Abusos de Álvaro Arzú que goza de la impunidad comprada siguen cometiéndose en contra de la población

Roberto Sempé, de 76 años, podría perder su vivienda —herencia materna—, y no tener acceso a su pensión del Seguro Social debido a que la Municipalidad de Guatemala comenzó un juicio económico coactivo en su contra por el incumplimiento del pago del Impuesto Único Sobre Inmueble (IUSI), el cual aumentó a raíz de una revaluación unilateral hecha por la comuna.

El problema comenzó en el 2000, cuando la municipalidad, “de forma ilegal”, envió a un valuador externo para que estimara el valor de sus propiedades y recomendó un incremento del “tres mil por ciento”, revela Sempé.

Además, la municipalidad le envió las notificaciones a una casa desocupada, por lo que supo de la situación semanas después de lo ocurrido y al cuando presentó recursos de revisión y revocatoria, le fueron denegados bajo el argumento que se habían vencido los plazos.

Sempé asegura que el monto de lo cobrado por la comuna ronda los Q100 mil y se le negó la petición de pagar según el avalúo anterior.

Sempé afirma que presentó denuncias y recursos en el Ministerio Público, la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de Cuentas, la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Constitucionalidad y solicitó apoyo al presidente Jimmy Morales, al Congreso y al presidente del Colegio de Abogados, pero solo la PDH respondió.

“Esto me afecta emocional y económicamente. Hago un llamado a quienes son afectados por el cobro arbitrario de la municipalidad para que presenten sus denuncias”, señala Sempé, quien considera que hay muchas más personas en tal situación.

Rechazo a la forma

El constitucionalista Carlos Molina Mencos, quien ha ganado 23 casos —en diferentes instancias—, relacionados con el IUSI en contra de la Municipalidad de Guatemala, asegura que este tipo de casos ocurren en diversas comunas, pero que es la capitalina que más incurre en la reevaluación de inmuebles a través de un procedimiento que califica como “ajeno a la Ley”.

Mencos argumenta que la municipalidad está facultada para valuar la propiedad una vez que administre el impuesto, pero la de Guatemala constituyó un fideicomiso y con esto delegó a un tercero esa administración y por ello pierde esa facultad.

Además estima que se debe hacer un avalúo directo al inmueble, pero la comuna toma un fotografía aérea para “estimar” el valor.

El experto agrega que según la Ley, todo avalúo que incremente el valor del impuesto debe ser aprobado por el Concejo Municipal, pero la comuna emitió un acuerdo, que no fue publicado y con el que faculta al subdirector de catastro para aprobarlo.

Mario Fuentes, abogado, refuerza la explicación sobre errores cometidos en los avalúos, y afirma que por esto también ha ganado casos en la Corte Suprema de Justicia y Corte de Constitucionalidad contra la comuna capitalina.

Según Fuentes, la forma de valuar de la municipalidad no se ajusta a la Ley del IUSI, pues en lugar de efectuarse por cada propiedad se hace por zonas, y pese a que se considera “ilegal”, las autoridades de la comuna continúan con esta práctica.