La DGAC arrenda área del aeropuerto a exadministrador de Gustavo Herrera

Ciro Enrique Ordóñez Levy, exrepresentante legal de Helechos del Monte y gerente de Arrinco, construye  nueva sala de espera del aeropuerto que arrendará 15 años.

La obra gris de la nueva sala de espera 13 Baktun ya está terminada, solo faltan los acabados finales y la instalación del techo.

Dos albañiles preparan la mezcla para pegar los últimos blocks de la Sala 13 Baktun, que será la nueva sala de espera y recepción de pasajeros del Aeropuerto Internacional La Aurora, que entrará en operación en mayo próximo. 

La obra figura en los planes de modernización de la terminal aérea, que maneja la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) desde hace más de diez años; sin embargo, la falta de fondos era un obstáculo para construirla hasta que Ciro Enrique Ordóñez Levy solicitó al actual gobierno arrendar un área de 2 mil 800 metros cuadrados contigua a La Aurora, para desarrollar el proyecto.

Ordóñez Levy, propietario de la empresa individual Acero+Concreto, se acercó en 2012 a la DGAC para iniciar las negociaciones con el interventor Armando Asturias; sin embargo, los cambios en la dirección de dicha entidad retrasaron el inicio del proyecto.

Fue hasta noviembre pasado que asumió Jair Samayoa como interventor de la DGAC, quien autorizó el arrendamiento. Ordónez Levy se comprometió a invertir Q22 millones en la obra y al final de los 15 años del contrato el inmueble pasará a ser propiedad de la DGAC.

Contrato por 15 años

De acuerdo con el contrato de arrendamiento suscrito entre la DGAC y  Ciro Ordóñez Levy, el 6 de enero pasado, se le entregó un área de 2 mil 800 metros cuadrados anexa a la terminal La Aurora, por un plazo de 15 años (vence el 31 de enero de 2029), para construir y operar la sala de espera de pasajeros. Pagará una renta de Q3.50 más IVA (Q3.92) por metro cuadrado, un total de Q10 mil 976 mensuales.

Plano. Así lucirá la nueva sala de espera de pasajeros del aeropuerto La Aurora cuando esté concluida en mayo próximo.

La nueva sala contará con 28 locales que serán arrendados por bancos, cafeterías y cadenas de comida rápida, quienes pagarán una reserva de US$70 mil (derecho de piso) , un aporte monetario o en especie para construir la sala, asi como una renta mensual en dólares por metro cuadrado.

Facilitan el proyecto

El proyecto de la Sala 13 Baktun contó con el apoyo de varias entidades del gobierno.

El jueves 18 de julio de 2013, Ingeniería OX y Acero+Concreto presentaron el Estudio de Impacto Ambiental al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que lo aprobó ocho días después como un Estudio de Actividad de Inversión Pública (EAI) Diseño Conceptual. El estudio lleva el logo del Gobierno y de la DGAC en su portada, y se presentó como un proyecto de cooperación entre Gobierno y sector privado.

Además, el Instituto de Antropología e Historia (IDAEH) del Ministerio de Cultura y Deportes le otorgó su aval de inmediato.

De acuerdo con Mario Tello, encargado de obra, los trabajos de construcción arrancaron el 13 de octubre de 2013, aún sin estar autorizado por la DGAC y haber suscrito el contrato de arrendamiento.

“Única empresa interesada”

Aunque el Artículo 12 del Reglamento Tarifario de los Servicios Aeroportuarios y de Arrendamiento en los Aeródromos del Estado (Acuerdo Gubernativo 939-2002) contempla que la DGAC puede invitar a varias personas o empresas de reconocido prestigio nacional y/o internacional para ser arrendatarias de estas áreas, Samayoa afirmó que Acero+Concreto fue la única empresa que lo solicitó y cumplió con todos los requisitos, por los que se le autorizó.

Acero+Concreto es una empresa de reciente creación; fue inscrita por  Ordóñez Levy en el Registro Mercantil, el 21 de marzo de 2013. Cuestionado sobre la falta de experiencia de la empresa, Samayoa argumentó que Ordóñez Levy presentó un proyecto que vieron bien y cumplió con todos los requisitos para poder arrendar el área.

