por Sandra Torres y Álvaro Arzú, en el desgobierno de Alvaro Colom, vuelve a ser noticia.

Vecinos de las zonas 12 y 21 de la capital, se quedaron sin transporte para dirigirse a sus actividades diarias, debido a que los pilotos del Transurbano del eje sur suspendieron el servicio y guardaron los buses. Uno de los trabajadores de esa empresa indicó que tomaron esa decisión, porque no les han pagado.

El paro afecta a vecinos  de Loma Blanca, Nimajuyú, Guajitos, Justo Rufino Barrios, Venezuela,  Villa Hermosa y Ciudad Real, quienes arriesgan la vida abordando picops para poder llegar a su destino, y otros, pagan taxi, aunque este tipo de servicio es más costoso.

Desde el 25 de noviembre del 2015, el Transmetro, a cargo de la municipalidad capitalina, ya no aceptó la tarjeta prepago del Siga, con el argumento de que habían irregularidades en el funcionamiento.

Sin embargo, las irregularidades de ese transporte se dieron desde que el alcalde capitalino Álvaro Arzú, decidió hacer un negocio redondo y corrupto, con Sandra Torres.

La “camarilla gobernante” durante el régimen de Álvaro Colom-Sandra Torres (2008-12), y el alcalde capitalino, involucrados en el escándalo de la sobrevaloración de 450 buses del “Transurbano” adquiridos en Brasil, extremo que fue denunciado por la revista alemana Manager-Magazin, así: “La empresa Transurbano pagó por los buses brasileños alrededor de US$126 mil por los buses normales, y US$275 mil por los buses articulados (dos partes), un cuarto más que el precio de mercado.

Un precio tan alto que solo podía significar un soborno entre las dos partes”. En todo caso, los responsables en el extranjero por la presunta compra anómala ya fueron señalados y procesados, en tanto que en Guatemala, los entes de justicia se hacen de la vista gorda y de los oídos sordos, lo cual es condenable por el pueblo guatemalteco. Si las autoridades no actúan, esto también es corrupción e impunidad.

En todo caso, el negocio irregular del Transurbano se inició con el ilegal Acuerdo Gubernativo # 103-2009, emitido por Colom y sus ministros, por medio del cual se autorizó la entrega, en concepto de “aporte económico de inversión” de la suma de US$35 millones (cerca de Q280 millones), a la entidad privada Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU), que se documentó en un “convenio privado”, suscrito por el Ministro de Finanzas y la AEAU, sin dictamen previo de la Procuraduría General de la Nación ni de la Contraloría General de Cuentas (CGC), y sin la intervención de la Escribanía de Cámara y de Gobierno.

Debido a que el referido “aporte económico de inversión” no estaba presupuestado, en el Acuerdo Gubernativo: “Se autoriza al Ministerio de Finanzas Públicas para que con cargo al Presupuesto General de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2009 se otorguen desembolsos hasta por la cantidad de ochenta millones de quetzales exactos (Q80,000,000.00)”. 

En tal virtud, claramente se violó el Artículo 237, párrafo primero, de la Constitución que dispone que en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado, aprobado para cada ejercicio fiscal, se incluirá “el detalle de los gastos e inversiones por realizar”. Asimismo, en el Artículo 5 de dicho Acuerdo Gubernativo, el régimen de Colom pretendió sustraerse de su responsabilidad así: “Es responsabilidad de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos de la ciudad de Guatemala, la correcta utilización de los recursos, de conformidad con la normativa vigente en materia presupuestaria y de acceso a la información”.

Posteriormente, el régimen de Colom otorgó otros “aportes económicos temporales” a la AEAU, entre ellos, los formalizados mediante los Acuerdos Gubernativos # 281-2009 y # 176-2011, por las sumas de Q79.8 millones y Q43 millones, respectivamente. De cualquier manera, la CGC ha presentado denuncias ante el MP, debido a las irregularidades y anomalías en el manejo de los respectivos “aportes económicos” y de los multimillonarios subsidios al transporte urbano, y se sabe que el MP y la CICIG ya tienen fuertes indicios racionales de criminalidad en contra de los responsables, pero no accionan. ¿Por qué? ¿…?

El pasado 29 de agosto, se quejaron varios vecinos de las zonas 12 y 21 que el Transurbano les debita Q3 y Q5 por pasaje de su tarjeta prepago antes de las 6.30 horas y después de las 20 horas.

Los afectados exigen justicia: “No al silencio de las autoridades, no a la impunidad y a la corrupción”.