Asesinato de Lima Oliva ¿“un crimen de Estado”?
Para el abogado Moisés Galindo, defensor de Byron Lima, esta no fue una muerte producida por el privado de libertad conocido como “el Taquero” sino una muerte preparada por jueces y fiscales para un preso político.
“Hace 25 días tuve la oportunidad de visitar al capitán y lo vi emocionado porque personas del FBI lo visitaron; ellos en su momento indicaron que Byron no estuvo presente en el crimen (de Gerardi), pues no se encontró evidencia alguna, por lo que sugirieron reabrir su caso”, afirmó.
También dijo que “fueron 18 años de injusticia que demuestran que el sistema está fallido y el Estado tiene que responder por esto; tarde o temprano todo saldrá a luz, pues a Lima le pusieron trabas para salir, él hubiera estado fuera desde hace 5 años pero no querían que eso se diera”
El hermano de Byron Lima, Luis Alberto Lima Oliva, indicó “ Se nos informó desde fuentes del ejecutivo que estaba gestándose un plan para eliminar a Byron para llevar a cabo una reforma del sistema penitenciario.”
“ Tengo dos testigos que estuvieron en esa reunión en la cual hay ciertas entidades del gobierno y entes ajenos al Estado de Guatemala, que estaban planificando esta reforma penitenciaria. ”
El hermano del fallecido exmilitar dice que hará pública la evidencia con la que cuenta que prueba que la muerte de su hermano fue una ejecución ordenada por el Estado de Guatemala.
Las debilidades y la corrupción imperantes desde hace décadas en el sistema penitenciario se evidenció de nuevo cuando se registró un ataque con granada y armas semiautomáticas en contra del reo Byron Lima Oliva, y acompañantes, en el interior de la cárcel de “Máxima Seguridad” ¿...?
Lima Oliva se encontraba cumpliendo una condena de 20 años acusado de la muerte de Monseñor Juan Gerardí. Lima fue detenido en las cercanías del lugar. Según versión de varios ciudadanos, supuestamente el padre Orantes tenía una relación con un hijo de Alvaro Arzú, entonces presidente, quienes al ser descubiertos por Gerardí, lo asesinaron a golpes.
Orantes en sus declaraciones dijo en esa oportunidad que él al ver el cadáver no reconoció que se trataba de Monseñor, que lo cubrió con una sábana y lavó el lugar, donde se perdieron evidencias.
El sacerdote tenía en su habitación 83 videos con películas de sexo, violencia e infantiles, entre otras. Los 83 videos fueron hallados durante un allanamiento oficial el 7 de septiembre de 1998. Además, fotografías de su mascota, un perro de nombre Balú.
Según declararon algunos internos, el ataque fue planificado y sorpresivo en contra de Lima Oliva, quien se encontraba en el área de visitas atendiendo a un supuesto periodísta y a Johana Elizabeth Birriel, de 24 años, de nacionalidad argentina, empleada del área de reinserción.
Los asesinos primero lanzaron una granada de alto poder al área de visitas donde se encontraba Lima con sus acompañantes y luego fueron atacados a balazos con armas de diferentes calibres. Fue rematado de dos balazos en la cabeza. Otras 12 personas más murieron en esa masacre. Resultaron heridas otras 13 personas, pero solo habían sido identificados Alba de Barrios, César Augusto Esquivel, Julio César Aguirre, Juan Ramiro Cac y Jesús Arias Morales.
Un reo apodado “El Caballito”, salió a hablar a los jefes policiacos en la entrada de la cárcel y a los periodistas, e indicó “que los responsables del estallido de la granada fueron allegados a Marvin Montiel, alias “el Taquero” (condenado por la muerte de 15 nicaragüenses y un holandés), pues tenía problemas con Lima, debido a que el Taquero se dedicaba a la venta de drogas en el interior y Lima no permitía la distribución de drogas allí.
Tras el enfrentamiento, varios privados de libertad evacuaron a las víctimas con heridas de esquirlas y de bala. Esto, debido a que varias unidades de la Policía Nacional Civil ingresaron al complejo carcelario, pero no entraron a los sectores, para resguardar la vida de unas 125 personas, entre ellos niños y mujeres, quienes se encontraban de visita cuando ocurrieron los incidentes.
Fue hasta a las tres de la tarde cuando unos 500 agentes encabezados por el Grupo de Acción Rápida (GAR), portando escudos blindados, iniciaron la búsqueda de víctimas y encontraron ocho cadáveres. Varios decapitados, tres baleados y un quemado. Se podría entender que dieron tiempo suficiente para que los internos ejecutaran el plan: matar a Lima.
Entre los fallecidos están Lima, Gerónimo Juárez, Víctor Manuel Cruz y otros tres conocidos con los apodos “el Kaibil”, “Lico” y “Chichimeco”.
En horas de la tarde, el ministerio de Gobernación, Francisco Rivas, en conferencia de prensa dio a conocer los datos preliminares de la masacre. Sin embargo, Rivas se dedicó a evadir respuestas a las preguntas de los medios de comunicación. Por ejemplo, sobre la forma como ingresaron las granadas y las armas de fuego al centro de detención.
La analista Corine Dedick, del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (CIEN), opinó que Guatemala tiene un sistema penitenciario sin capacidad y es importante analizar la situación, ya que las autoridades tienen que investigar cómo ingresaron armas de alto poder al centro carcelario.
“Queda claro que no existe un plan de emergencias para poder controlar este tipo de situaciones, pues los guardias entraron hasta horas después de que iniciaron los problemas en el interior”.
Carmen Aída Ibarra, del grupo Pro Justicia se refirió al sistema penitenciario como un instrumento del crimen organizado, puesto que si se fraguó un plan para matar a Lima Oliva, que supuestamente era el privado de libertad más poderoso de las cárceles, lo que indica que hay algo mas fuerte detrás y que no se ha controlado la institución.
“Para el Movimiento Pro Justicia no se habla de un privado de libertad, sino de un guatemalteco al que debieron garantizarle la seguridad; esto demuestra lo mal que está el sistema penitenciario, por lo que se deben buscar solucionar para evitar que se sigan dando este tipo de deficiencias que cobran vidas humanas”.