 Samayoa defendió el proyecto, ya que permitirá brindar una mejor atención a las familias que acuden al aeropuerto a recibir a sus pasajeros, y mejorará la seguridad en los vuelos locales. “Esto no es una concesión, sino un arrendamiento de un área anexa al aeropuerto como cualquier hangar, y al final de los 15 años de contrato esta infraestructura pasará a ser de la DGAC”, agregó.

Sobre el bajo pago que efectuará la empresa Acero+Concreto a la DGAC (Q3.92 por metro cuadrado o Q10 mil 976 mensuales), Samayoa señaló que es similar a lo que pagan los hangares, pero agregó que evalúan actualizar el reglamento tarifario y podrían elevar el pago hasta Q100 por metro cuadrado cuando la sala entre en operación.

Relación con Herrera y arrinco

La trayectoría empresarial de Ordóñez Levy lo vincula con las empresas Helechos del Monte, S. A., propiedad de Gustavo Adolfo Herrera Castillo, señalado de ser el autor intelectual de la estafa de Q238 millones al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y con Arrinco, que fue propiedad de los hermanos Salán Sánchez, sindicados en dicha estafa.

En febrero de 2006, Ordóñez Levy fue nombrado Administrador Único y representante legal de Helechos del Monte, nombramiento que le fue renovado en  2009 por un plazo de tres años, según el Registro Mercantil. En 2009 fue reemplazado por Marco Danilo Rojas Morales, representante de Distribuidora de Quimícos Agrícolas, S. A. (Quimagro) que dirige Gustavo Adolfo Herrera Acevedo, hijo de Herrera Castillo.

Helechos del Monte, S. A. es una exportadora de hoja de cuero (leather leaf), fundada por Herrera en noviembre de 1996, de la cual fue presidente. 

Dentro del expediente del IGSS contra Gustavo Herrera y su red de colaboradores figura el nombre de Ciro Enrique Ordóñez Levy con varias demandas, el Ministerio Público le imputa los delitos de lavado de dinero, abuso de autoridad y el de incumplimiento de deberes. 

En mayo de 2012, Ordóñez Levy fue nombrado gerente general de la empresa constructora Arriola Ingenieros Contratistas, S. A. (Arrinco). 

Arrinco fue fundada en enero de 2000 por los ingenieros Mario Antonio Arriola Cuc y Walter Silvino Herrera Orozco; este último fue representante de Constructora Guzmán, S. A. y Proyectos de Obra Civil, S. A. (POC), ambas empresas fueron propiedad del coronel Jacobo Salán Sánchez y sus hermanos. 

Arrinco estuvo involucrada en la estafa del IGSS, ya que recibió Q11 millones para urbanizar una de las fincas adquiridas, pero nunca realizó los trabajos, por ello a su representante, Walter Silvino Herrera Orozco, le fue girada orden de captura. Arrinco está inhabilitada para participar en obras públicas en Guatecompras, desde agosto de 2009, debido a un adeudo tributario.

Jacobo Salán, exjefe de seguridad del presidente Alfonso Portillo, fue capturado en 2010 por el desvío de Q120 millones del Ministerio de la Defensa.

“No lo conozco”

Consultado sobre sus vínculos con Gustavo Herrera, Ordóñez Levy aseguró que no lo conoce. 

“Mi relación con Helechos del Monte fue porque era vecina a una finca que tenía en Cobán y compré una participación en esa empresa, pero la vendí hace años. Nunca conocí a ese señor (Herrera)”, afirmó Ordóñez Levy. 

Sobre su mandato en Arrinco, señaló que fue contratado por un ingeniero para tratar de levantar dicha empresa y que ignoraba su historial. “Yo he sido consultor de varias empresas, pero ese es un asunto personal, lo que puedo decir es que Acero+Concreto es mi empresa y no tengo ningún socio”, señaló.

Cuestionado del porqué no investigaron estas relaciones empresariales de Ordóñez Levy antes de otorgarle el arrendamiento del área, Samayoa afirmó que ellos no son ente investigador. 

