Impunidad importada.

  El español Carlos Castresana pensó que al pueblo guatemalteco aún se le engañaba con espejitos.

Rodrigo Rosenberg Marzano fue un abogado guatemalteco. Su homicidio creó polémica al revelarse un vídeo póstumo acusando que en caso de ser asesinado, los responsables de su muerte serían Gustavo Alejos secretario privado de la Presidencia de Guatemala, Gregorio Valdés, Sandra Torres de Colom, la primera dama, y Álvaro Colom, Presidente de Guatemala. En enero de 2010, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala actuando por mandato de la Organización de las Naciones Unidas y dirigida por el fiscal español Carlos Castresana quien pirateo el guion de la telenovela: “Sin Senos no Hay Paraiso”, para encubrir a Sandra Torres y a Colom. Para hacer creer al pueblo que Rosenberg fue realmente quien planeó su propio asesinato, lo que no tomó en cuenta el corrupto de Castresana, es que a los guatemaltecos ya no nos engañan con espejitos, como pasó en el tiempo de la conquista. Carlos Castresana, jefe de la CICIG en ese momento, enfatizó que era únicamente una hipótesis provisional, mientras que los hermanos José y Francisco Valdés Paiz, familiares de la ex-esposa del abogado fallecido, fueron hallados culpables en grado de complicidad en un juicio realizado a puerta cerrada.

En julio de 2013, dos testigos claves involucrados en los tres asesinatos -de Marjorie y Khalil Musa y del mismo Rosenberg- Mario Luis Paz Mejía y Manuel Cardona Medina, confesaron que habían sido presionados por los investigadores del Ministerio Público de Guatemala y la Comisión contra la impunidad en Guatemala, la CICIG, a dar una versión falsa sobre el involucramiento de los hermanos Francisco y Estuardo Valdés Páiz, familiares de la ex-esposa de Rosenberg, y quienes habían sido acusados por colaborar sin saberlo con Rosenberg en la planificación de su propio asesinato. Paz, muy debilitado por el SIDA que padecía, indicó en 2013 que no conocía a los hermanos Valdés Páiz y que había intentado dar su declaración desde que la Corte de Constitucionalidad había ordenado que se escuchara su testimonio en julio del 2011, pero alegó que no lo había hecho porque «una serie de acciones legales interrumpieron el proceso».