Prevenir, proteger, investigar
Cuando se conoció, el mes pasado, un estudio de la ONU
que ubicó a Guatemala como uno de los cinco países más violentos del mundo
tomando datos del 2012, con una tasa de 39.9 muertes por cada cien mil
habitantes, el ministro de Gobernación refutó la información y aseguró que la
violencia se redujo en el 2013 a 34 muertes por cada cien mil habitantes.
Posteriormente, el Latin Business Chronicle reveló que Venezuela, Honduras y
Guatemala son los países más violentos de Latinoamérica, región en la que se
registra el 30% de asesinatos
ILEANA ALAMILLA
a escala mundial, pese a que solo cuenta con el 9% del
total de la población, mientras que la página Numbeo, que recopila datos de
usuarios de todo el mundo, sitúa en segundo lugar a Guatemala, con un 90.35% de
criminalidad, mientras que In Sight Crime dice que las organizaciones
criminales de Guatemala son las más poderosas y sofisticadas en la región.
Es aquí donde vivimos y donde los periodistas
ejercemos una de las profesiones más apasionantes y riesgosas. Ante los
peligros que implica estar en condiciones de inseguridad extrema, rodeados de
criminales y con otros actores que violentan derechos, es válido recordar que
la obligación de prevenir es del Estado a través de las instituciones
correspondientes.
Sin embargo, la debilidad institucional es patética y
la dimensión del crimen organizado y de la narcoactividad presentes en el país
es colosal, supera por mucho la capacidad de las autoridades que, en algunas
ocasiones, está coludida o cooptada por criminales, como han dado a conocer
reportes de medios de comunicación.
Resulta irónico y absurdo que desde entidades públicas
se cometan hechos que violan el derecho de libertad de expresión y libertad de
prensa, como ha ocurrido en este primer cuatrimestre del año en el ámbito
periodístico. Fueron las autoridades las más señaladas de agredir a los
miembros de la prensa, seguidos por pobladores y fuerzas de seguridad.
El Estado también tiene la obligación de proteger a
los periodistas, una demanda reiterada del gremio. Los asesinatos, los ataques
con armas de fuego, las amenazas de muerte, las intimidaciones, la censura y la
autocensura requieren de respuestas urgentes y eficaces.
El tema de la seguridad de los periodistas ha sido
abanderado por la Unesco. La adopción del Plan de Acción de Naciones Unidas y
la Seguridad de los Periodistas y la Cuestión de la Impunidad fue un mensaje
alentador que debe ser honrado.
El Plan establece que la obligación de prevenir no se
circunscribe a tomar medidas después de ocurridos los hechos, se necesitan
acciones que salgan al paso a la violencia que rodea el ejercicio periodístico.
Proteger significa entonces la adopción de medidas,
mecanismos, protocolos y acciones prontas y efectivas para evitar daños. Las
autoridades deben promover con ejemplos y acciones el respeto al derecho de
libertad de expresión y de prensa que es lo que ordena la Constitución.
La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de
la CIDH instó a los Estados a garantizar que las investigaciones de las muertes
y agresiones contra los periodistas sean imparciales y efectivas, y que se
garantice justicia en todos los casos. La obligación de investigar, juzgar y
sancionar penalmente implica que el Ministerio Público responda a sus
obligaciones de auxiliar de la administración pública y de los tribunales, para
lo cual debe fortalecer con recursos a la Unidad de Delitos contra
Periodistas.La impunidad es un aliciente para los violadores de la libertad de
prensa.
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