¿la Contraloría investiga?

Al conocerce que la DGAC arrendó el área del aeropuerto a Acero+Concreto, la Contraloría General de Cuentas anunció en febrero pasado que realizaría una auditoría. elPeriódico intentó entrevistar a  la contralora Nora  Segura, para conocer los avances de dicha investigación, pero no atendió la solicitud.

Ordóñez Levy -camisa blanca- muestra la obra al presidente Otto Pérez, Alejandro Sinibaldi y Mauricio López, en febrero.

El cerebro de la estafa del IGSS

1999.  En una vieja casona en Cobán, Alta Verapaz, Gustavo Adolfo Herrera Castillo invita a comer a Alfonso Portillo, Francisco Reyes, Zury Ríos, Carlos Wohlers, y otras figuras del  Frente Republicano Guatemalteco (FRG), para ofrecerles su apoyo en la campaña electoral que recién iniciaba. 

Gustavo Adolfo Herrera Castillo.

Agradecido por el apoyo brindado, en 2002,  Portillo nombra al diputado Wohlers como presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) y a su recomendado, César Sandoval, un abogado que había estado preso por vender visas falsas de Estados Unidos, como gerente.

Herrera le planteó  a  Wohlers un ambicioso proyecto para construir complejos habitacionales para los trabajadores afiliados al IGSS, un negocio que les permitiría recuperar con creces el financiamiento.

Bajo la dirección de Wohlers y Sandoval, el IGSS aportó Q350 millones a un fideicomiso de vivienda  administrado por  el Grupo Uniserv, dirigido por Marco Antonio Mendoza Gramajo, un empleado de las agroquímicas de Herrera.

En mayo de 2003, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) denunció una estafa de más de Q238 millones en la compra de cinco fincas sobrevaloradas a las off shoreEscabel Management Group, Helensburg Inc., Gateville Holding Corp. y Galente Traving Limited, vinculadas a Herrera.

Según las investigaciones realizadas por los fiscales, las fincas no valían más de Q40 millones.

El Ministerio Público inició una persecución en contra de Herrera para intentar recuperar los Q238 millones invertidos por el IGSS. Herrera negoció con el Seguro Social poner fin a  la persecución penal en su contra, mediante la devolución del dinero, sin embargo, a la fecha aún estaban pendientes de recuperar unos Q121.5 millones.

Vínculos con el narco

Siglo 21 revela relación entre los Herrera.

En abril de 2004, Otto Pérez, entonces comisionado presidencial de Seguridad, denunció públicamente que Gustavo Herrera tenía vínculos con el narco. “(Herrera) tiene relación y está dedicado al narcotráfico”, posee transporte terrestre, marítimo y aéreo para transportar la droga, afirmó Pérez Molina.

Según el diario Siglo Veintiuno, un helicóptero de su propiedad fue identificado por la agencia antidrogas de EE. UU. (DEA) como transporte de droga, en sociedad con Otto Herrera.

De perseguido a operador político

Herrera se ha mantenido vigente, pese a la persecución legal en su contra. Fuentes cercanas a la actual administración dicen que Herrera se acercó al gobierno de Otto Pérez para ofrecer sus servicios como operador, aprovechando su experiencia para corromper jueces, magistrados y fiscales, construyendo en diez años una poderosa red de impunidad y tráfico de influencias.

Fuentes cercanas al Gobierno afirman que Herrera es el principal operador del presidente Otto Pérez y la vicepresidenta Roxana Baldetti, para influir en las Comisiones de Postulación, para nombrar gente de su confianza –Ministerio Público (MP), Corte Suprema de Justicia (CSJ), etcétera.

 Entre los abogados que han participado en la defensa de Herrera y su red figuran: William Méndez, candidato a Fiscal General; Héctor Trujillo, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, quien renunció y delegó a su socia Ana del Carmen Castellanos Góngora; Telésforo Guerra; y Edwin Mis Ávila, quien fue abogado de Roxana Baldetti en la demanda contra Sandra Torres en 2012.